Los dos grupos españoles mantienen una alianza estratégica para América Latina
Chávez complica aún más las actividades del BBVA y de Mapfre en Venezuela
Los bancos deben desprenderse de su filiales de seguros y de mercado de valores
BBVA y Mapfre, las únicas entidades dedicadas al sector financiero con presencia relevante en Venezuela, suscribieron el año pasado una alianza estratégica para la actuación conjunta en bancaseguros circunscrita a América Latina, aunque mantienen también acuerdos para la comercialización en régimen de coaseguro de pólizas de Autos en España.
Ahora los dos grupos deberán adaptarse a los cambios que se avecinan en Venezuela. Porque la primera norma en votarse en la Asamblea Nacional va a ser la Ley de la Actividad Aseguradora, que inicialmente constaba de 309 artículos, se ha quedado en 183. Los 127 restantes se ubicarán en el reglamento de la nueva ley, en el que ya trabaja el Gobierno de Chávez. En la nueva norma se determina que la actividad de las compañías de seguros debe ampliarse y no sólo limitarse a las pólizas individuales y de vehículos, que suponen ahora el 70% del total, y que el beneficio debe destinarse a fortalecer la actividad productiva, y no a la especulación. Algo que puede complicar mucho la gestión de las aseguradoras en Venezuela, porque los riesgos se compensan con instrumentos de cobertura que pueden ser entendidos como especulativos por el Gobierno de Chávez.
Luego le llegará el turno a la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Y antes del 30 abril, la Ley del Mercado de Valores, que suprime la Comisión Nacional de Valores por una Superintendencia de Valores, para dar "más fuerza al mercado secundario".
Como queda establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también en la nueva Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, se prohíbe la creación de grupos financieros para evitar monopolios. El vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Simón Escalona, acusa a aseguradoras de crear "grupos económicos no formalizados, afectando el desarrollo productivo y económico del país".
En las tres leyes sectoriales se incluyen, dentro de las disposiciones transitorias, que las empresas que se encuentran en esa situación dispongan de un plazo de 180 días para hacer los respectivos ajustes y opten por una sola actividad. Porque, después de ese plazo, las entidades financieras no podrán realizar servicios relacionados con la actividad aseguradora (que incluye los fondos de pensiones) o el mercado de valores, y viceversa. Esto supone que los bancos deberán desprenderse de sus filiales dedicadas a seguros y a mercados de capitales en un plazo máximo de 180 días. La nueva norma afecta a 15 grupos financieros que operan en Venezuela.
El Gobierno de Chávez explica que una opción es que se coloquen en el mercado de valores, a través de ofertas públicas, las acciones de las compañías de seguros y de las firmas de Bolsa pertenecientes a los grupos financieros que operan en Venezuela. Esas ofertas serían cubiertas por los clientes de los bancos, que sí podrán recibir financiación de éstos para adquirir los títulos. También tendrían derecho preferente de compra los trabajadores de las entidades. "Esto incentivaría a los empleados de estas empresas y motivaría mucho más el trabajo en la institución, ya que ahora pasarían a ser accionistas", insisten los partidarios de las nuevas normas. Ningún inversor, particular o sociedad, podrá tener más del 10% del capital, para diversificar el accionariado e impedir tomas de control sobre las entidades.
Al mismo tiempo, este proceso fortalecerá a la Bolsa de Valores de Caracas, ya que nuevas empresas se incorporarían a este mercado, brindando a su vez más alternativas de inversión en bolívares a los ciudadanos. Y las firmas de Bolsa tendrán más negocio de intermediación bursátil. De esta manera, se lograría una "democratización del capital", ya que permite colocar empresas en la Bolsa, donde el público puede invertir su dinero y pasar a ser accionista, y facilita que las cajas de Ahorro y los fondos de jubilación puedan ampliar sus opciones de inversión.
Pero las nuevas normas se enmarcan en una progresiva toma de control de Chávez sobre el sistema financiero que opera en Venezuela. Primero impidió al Santander vender su Banco de Venezuela a un empresario privado, obligando a que la operación se hiciera con el Estado. Luego, multiplicó las incautaciones de bancos privados, que han terminado convergiendo en el Bicentenario. Posteriormente, aceleró la fijación de porcentajes obligatorios de concesión de créditos de los bancos privados a sectores considerados estratégicos para la República Bolivariana de Venezuela. Y acaparó la gestión del dinero procedente de las instituciones públicas.
Ahora impide a los bancos diversificar sus negocios a través de los seguros o de la Bolsa. Sólo el Estado podrá mantener su presencia en las tres actividades. El Estado de Hugo Chávez controla el 30% del sistema financiero de Venezuela a través de nueve bancos (Agrícola, Bicentenario, de Comercio Exterior, de Desarrollo Económico y Social, de Vivienda y Hábitat, del Tesoro, Industrial,, Venezuela y el Instituto Municipal de Crédito Popular), dos aseguradoras (Horizonte y Bolivariana de Seguros),y la recientemente intervenida U21 Casa de Bolsa.
A Mapfre, como al resto de las aseguradoras privadas, le afecta sobre todo que Chávez haya ordenado la redirección de todas las pólizas contratadas por las empresas públicas en estas compañías hacia Bolivariana de Seguros. Y al BBVA, la fijación de porcentajes obligatorios de concesión de créditos a determinados sectores (su Banco Provincial ya ha recibido multas por no cumplir con esas tasas), y la tendencia a derivar hacia bancos públicos los fondos de las instituciones del Estado.
El sistema financiero venezolano continúa siendo más rentable que la media de América Latina (30% frente a 15%), pero en cinco años ha reducido la mitad sus beneficios. Chávez decide el destino de casi el 40% de los créditos. Ha elevado del 3% al 10% el porcentaje obligatorio dirigido a microcréditos. Obliga a abrir oficinas en mercados y farmacias. A destinar el 5% de los beneficios a "responsabilidad social". Y a ceder el 10% del capital a un fideicomiso propiedad colectiva de los trabajadores. Por si no fuera suficiente, restringe el acceso a las divisas y dificulta todo lo que puede la expatriación de los dividendos a las casas matrices, como bien saben el BBVA y Mapfre (que ha optado por reinvertir allí el beneficio).