Monitor de la Construcción
Se desconocen los umbrales mínimos de rentabilidad de los nuevos proyectos
Incertidumbres sobre el PEI
Quedan aún muchos cabos sueltos en el modo y forma de su puesta en marcha
Se desconocen los umbrales mínimos de rentabilidad que Fomento ha considerado para los nuevos proyectos vinculados al PEI, que para las empresas son fundamentales. Cerrar el acuerdo de financiación es una cosa, pero si este acuerdo tiene condicionantes o costes superiores a los previstos será difícil acudir a estos concursos que, no se olvide, no son de construcción pura y dura sino de concesiones a largo plazo. "Si al final del período concesional no es posible alcanzar una rentabilidad de más de dos dígitos (las empresas lo sitúan por encima del 10% y en el entorno del 15%), no van a salir las cuentas y eso contando con que las entidades financieras no se suban a la parra, porque ya sabemos que su postura es la de penalizar severamente el crédito que concedan, así como no entrar en financiaciones por importe mayor de los 400 millones, lo cual obligará a negociar en este ámbito a varias bandas", dicen voces autorizadas de las empresas, y queda por ver su eso de ‘el 20% de recursos propios' puede ser todo apalancamiento o no".
También preocupa cómo se determinen los niveles de solvencia exigibles a las empresas que acudan a estos concursos, cuestión no resuelta en la normativa de clasificación de empresas a efectos de su autorización para competir en la tarta de la licitación pública. Fomento ha dicho que troceará los proyectos para que todas las empresas tengan oportunidad de competir, pero queda aún sin resolver la cuestión de que no todas las empresas tienen músculo financiero, recursos propios y capacidades técnicas suficientes para abordar técnica y financieramente proyectos de concesiones a largo plazo. Esto pone de los nervios a las de mayor tamaño y capacidad que se malician que todos sus esfuerzos en las últimas décadas para crecer en tamaño, experiencia y capacidad competitiva en el exterior y que les ha llevado a ser líderes mundiales, se esfumen, y de nuevo esto sea una tómbola tipo subasta al mejor o al más bajo postor.
Además de que previamente sería bueno encontrar una solución aceptable a las concesionarias actualmente en peligro de quiebra porque su plan económico-financiero y sus previsiones de tráfico iniciales están resultando situarse a años luz de la triste realidad, hay al menos una cuestión que demanda urgente solución antes de poner en marcha el PEI, puesto que éste es un Plan exclusivamente concesional y que, por tanto, obliga a las empresas del sector dispuestas a concursar en sus proyectos a montar concesionarias ad hoc o utilizar otras que ya tengan operativas. Se trata de la aplicación de las normas contables comunitarias (NIIF) al sector concesional español, que sin duda preocupan al conjunto, pero sobre todo a aquellas empresas o grupos ya afectados por esta cuestión, sobre todo en concesiones en marcha desde hace pocos años.
Hasta ahora, las concesionarias podían diferir a futuro los gastos iniciales de construcción y expropiaciones amortizándolos anualmente en proporción a los ingresos anuales previstos en el plan económico-financiero del contrato. Pero esta práctica, que aún es la vigente en España para las concesionarias individuales, no lo es ya para los grupos consolidados. Para éstos las nuevas NIIF impulsadas por el UE prohíben, desde principios de 2005, la activación de intereses desde que se inicia la explotación de la concesión. Para solucionar esta importante cuestión el sector concesional demanda dos medidas que habría que tomar antes de licitar el PEI.
Una es prohibir en el plan contable de concesiones la activación de intereses, de acuerdo con las NIIF, y cargarlos directamente contra el patrimonio contable, lo que originará una pérdida fiscalmente deducible. La segunda, que debería preverse por Ley -a afectos de salvar el problema ya apuntado por el ICAC sobre eventuales desequilibrios patrimoniales- que los intereses de los préstamos para financiar la construcción de la infraestructura, cuando exista evidencia de su recuperación a lo largo de la vida de la concesión, no computen en el patrimonio neto a efectos de determinar la existencia de causa de disolución forzosa, reducción obligatoria del capital o distribución de dividendos.
Por último ha habido en los últimos días un "globo sonda" del Gobierno que ha puesto los pelos como escarpias a las principales concesionarias españolas y a las empresas interesadas en participar en el PEI porque, aunque se refiere al sector de energías renovables, puede afectar al que nos ocupa, que depende en gran medida del mantenimiento de las normas establecidas por la legislación vigente en el momento del inicio del contrato concesional, máxime conociendo la tendencia de este Gobierno a cambiar las reglas de juego una vez iniciada la partida.
La reacción ha sido inmediata. El sector a través de su patronal cúpula, la CNC, ha manifestado ya que "cambiar las reglas de juego sorpresivamente y, aún más, el solo hecho de que se pueda estar considerando por parte del Gobierno un cambio retroactivo en la normativa actual, no sólo es letal para los sectores empresariales de energías renovables sino que afectará a los niveles de confianza y, por tanto, a la disposición de las empresas a colaborar en el futuro en programas o planes públicos que requieran financiación de los mercados financieros". En concreto, precisa la patronal, pone en peligro el Plan Extraordinario de Infraestructuras, sobre todo cuando se vislumbra que esta inversión va a ser la única posible en los dos próximos años.