ANÁLISIS
Marsans, demandada por impago de 4 millones de alquiler
La empresa de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual habrían dejado de pagar a Uníon Investment desde noviembre
No hay día sin sobresalto. Sin que se tenga que comentar un nuevo problema de los múltiples que acechan a las empresas del presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por mantener a flote al máximo de sus empresas y a su deseo de que todo discurra en términos de cordialidad, la situación se le ha vuelto tan complicada que resulta insostenible. Son muchos, algunos de ellos muy próximos que le advierten de que es hora de que se dedique a la gestión de sus empresas que a la vista de los acontecimientos no pasen por su mejor momento. El Gobierno no va a mover en este momento absolutamente nada que pueda agravar su ya inquietante situación. Es más, le seguirá tratando como si fuera un presidente que se dedica en cuerpo y alma a sacar adelante el diálogo social.
Pero hasta en las filas socialistas temen abrir los diarios para no tener que enfrentarse con un nuevo disgusto. Ahora es el propietario de la sede de Marsans, el fondo inmobiliario alemán Union Investment, el que le ha presentado una demanda así como a su socio, Gonzalo Pascual, ante la falta de pago del alquiler, que suma ya casi 4 millones de euros.
Union Investment viene reclamando desde principios de año el pago de las rentas del alquiler, que Marsans habría dejado de abonar en noviembre del año pasado.
El fondo, con sede en Hamburgo, adquirió el edificio en diciembre de 2008, a través de una operación conocida como "sale & lease back" por la que Marsans ingresó 115 millones de euros por la venta, pero permanecía como arrendatario durante un período inicial de 8 años.
El edificio, situado en el parque empresarial del Campo de las Naciones, cuenta con una superficie de unos 21.000 metros cuadrados y su alquiler puede alcanzar los 600.000 euros mensuales.
La demanda presentada por Union Investment Real State se suma a otras dificultades y acciones judiciales que afronta el grupo Marsans. Entre las últimas dificultades se encuentra la retirada por parte de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, de la licencia para vender billetes de avión. O la decisión del bufete de abogados de Uría y Menéndez de no continuar con ellos por diferencias sobre la facturación.
Entre las dificultades más recientes está también la petición de concurso necesario de acreedores presentado la semana pasada por la empresa de cruceros Grimaldi, que exige el cobro de unos 75.000 euros. La empresa de cruceros está dispuesta a retirar la solicitud tan pronto como Marsans le abone los importes adeudados.
El Gobierno, de momento, no quiere sacar otros casos pendientes, pero como sugiriera la vicepresidenta económica y ministra de Economía y Hacienda, quizás Díaz Ferrán no sea quien mejor represente a los empresarios españoles.