Beneficiaría sólo a los más ricos

Seguros no quiere elevar el límite de los planes de pensiones

Los españoles rechazan jubilarse más tarde

Miguel Á. Valero.– Aunque remite una decisión definitiva sobre esta cuestión a la Dirección General de Tributos y al Ministerio de Economía y Hacienda, Ricardo Lozano, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, dejó muy clara su postura contraria a elevar el límite de aportación desgravable (10.000 euros, 12.500 euros para los mayores de 50 años, o el 30% de los rendimientos de trabajo) en los planes de pensiones, como le plantearon algunos asistentes a la Jornada sobre Pensiones Privadas organizada por Mapfre.

El propio presidente de Mapfre Vida, Ignacio Baeza, que previamente había presentado un estudio sobre "Actitudes de los españoles ante la jubilación y la posible reforma de las pensiones", señalaba entre las conclusiones de éste la necesidad de ampliar los límites de aportación, de mejorar la fiscalidad de los rendimientos que generan los planes de pensiones privados, que actualmente tributan como el resto del ahorro, y de incentivar la contratación de planes de pensiones colectivos en las pymes.

Lozano argumenta que "la aportación media a los planes de pensiones está muy por debajo de ese límite" (está en los 1.500 euros, aunque el director general de Seguros no aportó el dato) y que la elevación de los topes de desgravación "solamente beneficiaría los que más recursos tienen" para invertir en este tipo de productos. Ya que una medida de estas características tiene un coste fiscal (más posibilidad de desgravar, de pagar menos a Hacienda), "debe estar muy claro quiénes son los beneficiarios". Lozano también defendió el actual sistema tributario en la recepción de los rendimientos, que supone un diferimiento en el pago de impuestos, no su supresión total. Para el director general de Seguros, decisiones de este tipo "sólo tienen sentido si se amplía la base social de los planes de pensiones".

El director general de Seguros y Planes de Pensiones aprovechó la ocasión para insistir en sus recomendaciones a aseguradoras y a comercializadoras (fundamentalmente, bancos y cajas) de planes de pensiones del sistema individual respecto a que se produzcan mejoras en el diseño, en la distribución y en la comunicación de los productos de previsión individuales, en el sentido de incrementar la protección de los partícipes. También aplaudió el papel del sector asegurador durante la crisis, dando "una respuesta adecuada" a la demanda de ahorro de los españoles: "El sector ha sabido reaccionar y ha estado a la altura de las circunstancias, con lo que los ciudadanos y las empresas han percibido la robustez de sector ante la crisis". Ricardo Lozano destaca que todo indica que durante este año continuará creciendo el esfuerzo ahorrador de las familias, lo que representa "una nueva oportunidad" para las compañías de seguros.

Tras la reunión de la Junta Consultiva de Seguros (en la que participan la Administración, las compañías y representantes de los consumidores), en la que se ha analizado una parte del anteproyecto de la Ley de Ordenación de los Seguros Privados, que supone la trasposición a la norma española de la directiva comunitaria sobre Solvencia II, Lozano cree que completará toda la labor de consulta "antes del verano". Pero matiza que "es un proyecto intenso y denso, que hay que analizar minuciosamente".

El presidente de Mapfre Vida, Ignacio Baeza, había apoyado sus peticiones de mejora y fomento de los planes de pensiones privados en proyecciones demográficas del INE: en 2010 hay 1 pasivo por cada 3,9 activos, en 2030 será uno por cada 2,5, y en 2046, por cada 1,46. La tasa de sustitución (que mide la parte del salario que se mantiene tras la jubilación) es del 81%, la más alta de los países avanzados, pero baja al 59% para más de 60.000 euros anuales: "La clase media pierde el 41% de su salario tras la jubilación", señala Baeza. Respecto a las pymes, destaca que menos del 10% tiene previsión social complementaria. Y, como el 79,18% de la riqueza de los españoles está colocada en la vivienda, el reto es "transformar el inmueble en una renta vitalicia, que es el complemento perfecto a la pensión pública".

Pero el presidente de Mapfre Vida también se apoya en un estudio, encargado a Villafañe & Asociados, que refleja que el 75,3% de los españoles está a favor de reformar el sistema de pensiones, pero sólo un 26,8% respalda la propuesta del Gobierno de hacerlo con la ampliación de la edad legal de jubilación hasta los 67 años. En cambio, el 39,8% sí que cree que se debe elevar el cómputo para calcular las pensiones de los actuales 15 años a 25 años. El informe, realizado a 2.650 personas no jubiladas, muestra que el 51% duda de que el sistema de pensiones público esté garantizado en el futuro, y el 33,4% teme que las pensiones se recorten en un futuro inmediato, aunque ese porcentaje se eleva al 47,4% entre quienes cobran más de 60.000 euros, se reduce al 17,9% entre quienes ganan menos de esa cantidad.

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, opina que modificar los años de cómputo "es socialmente más costoso" que retrasar la edad de jubilación. Pero subraya que las dos medidas "ni siquiera serían suficientes para garantizar el problema de solidez financiera de las pensiones públicas". Y reclama medidas para "conseguir vidas laborales efectivas más largas".

En una línea muy similar a la de González de Frutos, Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, cree que una modificación de los parámetros del sistema, como el cómputo o la edad legal de retiro, "sólo atenuarían el problema y no lo atajarían de raíz". Remite a las propuestas de la institución: combinar un sistema público de reparto, que garantizaría una pensión mínima, con otro de capitalización obligatoria a partir de un "suelo" salarial como complemento, y mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones del sistema individual. Además de fomentar el ahorro a largo plazo, hay que "poner más gente a trabajar", para lo que se necesitan reformas en el sistema educativo y en el de trabajo.

Por su parte, José María Fidalgo, profesor del Instituto de Empresa y ex secretario general del sindicato CCOO, recuerda que los cambios en el periodo de cálculo o de la edad legal de jubilación no generaron problemas sociales ni en Suecia ni en Reino Unido, por lo que instó a "desatascar" esa propuesta del Gobierno en el Pacto de Toledo, ya que "la modificación de las expectativas no supone un recorte de derechos".