Renegociados más de 4.600 millones hasta 2016 sin que los acreedores entren en elcapital

La refinanciación de Reyal Urbis inaugura un nuevo modelo de salvamento de inmobiliarias

Los bancos alargan el plazo de los créditos y compran activos de forma selectiva sin cambiar acciones por deuda 

Marcos Celada.– Si nada se complica a última hora, Reyal Urbis, la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría, firmará este jueves el acuerdo de refinanciación de su deuda con el sindicato bancario. Reyal, que es de facto la tercera inmobiliaria española, casi nunca tuvo opciones de terminar en manos de los bancos acreedores, fundamentalmente porque el sindicato, formado por varias decenas de entidades, es muy complicado de manejar. Quizás por ello ha servido finalmente para que bancos y cajas ensayen con su caso una nueva estrategia para empresas del sector en dificultades. Para este año 2010 y probablemente para parte de 2011 al menos, los problemas con las grandes inmobiliarias habrán quedado aparcados y dejarán paso a una refinanciación importante de deudas de medianas y pequeñas. Al mismo tiempo, las nuevas normas contables de Basilea III apuntan a la necesidad de que las entidades de crédito dispongan de liquidez adicional y a una penalización, vía necesidades de capital, de las participaciones en empresas.

Estas dificultades reales y contables han llevado a bancos y cajas a ensayar un modelo (el elegido para Reyal Urbis) basado en tres pilares fundamentales: alargar los plazos de vencimiento de los préstamos, incluso el del pago de intereses, para evitar la quiebra; adquirir a la empresa en dificultades activos inmobiliarios de forma selectiva; y financiar la salida a corto plazo conz líneas de crédito de escasa cuantía y con el compromiso de que serán canceladas a medida que la inmobiliaria vaya haciendo caja con la venta de activos a sus acreedores o en el mercado.

El caso de Reyal Urbis responde exactamente a esta estrategia. Cuando comenzó su calvario financiero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el primer acuerdo logrado con los acreedores para evitar la entrada en concurso preveía alargar los créditos hasta 2013 y la financiación a corto plazo de la empresa con líneas de crédito que garantizasen su continuidad a la espera de ver cómo se hacían cargo de activos inmobiliarios. Posteriormente algunas de esas entidades financieras (Banco Sabadell, Bancaja, Caixa Galicia y Caixa Nova) adquirieron 370 millones de euros en activos inmobiliarios para evitar por segunda ve una crisis de mayor envergadura, al tiempo que otras entidades (La Caixa, Caja de Ávila, Caja Badajoz y Banca March) compraban también cantidades menores de activos hasta superar ligeramente entre todas los 400 millones de euros.

Paralelamente a estas adquisiciones de activos, las entidades financieras dotaron a Reyal de una línea de crédito provisional mientras negociaban con ella una solución más duradera que llegaría, en una primera fase el 8 de marzo último, cuando bancos y cajas extendieron el final del crédito a 2015 (dos años más que antes), se incorporaba una línea de financiación a corto de 75 millones de euros y se sumaban dos créditos sindicados, por importes de 246 y 77 millones de euros, de los que el primero de ellos fijaba su vencimiento en 2016.

Pero ese paso no era el definitivo como lo demuestra que ambas partes hayan seguido negociando después. En el acuerdo que hoy previsiblemente aprobará el consejo de Reyal entran los 4.600 millones de euros que debe la inmobiliaria al sector financiero. Además, todo se simplifica bastante porque todos los créditos se extienden hasta 2016 (tres años más que cuando comenzó la crisis), se incorpora una línea de financiación a corto de 35 millones de euros, se crea un nuevo préstamo con el que la sociedad pagará los intereses del crédito sindicado (así los bancos no pierden margen financiero en sus cuentas de resultados), se acuerda la venta de activos inmobiliarios a los acreedores por 400 millones de euros y, finalmente, la sociedad traspasa a la banca el 51% de la sociedad que explota el Proyecto Castellana 200, con lo que las entidades financieras aseguran la continuidad de las obras y percibirán su parte de los beneficios.