TENDENCIAS
Las agencias de rating en la picota
Zapatero y Blanco la toman con estas entidades
Si esa es la posición oficial del gobierno español, éste solo tendría que tomar una simple decisión: cancelar los contratos que tiene con Moody's y Standard & Poor's (S&P) por los que ambas sociedades perciben en torno a medio millón de euros anuales por las calificaciones de la deuda pública española y por las emisiones de bonos. Una decisión imposible por cuanto muchos inversores internacionales -ahora especuladores- requieren que la deuda pública española tenga una calificación mínima de una o dos agencias para adquirirla. Es lo que podría denominarse una colaboración necesaria sin la cual el Estado no captaría un céntimo en los mercados internacionales.
Con otro tono, el comisario europeo de Mercados Internos, Michel Barnier, ha pedido a las agencias "que asuman responsabilidad en el trabajo que hacen" y que "necesitamos mirar más a fondo el impacto de las calificaciones en el sistema financiero o en el sistema económico en su conjunto"
Con independencia de la posición gubernamental española, el hecho cierto es que el cerco sobre las agencias de rating, iniciado tras la crisis de las subprime, se va cerrando poco a poco y el endurecimiento de estrictos mecanismos de regulación -casi inexistente en la actualidad- se cierne sobre ellas.
En ese marco hay que situar el hecho de que Moody's y Standard & Poor's se sienten en el banquillo de los acusados en EEUU, tras la demanda interpuesta por el fiscal general del Estado de Connecticut, por sus malas prácticas:"estas dos agencias asignaron su calificación crediticia más alta para los valores financieros estructurados con riesgo de crédito significativo con el fin de aumentar sus propios ingresos, violando la confianza pública y el resultado fue que muchos inversores compraron valores que contenían un riesgo mucho más alto de lo anunciado y que en última instancia, han demostrado no tener apenas valor alguno".
Partiendo de la premisa de que el papel de las agencias de rating norteamericanas como Moody's y Standard & Poors, creadas a mediados del siglo pasado, fue determinante para el desarrollo de los mercados de capitales y que fueron capaces de ganarse la confianza de los inversores con el objetivo de garantizar su derecho a la información, calificando títulos de gobiernos, empresas, instituciones financieras, es cierto que cada vez más están en entredicho sus prácticas y las consecuencias que de ellas se derivan, entre otras impedir que se repitan casos como cuando bendecían las operaciones subprime otorgándolas una calificación prime investment.
El problema es complejo y la tela de araña esta suficientemente bien tejida como para que supere con mucho los impulsos de nuestros gobernantes, ya que en sus actividades y modelo de negocio se entrecruzan intereses, compensaciones y porcentajes sobre las cantidades que se financian. Las cantidades que se manejan en un mundo en el que los CDS siguen teniendo un peso especifico determinante en todas las operaciones financieras que se realizan, avala la hipótesis de que se hace imprescindible acciones decididas que modifiquen todos los vicios acumulados a lo largo de los años y que generalmente desvirtúan las reglas del mercado.
En efecto, los credit default swaps, (CDS) habituales en todas las mesas de contratación de bancos y cajas, son un barómetro para medir el riesgo de impago en una entidad y con los que el inversor se protegen de la deuda que compra y, en el caso de que el emisor quiebre, el vendedor pueda hacer frente a las pérdidas. Cuánto mayor es el precio de un derivado de crédito, mayor percepción de riesgo tiene el inversor sobre esa deuda. Medidos en puntos básicos, si una institución está en 111 puntos, el inversor pagaría un 1,110 % del importe que se quiera cubrir.
La Comisión Europea, a propuesta de la canciller alemana, quiere prohibir algunos de los movimientos especulativos con CDS en la deuda soberana, convencida de que los operadores de este oscuro mercado presionan con ellos a los emisores para obtener mayores diferenciales: el emisor acaba asumiendo también el coste del seguro aunque en ocasiones -como es el caso de Grecia y España- la deuda asegurada no suponga ni el 3% del total emitido. Aunque los CDS marcan el diferencial que deben pagar los emisores, estos no llegan a asegurar ni el 5% de la deuda soberana viva. Este producto derivado opaco es utilizado actualmente por los especuladores para intentar devaluar deudas soberanas y enriquecerse con la cobertura ofrecida por esta especie de seguro después de comprar a bajo precio la deuda cuyo valor han hundido.
Aunque con toda la precaución debida, las cifras que se manejan resultan sobrecogedoras. El New York Times ha llegado a evaluar en 45.500 millardos de dólares los que se habían manejado en CDS en el plazo de seis años como consecuencia del fraude de las subprimes, productos que pudieron ser distribuidos bajo la cobertura "protectora" de estos seguros y con ratings "fuera de toda sospecha" de las "prestigiosas" agencias de rating. El gigantesco engaño, según valoraciones realizada por algunos analistas, ha podido generar un volumen de comisiones superior a los 220.000 millones de dólares. Un proceso trufado de irregularidades en el que las agencias de calificación ha jugado un papel protagonista.
Tendencias es una publicación on line de análisis socioeconómico de periodicidad semanal y de carácter restringido que edita Carlos Díaz Güell.