UN BANCO EN EL RETIRO

Empleo público y austeridad administrativa

Zapatero se muestra contudente pero hay lagunas periféricas

Por Luis Alcaide.– El presidente Zapatero ha sido contundente en sus declaraciones al Financial Times. En un futuro , es decir a partir de ahora, "el Gobierno debería ser juzgado por cómo estamos gradualmente ejecutando los diversos apartados del plan de austeridad... si tenemos que hacer más recortes o las circunstancias exigen más austeridad, lo haremos". Poca ambigüedad, sólo ese "gradualmente" contrarestado por el compromiso final " lo haremos". Muestra de austeridad: la Oferta de Empleo Público, que limitará la tasa de reposición de funcionarios a uno de cada diez amortizados. Esta drástica reducción de las plantillas futuras se aplicará sólo para la Administración General del Estado sin que nada se diga sobre la administración periférica, cuando es ahí donde están los mayores costes.

La limitación del 10% de reposición es una media entre aquellos colectivos a los que se aplica la regla y aquellos otros exceptuados  de su condición de prioritarios, que la Oferta identifica como los que requieren una atención especial por tratarse de servicios públicos esenciales o por su eficacia en la distribución territorial, además de reestructuraciones internas en determinados colectivos de funcionarios.

La Oferta de Empleo Público especifica los departamentos ministeriales elegidos como prioritarios. Una lista breve y de cuestionable justificación. Veámos: el Ministerio de la Presidencia incrementará sus efectivos en las oficinas de extranjería y en las delegaciones del gobierno, precisamente ahora cuando la gran regularización de los inmigrantes está concluida y los flujos de nuevos llegados son cada vez menores; las delegaciones del gobierno se superponen a una administración periférica ya de por si bastante robusta.

Otro agraciado es el Ministerio del Interior y concretamente instituciones penitenciarias. El éxito de "La Celda 211" no ha podido sin embargo contrarrestar el modelo de cárcel que protagoniza la película. Una macrocárcel, con todos sus problemas de organización y control cuando, por ejemplo, en Holanda se construyen establecimientos penitenciarios para un máximo de 200 reclusos en polígonos industriales junto a una comisaría cuyos efectivos policiales son los únicos que pueden entrar armados en las penitenciarías, lo que por otra parte mejoran la productividad de ese colectivo a veces demasiado estancado en sus dependencias administrativas.

El Ministerio de Fomento es otro de los elegidos. Dispondrá de más efectivos en el área de seguridad aérea e infraestructuras ferroviarias cuando se habla de un control más automatizado y sofisticado ajeno a los avatares con los controladores aéreos. Medio ambiente, que también es Agricultura, dispondrá de más personal para el medio rural y marino: ¿se ordenarán mejor los montes y las costas reduciéndose el nivel de incendios y los abusos flagrantes?

Estos planes de reformas en la Administración están influidos por el mayor o menor peso político y puntual de cada ministerio o del reclamo electoral que pueda ofrecerse a través de los medios. En el primer caso estarían los diplomáticos, que también reciben un trato preferente precisamente ahora cuando la UE desarrolla un servicio europeo de acción exterior que, quizá debería replantear esa "racionalización de cuerpos y escalas" señalada en la oferta de empleo. En el  segundo, reclamo electoral, se sigue echando en falta una falta de reflexión sobre la separación entre la política y la administración.

La modernización de los países anglosajones, poco dados al centralismo administrativo, está vinculada a esa separación entre política y administración. Es lo que sucedió en la Inglaterra victoriana del libre cambio y en la formación del estado norteamericano. En un artículo de 1887 Woodrow Wilson, afirmaba que los objetivos de la administración son, primero, analizar lo que el gobierno es capaz de realizar, y, segundo, como puede hacerlo con la máxima eficacia y el menor coste posible. Tanto en un caso como en otro los gobernantes y sus sociedades dispusieron de un sistema de ingreso por méritos para acometer una serie de tareas necesarias en un estado industrial, complejo y crecientemente democrático.

Pero en la España de hace ya unos años  la separación entre administración y política se ha ido estrechando hasta prácticamente desaparecer, tanto en la central como en la periférica, aunque en esta última sea mucho más evidente. La ausencia de nuevas convocatorias para Abogados y Economistas del Estado, es quizás una señal sobre la dirección asumida con los nombramientos de asesores, que pueblan las conserjerías y los gabinetes ministeriales .

Los años de incontenible prosperidad quizá hubiesen tenido un desenlace menos trágico con una administración independiente y profesional con una mayor autoridad y control sobre el mundo de los negocios y las alocadas políticas de vivienda y urbanización. El gobierno ha carecido de un contrapeso técnico e independiente realizado desde una administración atendida por profesionales. Los funcionarios existen pero administrativamente convertidos en un elemento decorativo sin el mínimo protagonismo en el análisis y la realización de las políticas públicas.

Funcionarios públicos apartados, por ejemplo de la dirección y vigilancia del funcionamiento de  los servicios hospitalarios, los sistemas penitenciarios, la planeación de las autopistas madrileñas radiales o incluso de cualquier discusión sobre si España necesita más Aves que Alemania. Con más densidad de población y complejidad industrial que nosotros, ¿por qué no incluir entre los candidatos a los juzgados de lo mercantil o a magistrados a funcionarios de otros cuerpos cuya valía y honestidad esté comprobada?.

La primavera discurre entre soles y lluvias mientras paseo por el Retiro en mi condición de jubilado de uno de esos cuerpos de la administración que desempeñaron un papel importante en la modernización de la economía española y ahora apartados de la elaboración y ejecución de las políticas económicas. Una última reflexión sobre las economías de costes que van a conseguir estas martingalas reorganizatívas cuando lo urgente es rebajar el gasto de toda la estructura del estado y también reactivar el empleo. Un estado que ofrezca más y mejores bienes públicos a un coste menor.