Monitor de la Construcción
Las empresas expresan su preocupación por la financiación del nuevo plan
¿Se habrá parido un ratón?
El Plan Especial de Infraestructuras (PEI) reduce expectativas ante el recorte presupuestario
De entrada, el ministro de Fomento ha repetido que "no hay que construir por construir" y que las prioridades del PEI son "hacer más con menos", "sacar provecho de lo que hay" y, más concreto, "diseñar el mapa del ferrocarril de mercancías", pero no ha soltado prenda de qué proyectos en concreto se van a contemplar, ni si van a ser o no proyectos ya incluidos dentro del antiguo PEIT, o si van a ser sustitutivos y en qué medida de las licitaciones con cargo a las disponibilidades contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para ese ministerio, para los años 2010 y 2011.
Más concreto ha sido su secretario de Estado, Víctor Morlán, que ha mantenido que no se acometerán nuevas actuaciones en el PEI, sino que se pretende terminar y continuar lo que ya está en marcha. No habrá más autovías ni más duplicación de ejes, es decir, no habrá más autovías sin peaje paralelas a autopistas de peaje y "se va a hacer poco caso a las peticiones territoriales" en la selección de proyectos a licitar. A este respecto queda la legítima duda sobre si no se estará reconociendo que hechos flagrantes como la duplicación de la autopista Madrid-Toledo, parte de la A-7 y otros casos evidentes han sido un despilfarro contrario a la eficiencia de esas infraestructuras y un gasto innecesario a costa de los impuestos de todos los ciudadanos. Parece también que la crisis acaba con un acendrado prejuicio ideológico sobre "el gratis total" en vías de alta capacidad.
Morlán ha concretado también otros aspectos del PEI que son del mayor interés para las empresas que quieran licitar los proyectos que de él se deriven. Entre las más significativas están que se van a potenciar las asistencias técnicas en la redacción de los proyectos, lo cual es música celestial para este sector agrupado en Tecniberia, muy castigado con la caída de la licitación y la, para ellos, desleal competencia de las consultoras públicas, muy favorecidas en los últimos tiempos por el ministerio de Fomento.
También ha dejado claro que Fomento "va a luchar contra los modificados y va a ser muy exigente en el cumplimiento de plazos, de modo que los proyectos tengan los menos interrogantes posibles". Esta erradicación de los modificados va a pasar por una nueva regla de juego: cuando puedan representar más del 10% del importe adjudicado, se rescindirá directamente el contrato. Hay que recordar que los modificados de obra forman parte de la fórmula habitual que muchas empresas, por una parte, vienen utilizando con bastante éxito y desde tiempo inmemorial para resarcirse de las importantes bajas de adjudicación en los últimos años.
Y por otra parte han servido a menudo a las administraciones para introducir reformas debidas tanto a deficiente redacción de los proyectos como para dar cabida a demandas de entes territoriales y municipales afines. Cuando menos, esta nueva norma deberá obligar a la administración a redactar proyectos muy terminados y cerrados de modo que no haya resquicios que dificulten tanto la licitación como su buen fin.
Por parte de las empresas y sus patronales no se oculta una cierta frustración, aunque no todas por las mismas razones. Un ejecutivo de una de las dos concesionarias más importantes a nivel mundial afirmaba públicamente en uno de esos foros que las grandes preguntas que hay que responder de una vez por todas, en relación con el sistema concesional y que son básicas para que haya un modelo estable, claro y sin bandazos, son si hay que pagar por uso o lo debe hacer el contribuyente, y quién debe gestionar, si el sector público o el privado, que es más eficiente. Reclamaba reglas claras, seguridad jurídica y acceso a la financiación, cuestiones todas ellas que, si las cosas estuvieran tan claras como dice el Gobierno, sería innecesario plantear. Pero se ve que no lo están.
La financiación del PEI es sin duda una preocupación central para las empresas. Pendientes de la nueva Ley de Captación de Capitales -fundamental para definir el marco normativo de la misma y que anda renqueante por su enésima ampliación de plazo para la presentación de enmiendas en el Congreso-, se han propuesto estos días métodos alternativos de financiación al estricto apalancamiento directo. Uno, incluir el mercado de bonos resucitando las ahora desaparecidas entidades aseguradoras de los mismos que tan buenos resultados dieron antaño. Dos, fomentar y facilitar la entrada en la financiación de infraestructuras de los fondos de pensiones que, siendo fondos de singular dotación y gestión de rentabilidad a muy largo plazo, serían los instrumentos ideales para estas inversiones de larga maduración y que concentran sus beneficios al final de la vida de la concesión.
Y la última cuestión relevante y que tiene en pie de guerra a unas empresas frente a otras es la de que quién o quienes se repartirán el pastel del PEI, habida cuenta de que la situación de sus carteras de obra está empezando a ser preocupante para el medio plazo. Cada grupo defiende sus argumentos, que considera irrefutables. Unos, las empresas medianas y regionales, entienden que crean cinco veces más empleo fijo que los grandes grupos y ello obliga a contar con su concurso inevitablemente, de modo que el tamaño de las obras a licitar dentro del PEI deben ser "adecuados a todo tipo de empresas" con el objetivo de "generar más competencia". Otras, las grandes, argumentan que hay que dimensionar las obras no en función de determinados importes que permitan el acceso a según qué empresas, sino en función de la eficiencia y de estrictos ratios de solvencia, que son privativos hasta ahora de las empresas con mayores recursos. Y mientras tanto el Ministro de Fomento dice "que estamos en un escenario de transición". Lo que no ha dicho es hacia dónde.