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Publicado el lunes 17 de mayo de 2010
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TENDENCIAS

Dudas y sinrazones sobre la economía española

Banco de españaTendencias.– El clima de desconfianza generado por la crisis griega se ha extendido, con distinta intensidad, a los países de la Eurozona que muestran desequilibrios macroeconómicos importantes y cuentan con menor tradición de estabilidad financiera. Los mercados e inversores internacionales cuestionan el potencial de crecimiento de estas economías, y la capacidad o determinación de sus gobiernos para aplicar reformas, que permitan mejorar tales expectativas de crecimiento y reafirmar la solvencia del sector público. En el caso de España, el impacto sobre la prima de riesgo de la deuda pública o los mercados bursátiles ha sido importante, aunque esté lejos del sufrido por otros países periféricos. Una parte de los inversores parece sostener que:

  • Nuestra capacidad de crecimiento es muy limitada porque consideran que la competitividad internacional se ha deteriorado, la deuda del sector privado es alta y limita la expansión de la demanda interna, el ajuste del sector inmobiliario está aún en curso y las consecuencias de la crisis inmobiliaria sobre el sistema financiero están aún por ver.
  • Existe una cierta resistencia a adoptar reformas estructurales, que en algunos casos pueden ser impopulares, en áreas como el mercado laboral, las finanzas públicas o el sistema financiero.

El mecanismo de rescate aprobado por la UE y respaldado por el FMI y las nuevas medidas de expansión cuantitativa del BCE (que incluyen la comprar de activos a vencimiento), han logrado en una primera instancia frenar los movimientos de mercado inducidos por el contagio y el pánico, y constituye, sin duda, una noticia muy positiva. Sin embargo, no sustituye a los ajustes, que han de acometer las economías europeas para reforzar su potencial de crecimiento y su solvencia.

Competitividad internacional: mantenemos la cuota de exportación La idea de que España ha perdido competitividad descansa en dos argumentos cuales son que los costes laborales unitarios han aumentado en España doce puntos más que en la media de la Eurozona desde 1999, y que el déficit por cuenta corriente alcanzó en 2008 el 10% del PIB. Existen, sin embargo, argumentos sólidos que respaldan la competitividad internacional de España:

  • Cuotas de exportación: la práctica totalidad de las economías occidentales ha perdido cuota de mercado ante la irrupción de China en los mercados internacionales. Hay dos excepciones, Alemania, que ha ganado cuota, y España, que la ha mantenido.
  • Los costes laborales unitarios en el sector de bienes comercializables han crecido al mismo ritmo que los de la media de la Eurozona desde 1999.
  • El déficit corriente aumentó debido al impacto de demanda generado por la entrada en el euro, la consiguiente caída de los tipos de interés y el aumento del precio de los activos. Estas circunstancias permitían un mayor endeudamiento y por tanto un impulso adicional al gasto que dio lugar de forma inevitable a ese aumento transitorio del déficit corriente; pero el déficit se ha reducido ya a la mitad.

Además, el déficit no fue fruto de una caída del ahorro nacional, que siempre se mantuvo en niveles elevados (en torno a 20% del PIB), ni sólo del alza de la inversión residencial. La inversión en bienes de equipo se mantuvo en niveles relativamente elevados, incrementando la dotación de capital de la economía y su potencial de crecimiento.

Endeudamiento del sector privado: niveles de ahorro desconocidos

La capacidad de crecimiento también se cuestiona, a juicio de los críticos, por el alto endeudamiento de las empresas no financieras y de las familias. Esa deuda limitaría el crecimiento del consumo y la inversión en equipo.

Sin embargo, el sector privado ha acometido un intenso proceso de ajuste desde 2007 que permite afrontar el futuro desde una posición más confortable.

Las familias han recortado sus gastos mucho más que sus ingresos,para recomponer su ahorro del 11% al 19% de su renta disponible y así amortizar deuda. Alcanzada una tasa de ahorro de ese orden, el gasto puede aumentar sin comprometer el inevitable proceso de desapalancamiento que de hecho ya ha comenzado.

Las empresas no financieras han realizado un ajuste semejante -vía recorte de gastos e inversión- que les permite tener una situación mucho más cómoda (su necesidad de financiación ha caído del 10,5% del PIB al 2,2%). La situación de endeudamiento es además muy heterogénea y, de hecho, en los sectores distintos de la promoción inmobiliaria y construcción,precisamente los que ahora han de crecer, la situación es mucho más cómoda.

Sector inmobiliario: vamos por la mitad del ajuste

La visión pesimista afirma que el ajuste inmobiliario está aún porllegar basando sus argumentos en el hecho de que el stock de vivienda nueva en venta (estimado en unas 700 mil por el Ministerio de la Vivienda),al que hay que sumar la oferta de segunda mano, no comenzará a corregirse hasta finales de este año y que los precios de la vivienda crecieron un 121% en términos reales en la fase de expansión y desde sumáximo sólo han caído un 13%.

Frente a estas tesis la realidad indica también que el ajuste no ha concluido pero, en algunos aspectos se encuentra muy avanzado: Las viviendas iniciadas han caído un 85% desde su máximo en 2006 y se han situado en niveles en torno a las 100.000 viviendas anuales, algo no observado desde principios de los años 60, niveles muy inferiores a lo que se podría estimar como "demanda sociodemográfica". A partir de los primeros meses de 2011 se producirá una considerable absorción del stock de viviendas no endidas.

La accesibilidad ha mejorado de manera notable desde 2008. El esfuerzo de una familia para afrontar la compra de una vivienda nueva ha caído del 42% de la renta al 27%.

La sobrevaloración de la vivienda al inicio de la crisis se estimaba en el 20-30%. La mayor parte del crecimiento de los precios registrado en los años de expansión se explica por la caída estructural de los tipos de interés y, por tanto, es de carácter permanente. Así, ya se habría producido prácticamente la mitad del ajuste.La aportación negativa al crecimiento económico de la inversión en vivienda, según previsiones realistas, va a ir reduciéndose pasando del -1,6% en 2009 al -1% en 2010 y continuará disminuyendo para dejar de restar en 2012.

Sistema financiero: no hay que dramatizar Desde distintos ámbitos se considera que la exposición de las instituciones financieras al sector inmobiliario puede incidir sobre su solvencia y, por consiguiente, sobre la disponibilidad de crédito y las finanzas públicas.

Sin embargo, la solvencia y rentabilidad mostrada por el sistema en estos dos años y los estudios del Banco de España y el FMI, acotan el problema. La tasa de mora alcanzará su máximo durante este año, en torno al 6,5%. Si a la morosidad se le suman los fallidos, las adquisiciones de activos y las ejecuciones, el nivel de impago podría alcanzar el 13% de la cartera de préstamos.

El respecto, el Banco de España estima que el sistema bancario puede afrontar caídas en el valor de las garantías de su cartera de préstamos a promotores inmobiliarios superiores al 50% (algo improbable y sin precedentes) gracias al adelanto de provisiones sobre activos adquiridos, al colchón de la provisión genérica y a la generación recurrente de resultados.

Los análisis realizados por el FMI teniendo en cuenta la importante heterogeneidad entre entidades, concluyen que para mantener la elevada solvencia actual, el sistema financiero se enfrenta a necesidades de capital de entre 5 y 17.000 millones de euros en el escenario más adverso.

Las imprescindibles reformas estructurales

En síntesis, la digestión de la crisis económica y financiera va a seguir pesando sobre la economía española a corto plazo. Sin embargo, el proceso de ajuste ya ha avanzado de forma notable, de modo que una política económica decidida permitiría recuperar tasas de crecimiento satisfactorias en un plazo temporal no muy dilatado.

El déficit público se situó en el 11,2% del PIB en 2009, contribuyendo a ampliar la prima de riesgo exigida a la deuda pública española.

El déficit no retomará una senda sostenible sólo con una revitalización de la actividad o la retirada de los impulsos aplicados para afrontar la recesión. En su mayor parte el desequilibrio es estructural y por tanto requiere de medidas activas de recorte de gastos y /o aumentos de impuestos.

Las medidas propuestas por el Gobierno de aumento de impuestos y de recorte del gasto público por 50.000 millones de euros (5% del PIB), incluidas en el Programa de Estabilidad, reforzadas por los compromisos adicionales adquiridos por el gobierno en el marco del mecanismo de rescate europeo (en 2011 el déficit caería al 6% del PIB, frente al compromiso inicial del 7,5% del PIB) apuntan bien.

Por su parte, la reforma de las pensiones también camina en la dirección adecuada. Los informes de la Comisión Europea muestran que si no se producen reajustes, el sistema generará un déficit importante en próximas décadas (5,7% del PIB) y eso pesa hoy sobre la confianza en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Actuar hoy tendría consecuencias positivas sobre las primas de riesgo y el coste de financiación del sector público y también del privado, impulsando así la demanda y la confianza de los inversores.

El precio de no llevar a cabo un proceso creíble de reducción del déficit público sería elevado. Pesaría sobre el coste del crédito para el conjunto de la economía española y la disponibilidad de fondos para el sector privado.

La evolución que ha mostrado el mercado laboral en los dos últimos años muestra claramente que algo no funciona. La tasa de paro ha pasado del 8% del segundo trimestre de 2007 hasta el 20% del primer trimestre de este año, un resultado dramático que, además, apenas ha provocado una moderación salarial. En otras economías el ajuste ha venido en buena medida a través de la reducción de las horas trabajadas y de los salarios, alternativas que generan menos desconfianza en el conjunto de la economía.

Parece claro, por tanto, que reformar el ámbito de la negociación colectiva dotándola de más flexibilidad, en especial para empresas en dificultades, como discuten en estos momentos sindicatos y empresarios, es esencial para favorecer el crecimiento del empleo, la confianza y la actividad; algo que ayudará, además, a resolver otros problemas, entre ellos los del sistema financiero y las finanzas públicas.

El sistema financiero necesita, igualmente, de una reestructuración (en particular una parte significativa de las cajas de ahorro). En las condiciones actuales se considera que el sector está sobredimensionado en torno a un 25%. Una parte del mismo difícilmente podría mantener una rentabilidad adecuada en un escenario muy distinto del que teníamos hasta 2007, debido a la presión sobre los márgenes, al aumento de la morosidad, al agotamiento de los colchones de provisiones y al estancamiento, cuando no disminución, del tamaño de los balances.

España cuenta con un plan desde hace meses, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que representa una herramienta suficientemente dotada para llevar a cabo la reordenación del sistema y todo depende de la voluntad política, cuestión sobre la que hay acuerdo. La fecha límite de aplicación, impuesta por la Comisión Europea, es el 30 de junio.

Todo ello, requiere que se acelere el proceso de consolidación del sector que, por ahora, ha sido muy tímido (con tres fusiones y una adquisición que han implicado a ocho cajas de ahorros). Sin embargo, de las 45 cajas de ahorros se encuentran inmersas en planes de reestructuración que deberían de concretarse en las próximas semanas.

Es importante recalcar que incluso en los escenarios más pesimistas, la dotación de 99.000 millones de euros (10% del PIB) del FROB es más que suficiente para mantener el nivel de solvencia actual (un core capital del 8,1%).

Por otro lado, se están discutiendo también la reforma necesaria para que las cuotas participativas puedan reunir las características precisas para convertirse en capital de primera calidad y facilitar que las cajas puedan satisfacer sin problemas las nuevas demandas regulatorias.

Imprescindible: decisión y rapidez

Las recesiones agudas, cuando vienen acompañadas de crisis financieras e inmobiliarias, suelen provocar caídas permanentes en el nivel y en el crecimiento del PIB potencial. Ese riesgo puede reducirse cuando el sector privado se ajusta con decisión, la política económica reacciona con rapidez y determinación, y se aplican las reformas estructurales pertinentes.

Tales condiciones se van perfilando. El ajuste del sector privado ha avanzado en estos dos años de manera importante y las autoridades han adoptado ya medidas y cuentan con un plan de acción que responde a las necesidades de la situación.

Cabe esperar que las medidas adoptadas y las ya anunciadas, a medida que también se apliquen, mejorarán la confianza de los agentes. A corto plazo, el impacto del ajuste pesará sobre el PIB (que caerá al menos medio punto en 2010 y difícilmente superará el 1% en 2011), pero las expectativas a medio plazo mejorarán de manera sustancial, si se refuerzan las medidas de consolidación presupuestaria y se emprenden acciones como las indicadas que ayuden a mejorar el potencial de crecimiento.

Tendencias es una publicación on line de análisis socioeconómico de periodicidad semanal y de carácter restringido que edita Carlos Díaz Güell.