Monitor del Seguro

Seguros declara desierta la cesión de la cartera de Mercurio

Una liquidación anunciada

El Supremo da un nuevo impulso a la reforma del Baremo

Ignacio Aranguren.– El caso "Mercurio" ya está visto para sentencia. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), en su faceta liquidadora, ha declarado desierto el procedimiento de "cesión de la cartera de Seguros Mercurio" y ha decidido proceder a la liquidación de la compañía, ya que ninguna de las nueve aseguradoras -de las que ha trascendido el nombre de seis de ellas: Mapfre, Mutua Madrileña, FIATC, Allianz, Zurich y Groupama- a las que se le envió la documentación hizo una oferta válida para quedarse con la totalidad de las pólizas y con la mayoría de los 82 empleados que tenía en el momento de su intervención, que parece que eran las condiciones requeridas.

Esta falta de ofertas era algo que ya esperaba el sector, puesto que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ya había intentado buscar un comprador antes de proceder a la intervención de la compañía del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio Gonzalo Pascual. Entonces fueron Mapfre, Mutua Madrileña y la catalana FIATC las compañías tocadas, peor todas ellas rechazaron el honor. "Las cuentas eran terroríficas", señalaron fuentes del sector, que destacaron que la compañía del grupo Marsans tenía un patrimonio negativo, algo inusual entre las aseguradoras Evidentemente, Seguros no tuvo éxito, y ante la grave situación patrimonial y de liquidez de la compañía, que tenía el margen de solvencia por debajo del mínimo legal, y para proteger los intereses y derechos de los asegurados no le quedó más remedio a la DGSFP que ordenar su disolución el pasado 15 de marzo.

El pasado día 14, el BOE publicó la Resolución de la Dirección General de Seguros en la que se acuerda el vencimiento anticipado de las pólizas de Mercurio, que tendrá lugar 15 días después de su publicación, esto es, el próximo 29 de abril.

El Consorcio devolverá prácticamente a los asegurados de Mercurio la parte de prima no consumida , para que puedan contratar el seguro con otra entidad. Y es que el CCS cuenta con reservas suficientes para ello, como lo puso de manifiesto el año pasado, cuando rebajó los recargos que se incluyen en las pólizas -con los que se financia- por estimar que contaba con reservas suficiente para hacer frente a las previsiones de disoluciones de entidades.

La resolución de la DGSFP obliga a los asegurados de Mercurio a buscar una nueva compañía. En eso están. En este caso, las aseguradoras no le hacen ascos a las nuevas pólizas y han empezado la lucha por hacerse con ellas. Y es que la situación es muy diferente para las compañías: una cosa es que te aparezcan de golpe un montón de pólizas que incrementen tu cartera sin más gastos que las comisiones a los mediadores y otra muy diferente el pagar por adquirir una cartera y encima quedarte con la mayoría del personal de la vendedora.

Muy gráficamente lo describió a CapitalMadrid el responsable comercial de una de las aseguradoras a las que les habían ofrecido la cartera de Mercurio. Decía que ellos no son una ONG, que están para ganar dinero y que para qué iban a pagar por algo (se refería a las pólizas de la compañía liquidada) cuando las pólizas les iban a venir gratis y, sobre todo, que "no queremos alhajas con dientes, que bastante hemos tenido con mantener a nuestro propio personal durante la crisis".

Además de a los asegurados, el Consorcio también ofrecerá a los proveedores de Mercurio el comprarles sus créditos con el fin de minimizar lo más posible los perjuicios. Para las tareas de liquidación, el CCS contará con parte de la plantilla de la entidad, durante los meses que resulte necesario.

En el tema de los asegurados, los mediadores son los que llevan ahora la voz cantante. Los que operaban con Mercurio están buscando compañías que se hagan cargo de las pólizas de sus clientes, respetando lo más posible condiciones y precios, algo que no es tan sencillo, ya que la oferta por este tipo de seguros es más bien escasa en el mercado español. No hay que olvidar que la mayor parte de las cerca de 50.000 pólizas que componen la cartera de la aseguradora en liquidación corresponden a flotas de autobuses y autocares, de los que buena parte pertenecen a las empresas del grupo Marsans y que sus coberturas incluyen el seguro obligatorio de Responsabilidad Civil frente a terceros y otras pólizas de seguros voluntarios.

El caso de Seguros Mercurio ha adquirido una dimensión informativa muy importante por tratarse de una aseguradora del presidente de la CEOE, el "patrón de patronos" y no es la primera vez -ni parece que será la última- que una empresa de Gerardo Díaz Ferrán termina como "el rosario de la aurora". Pero hay que tener en cuenta la verdadera dimensión de Seguros Mercurio, compañía fundada en 1987, que sólo representa un 0,08% del mercado de seguros español.

La compañía cerró el ejercicio 2009 con unas pérdidas de 15,5 millones de euros (en 2008 fueron de 14,76 millones), como consecuencia del incremento de las siniestralidad y la caída de los mercados financieros. El volumen de primas descendió cerca de un 17% hasta quedarse en poco más de 45 millones de euros, lo que confiere una cuota del mercado de seguros español del 0,08%. Del total de las primas, casi 44 millones corresponden al ramo del automóvil. Tenía un total 49.642 pólizas suscritas.

Con el caso "Mercurio" se ha demostrado una vez más que el problema de una posible quiebra por parte de una aseguradora en España está bastante controlado y que el Consorcio -ese organismo que sólo existe en España y que les gustaría copiarnos a varios países- funciona estupendamente, haciendo innecesario ese canon anticrisis que algunos políticos quieren cobrar a las compañías de seguros.

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo impulso a la reforma del Baremo de Indemnización a las Víctimas de Accidentes de Tráfico al dictar una sentencia en la que reconoce mayores compensaciones por los ingresos que dejará de percibir una víctima de accidente de tráfico por su incapacidad para seguir trabajando, lo que se conoce como "lucro cesante".

Con esta sentencia, que crea jurisprudencia, el Supremo da la razón a una de las peticiones de las asociaciones de víctimas de accidentes, que se quejan de que el actual Baremo Español de Indemnizaciones no tiene en cuenta lo que ganaba la víctima antes del accidente en su trabajo, lo que va a dejar de ingresar al quedar incapacitado o las necesidades de su familia que no va a poder afrontar.

Esta sentencia va a suponer una premisa a tener en cuenta por el grupo creado por el Gobierno -que está integrado por miembros de los ministerios de Economía y Justicia, la Fiscalía de Seguridad Vial, las asociaciones de víctimas y Unespa- para estudiar revisar el Baremo y ver, entre otras cuestiones, cómo aumentar las indemnizaciones que reciben en España las víctimas de tráfico, que son de las más bajas.

El actual Baremo, que se aplica de forma obligatoria desde 1995, estable un aumento de las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico en función de sus ingresos presentes, pero no de los que dejará de recibir por su incapacidad originada por las secuelas del accidente, que es algo que piden las víctimas y que ahora les ha reconocido el Supremo.

La patronal del sector asegurador, Unespa, presentó a sus asociados la pasada semana las propuestas que va a llevar la patronal al grupo de trabajo creado por el Gobierno. Entre ellas parece que está -porque no las ha hecho públicas- la mejora de las indemnizaciones por lucro cesante. Según dicen las malas lenguas, porque ya era consciente de que la sentencia del Supremo iba a ir por ese camino.

La patronal considera que la sentencia del Alto Tribunal aplica las reglas específicas establecidas en el propio Baremo para reconocer a una víctima el derecho a cobrar una indemnización por lucro cesante, siempre que pueda acreditar la pérdida de esos ingresos.

Para Unespa es imprescindible que se siga aplicando el Baremo en el caso de las víctimas de accidentes de tráfico, ya que este instrumento ha conseguido que cerca del 90% de las compensaciones por daños corporales se solucionen por la vía amistosa y ha unificado las indemnizaciones en todo el territorio español, impidiendo la discrecionalidad que hacía que en dos casos iguales los afectados pudieran cobrar cantidades distintas, como sucedía anteriormente.