Monitor de la Construcción
Recortar en infraestructuras no implica una reducción del déficit público
Los retornos fiscales de la obra pública
La menor licitación supone menos ingresos por IVA y más paro
Malos tiempos para la construcción. La actividad sufre una importante pérdida de empleo; el segmento de vivienda no volverá a tener actividad apreciable de nueva construcción hasta 2014 ó quizás 2015; la rehabilitación, con descensos de producción también muy señalados, está a la espera de que las medidas recientemente consensuadas entre los partidos políticos se comiencen a implantar, pero que no tendrán efectos apreciables al menos hasta finales de 2010 ó a lo largo de 2011.
En la obra civil la licitación -actividad para los próximos dos años- está bajo mínimos y el Plan Extraordinario de infraestructuras con financiación público-privada que prepara el ministerio de Fomento y que podría hacerse público estos días, deberá hilar fino para que las ayudas o avales públicos necesarios para que las empresas puedan alcanzar su parte de financiación -que lo harán recurriendo a endeudamiento- no sean consideradas por Bruselas como déficit público. En cualquier caso, este Plan no representa oportunidades nuevas para todo el sector constructor dedicado hasta ahora a la obra pública. Hay muchas pequeñas y medianas empresas, cuyo ámbito de actuación es local o a lo sumo regional, que no disponen de los recursos necesarios o no podrán competir adecuadamente en la modalidad de CPP, que es la seña de identidad de este Plan Extraordinario.
Los recortes en las previsiones presupuestarias, que para este año van a afectar directa e intensamente a las disponibilidades del ministerio de Fomento con una quita sobre lo inicialmente disponible según los ya obsoletos Presupuestos Generales del Estado vigentes de más de 1.700 millones de euros, agravan las expectativas del sector y la situación de muchas empresas. Mal momento, muy malo, para la construcción.
Recortar las inversiones es lo más fácil. Primero porque errónea o interesadamente se consideran gasto, no inversión. Segundo porque nuestros políticos recurren en estos casos al conocido argumento de que "las infraestructuras ya no dan votos" y por ello creen que recortar estas inversiones no altera sus expectativas electorales. Pero lo que se oculta siempre a la opinión pública por ignorancia o interés es que las reducciones de gasto en inversiones públicas suponen también una apreciable pérdida de empleo y, por ello, unos mayores gastos sociales en prestaciones por desempleo; una significativa pérdida de ingresos públicos derivados de impuestos, sobre todo el IVA e Impuesto de Sociedades; una importante disminución de ingresos por IRPF cuyo mayor o menor volumen está directamente ligado al crecimiento o decrecimiento de la inversión; y tienen un efecto muy negativo en toda una cadena productiva que en la construcción engloba una parte importante de los sectores industrial y de servicios.
Desde el sector constructor se ha venido alertando, al menos en los últimos veinte años que yo recuerde, sobre la importancia de los retornos fiscales que conlleva la inversión en construcción y, por ello, de que el coste real de las inversiones públicas en infraestructuras es considerablemente menor del nominal. Recientemente el departamento de estudios de SEOPAN -la patronal de las grandes constructoras- ha actualizado estos cálculos utilizando las últimas tablas input-output elaboradas por el INE y otros instrumentos estadísticos, como es la encuesta de la estructura de la industria de la construcción, así como la actualización de los impuestos, tasas y costes inducidos que soporta la actividad constructora.
Las dos conclusiones esenciales son diáfanas: En primer lugar, por cada cien euros que el Estado o cualquier otra Administración pública invierte en construir nuevas infraestructuras o mantener las existentes, los retornos alcanzan los 57 euros, que serán 59 euros a partir de la próxima subida del IVA; es decir, cada 100 euros invertidos sólo cuestan 43 euros -o 41 euros a partir de julio próximo- al erario público. En segundo lugar, por cada cien euros recortados al gasto previsto en los Presupuestos para este año de cualquier Administración pública, solo se recorta efectivamente la diferencia antes mencionada, es decir, 43 ó 41 euros. Menos de la mitad de lo anunciado.
¿De dónde salen estas cuentas? Los retornos aludidos que restan sobre el nominal se han calculado del modo siguiente: por cada euro invertido hay que restar el 0,16% de recaudación directa, que es el IVA. Además hay que restar un 0,41% más por recaudación sobre la producción añadida, que se desglosa en el 0,20% por menores prestaciones de desempleo; el 0,11% por cotizaciones sociales; un 0,05% por IRPF sobre remuneración de asalariados; una media del 0,03% por el impuesto de sociedades; y un resto del 0,01% por impuestos netos sobre consumos intermedios.
La mayoría de los retornos (0,41%) que conforman el agregado de la producción añadida tiene que ver con el aumento del empleo que induce la actividad. Según el análisis que comentamos un aumento del 1% de PIB en inversión en construcción de todo tipo generaría 127.100 empleos. Aunque los puestos de trabajo que generaría la construcción en infraestructuras sería algo menor que los inducidos por la construcción de viviendas (134.500 empleos) y los que se producirían en otras construcciones (rehabilitación y edificación no residencial, que se evalúa en 120.300 empleos), los 117.500 empleos que induciría esta inversión en la construcción de obra pública son los que han sido considerados para calcular los menores costes reales del gasto público en estas inversiones.
Mantener o aumentar las inversiones en obra pública sería muy beneficioso en estos tiempos para las empresas, pero sobre todo para las cuentas públicas. En el caso de los proyectos que se planteen por financiación privada porque al Estado, sin coste de inversión propia alguno, estos retornos le representan suculentos ingresos. En el caso de los proyectos que se realicen con cargo a los Presupuestos de las respectivas administraciones públicas, porque éstas verían reducirse muy sensiblemente su aportación real.
Por lo tanto, no es tan convincente de cara a la disminución del déficit público, como se nos viene vendiendo, eso de recortar inversiones para creación de nuevas infraestructuras. Y no solo por las razones expuestas sino porque estos recortes, al contrario de los que podrían hacerse en gastos no productivos, cercenan actividad en multitud de otros sectores que actualmente están en serias dificultades para mantener el empleo y el tejido empresarial.