El Popular, más cerca de la verdad
Acusación particular contra Trinitario Casanova
La Audiencia Provincial resalta que la entidad que preside Ángel Ron tiene "un legítimo interés" en que sus acciones "no sufran altibajos provocados por actuaciones malintencionadas y carentes de justificación en el devenir del libre mercado". También, el "el perjuicio evidente" que ocasiona esa actuación de Casanova "a la confianza en sus títulos del mercado" y el correspondiente "descrédito frente a eventuales inversores ante la falta de credibilidad en la libre formación de su precio". Ese argumento es importante, porque la Fiscalía Anticorrupción se adhirió al recurso de apelación del Banco Popular destacando el coste reputacional que conllevó la presunta manipulación de títulos de la entidad.
Por el contrario, la defensa del empresario murciano entendía que el Popular no había resultado perjudicado por las actuaciones de Casanova, con lo que sólo podía personarse como acusación popular. Según la que se conoce como doctrina Botín o Atutxa, por dos de las personas que se han visto beneficiadas por decisiones judiciales, las acusaciones populares no pueden perseguir determinados delitos a menos que exista un perjuicio a los intereses generales. Ese requisito también se exige en la persecución por parte del Ministerio Fiscal de los delitos relativos al mercado, como sucede en el caso Blueprime. Hasta el momento, el Tribunal Supremo no ha sentado jurisprudencia sobre lo que se entiende por "intereses generales" en los delitos relativos al mercado.
Pero la posibilidad de personarse como acusación particular acerca al Popular a la verdad de un enrevesado caso que se inició en octubre de 2008, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió remitir al Ministerio Fiscal suinvestigación sobre la supuesta intención de compra por parte de la sociedad Blueprime del 20% del Banco Popular, porque "resultan indicios constitutivos de manipulación de mercado, encajables en el delito tipificado en el artículo 284 del Código Penal". Un mes después, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra Trinitario Casanova al entender que estaba detrás de Blueprime y que había montado la operación apurado, entre otros factores, por las exigencias del banco holandés Fortis para que pusiera garantías adicionales para el pago del crédito concedido para la compra de acciones del Popular en el marco de esa operación.
Una operación que comenzó el 10 de junio cuando el diario "Negocio" se hacía eco en su portada del supuesto interés de un grupo de inversores mexicanos, que posteriormente negaron su implicación en esta operación, en lanzar una OPA por el Popular a más de 14 euros por acción, con una prima del 45% sobre la cotización. Ese día, el banco subió más del 6% en bolsa, y en tres sesiones, el 12,5%.
Titania Capital Investment, sociedad de Trinitario Casanova, un promotor con negocios en Murcia e intereses en medios de comulación, aseguraba que había firmado una opción de venta de su 3,5% en Popular con Blueprime, una sociedad instrumental constituida en Reino Unido en febrero de 2008, representada por un bufete de abogados con sede en Gibraltar y que actuaba en nombre de los mexicanos. Grupo Kiluva, presidido por Félix Revuelta, también firmó una opción de venta de su 0,4%. En ambos casos, el precio era de 14,2 euros por acción.
Esa opción, con vencimiento el 30 de julio de 2008, tenía como cláusula que Blueprime adquiriese un 20% del Popular. El 23 de junio, se informaba de que "estamos en contacto con un número de accionistas que están en avanzadas negociaciones con nosotros en la posibilidad de vendernos sus acciones en el banco" con la condición de que la operación recibiese el visto bueno de los reguladores y de que alcanzase una participación del 20%. Al día siguiente, Trinitario Casanova dijo a la CNMV que sus acciones estaban pignoradas. El día 27 de junio, la banca ejecutó parte de la participación del inversor al caer la acción por debajo de un determinado precio y no aportar garantías adicionales. Es decir, Casanova había comprado de forma apalancada, con las acciones como aval, y tenía fuertes pérdidas. Poco después, se supo que el empresario murciano sólo tenía un 2% del Popular. El 15 de julio, José Ramón Carabante se hizo con la totalidad del Grupo Inversor Hispania, la empresa de Trinitario Casanova, y que poseía el 0,636% del Popular, por más de 600 millones de euros.
Dos días después, la CNMV divulga que no resultaba acreditada la existencia de "un inversor o grupo de inversores con un interés contrastado en la adquisición de una participación en Banco Popular". Y que, "como resultado de los requerimientos efectuados a la sociedad Blueprime", se constató "la ausencia tanto de la financiación como del asesoramiento necesarios, para realizar la operación". Y el montaje quedó al desnudo.