Monitor de la Construcción
Las medidas fiscales y económicas ayudarán al sector a salir del marasmo
Luces y sombras del PEI
El Gobierno se deja de demagogias y emprende un cambio de rumbo
Después de años de feroz demonización del "ladrillo", el Gobierno cayó recientemente del caballo ante la enorme destrucción de empleo que conllevaba la evolución de la construcción desde el inicio de la crisis. Dos sucesivos PlanE han aportado 13.000 millones de euros estatales destinados a obra pública a través el primero del Fondo de Inversión Local (9.000 millones) y de más de lo mismo el segundo (5.000 millones), aunque se haya vestido con otros objetivos más dirigidos, dicen, a aumentar la innovación. Durante dos meses del año pasado esta cuantiosa inversión a cargo del déficit público frenó la sangría de paro y mostró un efímero y muy tímido repunte del empleo sectorial.
Ahora, en los muy devaluados "pactos de Zurbano" se han incluido unas medidas fiscales y económicas dirigidas a fomentar la rehabilitación y el mantenimiento de edificios, que se corresponden casi al detalle con lo que el sector a través de su patronal cúpula la CNC, venía demandando al Gobierno desde hace casi dos años y en el que muchas empresas medianas, pequeñas y especializadas tiene puestas grandes esperanzas. Y ahora le toca el turno a las grandes empresas y a las dedicadas a la obra pública, aunque el PEI se haya presentado como una iniciativa que beneficiará a todas las empresas, sean del tamaño que sean.
El PEI ha suscitado dos tipos opuestos de reacciones, ambos basados en argumentos en principio razonables. Los que lo critican esgrimen que el singular grado de desarrollo de todo tipo de infraestructuras que en las últimas décadas se ha acometido en España, tanto por iniciativa de los sucesivos gobiernos como gracias al buen uso dado a los abundantes fondos comunitarios que España ha recibido para ese fin, es más que suficiente para las necesidades y expectativas de desarrollo del país en la próxima década; y que más infraestructuras no siempre son sinónimo de más competitividad.
Aducen que el PEI hipotecará en niveles importantes al erario público a partir de 2014 y que manda a futuras generaciones y, sobre todo, a futuros gobiernos el problema de abordar el coste de este Plan porque a partir de 2014 -y ojalá entonces estemos ya fuera de la crisis- serán quienes asuman el canon anual pactado sin haber sido los impulsores de este iniciativa. Y también, que beneficia a las grandes empresas fundamentalmente porque son las que pueden dar al sector financiero garantías suficientes para poder endeudarse en los términos que exige este Plan.
Los que lo alaban defienden que la obra pública siempre ha sido, es y será motor de desarrollo general y fundamento de la actividad de la mayoría de empresas del sector, independientemente de su tamaño. Cualquier inyección de nueva actividad en este segmento beneficia a todas; a las que tienen capacidad y recursos para acceder directamente a las nuevas licitaciones, a las de menor tamaño y recursos porque podrán incluirse en UTE,s, y además el ministro Blanco ha prometido "trocear" convenientemente las obras para dar acceso a todas las empresas (cosa que ya hizo en su momento Álvarez Cascos con su propio plan de infraestructuras durante los dos gobiernos el PP).
Todas las patronales del sector, unánimemente, han mostrado un entusiasmo patente porque entienden que el PEI tendrá un efecto directo beneficioso para las empresas dedicadas a la obra pública y para reactivar el empleo, que el Ejecutivo ha cuantificado en el entorno de 400.000 empleos; a los que hay que sumar también los efectos indirectos que se producirán en los sectores industriales conexos, suministradores, subcontratas y proveedores.
Curiosamente las empresas concesionaras "puras" han mostrado un significativo silencio ante el Plan, porque éste no apela esencialmente al tradicional método concesional en el que es el usuario el que paga a lo largo de la vida de la concesión. El PEI es solo -y sin embargo es bastante en estos ominosos tiempos- un sistema tradicional de inversión pública en infraestructuras con cargo a los fondos presupuestarios, pero con pago aplazado. Más exactamente, una mezcla de "método alemán" (pago aplazado) y "peaje en sombra" (el Estado paga cada ejercicio en función de unos parámetros variables).
La negativa explícita de las instituciones financieras a considerar el riesgo de tráfico -antaño elemento fundamental de los retornos porque siempre era creciente y mayor que el considerado al negociar la financiación- como elemento que determine en el próximo futuro el importe de los retornos a lo largo de la vida de la concesión ha echado por tierra cualquier posibilidad de utilizar el método concesional clásico. Encontrar una fórmula para que el usuario pague, en función del "riesgo de disponibilidad", es casi imposible. Al final pagará el usuario y también todos los contribuyentes. Y pagarán a lo largo de parte de la vida útil de las infraestructuras acogidas a esta fórmula.
Sin conocer aún los proyectos concretos que este PEI va a incluir, ya sabemos que se aborda con un planteamiento muy pragmático: el criterio es incluir aquellos que sea posible abordar inmediatamente, no los que puedan considerarse prioritarios en función de su utilidad o su necesidad. Y para su inmediata puesta en marcha hay que solventar problemas de todo tipo. Unos, como los que afectaban a los enormes retrasos y complejidad de los estudios de impacto ambiental, se han intentado corregir en la Ley 6/2010 de 24 de marzo pasado.
Otros, como es el caso de las bajas temerarias -muy previsibles en estos tiempos de penuria- o el cierre de la financiación con el sector privado, dicen los que saben que se está trabajando a marchas forzadas para que los nuevos pliegos de licitación los solventen o, al menos, los minimicen.