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El encaje de bolillos de la política económica del Gobierno
El último, es el derivado del efecto sobre los ingresos públicos del ajuste de sectores que habían crecido de manera insostenible hasta tener un claro exceso de capacidad y alcanza el 5,7% del PIB y su reducción precisa de medidas ad hoc. Si a esto sumamos la carga de intereses de la deuda (1,9% del PIB), llegamos al déficit total del 11,4% en 2009.
Paralelamente, la deuda pública ha aumentado desde su mínimo del 35,3% del PIB en el primer trimestre de 2008 hasta el 55,2% en el último trimestre del pasado año y aunque esta ratio sigue estando por debajo de la media de la UE (73% del PIB), su rápido crecimiento ha pesado sobre la percepción de riesgo asociada a la sostenibilidad de la deuda pública de España por parte de los mercados.
En ausencia de medidas estructurales de contención de gasto y/o subida de ingresos, la deuda mantendría un senda insostenible en los próximos años incluso contando con la retirada de las medidas discrecionales, la desaparición del déficit cíclico, un crecimiento del PIB nominal del 4% y una modesta subida de los tipos de interés del 4,25%.
Desde una perspectiva de largo plazo, la sostenibilidad de las cuentas públicas se vería comprometida además por los compromisos futuros de gasto ligados al pago de pensiones.
La dinámica demográfica apunta a que en ausencia de reformas, el gasto asociado a las pensiones aumentaría en 6,7 puntos de PIB de aquí al 2060, lo que significa que si no se producen modificaciones en el sistema de pensiones, el déficit irá aumentando progresivamente en los próximos años.
Los expertos consideran que para estabilizar la deuda es imprescindible actuar con decisión en todos los frentes: mejorar el potencial de crecimiento; reducir el déficit primario a través de reformas estructurales que moderen el gasto público o mejoren los ingresos; mejorar la confianza de los inversores en nuestra economía para eliminar en lo posible la prima de riesgo de nuestra deuda (actualmente en 72 pbs), y equilibrar el sistema de pensiones con una visión de largo plazo.
En esa línea se encuentra la propuesta de consolidación fiscal contenida en el Programa de Estabilidad presentado por el Gobierno que presentó en febrero a la Comisión Europea y cuyos objetivos se basaban en reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013 y en disminuir la deuda/PIB a partir de 2013, tras alcanzar el máximo de 74,3% del PIB en 2012.
El ajuste del saldo primario desde el -9,5% de 2009 al 0,1% del PIB de 2013, se lograría de forma lineal (unos 2,5 puntos anuales) mediante la recuperación económica que cerraría el componente cíclico del déficit (1,5% del PIB) a lo largo de estos cuatro años.
A su vez, el componente discrecional (2,5% del PIB) se eliminará con la retirada de las medidas aplicadas para afrontar la crisis
Por lo que respecta al componente estructural (5,7% del PIB), la parte determinante del ajuste, se eliminaría a través del aumento de los ingresos (aumento del IVA, impuestos especiales, impuesto sobre el ahorro) y la supresión parcial de la deducción por compra de vivienda en 2011, con lo que se espera incrementar los ingresos en un 1,4% del PIB. Por el lado de los gastos, las actuaciones se centrarían en la reducción de 1,9 puntos de PIB de la remuneración de funcionarios mediante la casi congelación de la oferta de empleo público (renovación de sólo el 10% de personal retirado); la reducción de 1 punto de PIB vía ajuste de consumos intermedios; 0,9 puntos de PIB de caída de inversión pública y 0,5 puntos mediante el recorte de subvenciones.
Bajo estos supuestos, el déficit público total quedaría en el 3% del PIB porque la carga de la deuda subiría del 1,9% del PIB en 2009 al 3,1% en 2013, debido al aumento de los tipos de interés y de la deuda (ésta hasta 2012).
Sin embargo, el ajuste afronta dos dificultades "colaterales":
1) El esfuerzo de ajuste debe ser compartido por todas las Administraciones Públicas. Según la estructura de gasto, el Estado sólo tiene en sus manos el 27% del presupuesto (incluyendo inversión), de modo que sin la contribución de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que representan el 50% del gasto público (el resto es Seguridad Social), no sería viable el objetivo del 3% del PIB en 2013.
2) El Gobierno se ha impuesto, además, una restricción: no tocar el gasto social más allá de lo que se ahorre por la mejoría de la economía en gasto por desempleo. En la medida en que el 52% del gasto del gobierno central es social (desempleo, pensiones, vivienda) y que el 21% son transferencias a las administraciones públicas territoriales, el margen de maniobra es limitado.
Llegados a este punto, cabe preguntarse sobre la credibilidad de las distintas medidas adoptadas por el gobierno y aquí cabe señalar que aunque los supuestos de tipos de interés están dentro de lo que cabe esperar, el aumento general de la deuda pública y el momento cíclico introducen un grado de incertidumbre notable. De igual manera, las previsiones de crecimiento del PIB nominal resultan optimistas en relación a las proyecciones del Banco de España y al consenso privado, tal vez porque incorporan el efecto que podrían tener las reformas actualmente en discusión entre los agentes sociales y el gobierno.
De no adoptarse estas medidas, los tipos a que se financian la deuda bajarían un total de 1,75 puntos, supuesto éste muy complicado en un escenario de menor crecimiento, que tiende a elevar la prima de riesgo. Por su parte, si las medidas de recorte de gasto o aumento de ingresos fueran menos pronunciadas de lo anunciado, el déficit/deuda podría mantener su objetivo con una menor prima de riesgo o un mayor PIB nominal.
En resumen, el objetivo del programa presentado por el gobierno incorpora supuestos optimistas de PIB que hacen difícil lograr sus objetivos en 2013. No obstante, si se adoptan las medidas necesarias para reducir el déficit estructural en la magnitud prevista en el citado programa y se implementan las reformas necesarias en otros ámbitos (financiero, laboral...) para mejorar el potencial de crecimiento de la economía, se dotaría al programa de mayor credibilidad, se reduciría la prima de riesgo exigida por los mercados financieros y se lograrían los objetivos de déficit y de estabilización de la ratio de deuda, no mucho después de la fecha prevista por el Gobierno, en torno a 2015, un retraso que no sería un problema demasiado relevante.
El segundo eje de consolidación de las cuentas públicas gira en torno a la reducción de los compromisos de gasto futuro en pensiones y con arreglo a las estimaciones oficiales, las propuestas manejadas inicialmente (no las únicas posibles) tendrían el siguiente efecto: el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años reduciría el déficit a largo plazo del sistema en el equivalente al 2% del PIB, mientras que un aumento de los años de trabajo tomados como base para calcular la pensión, de los últimos 15 a los últimos 25 ahorraría otro 2% del PIB.
Una reforma de calado del sistema de pensiones tendría, nuevamente, efectos positivos en la prima de riesgo de la deuda soberana española, afectando positivamente a la dinámica de la deuda discutida anteriormente, sin reducir adicionalmente el gasto público a corto plazo y por tanto sin poner más lastre sobre la recuperación.
A la vista de lo planteado, incluso en el supuesto de éxito de la estrategia de consolidación fiscal, la ratio de deuda sobre PIB aumentará ineludiblemente en los próximos cuatro años.