ANÁLISIS
Otro cuento de la lechera desde Bruselas
La Comisión estima que sacará de la pobreza a 20 de los 80 millones europeos y propone una estrategia sin sanciones
La presentación del programa de la Comisión Europea para evitar el declive de la economía comunitaria recuerda al cuento de la lechera. De la defensa de las recetas realizada por el presidente del ejecutivo comunitario al presentar la estrategia económica para la próxima década, bautizada como "Europa 2020", lo único que parece realista es la aceptación por parte de Durao Barroso de que la crisis ha puesto al descubierto las flaquezas de Europa. Lo demás recuerda al un deja vu de proyectos anteriores que no se cumplieron. ¿Dónde está el objetivo de la agenda de Lisboa de hacer de la economía europea la más competitiva del mundo? Poca ambición por lo demás en la fijación de de cinco objetivos en las áreas de empleo, innovación, cambio climático, educación y lucha contra la pobreza. Poco más que el guión de un curso acelerado de una universidad de verano. Bruselas se ciñe a las amenazas de los grandes países comunitarios, contradice a Zapatero y elude hablar de sanciones a los gobiernos que no cumplan con las metas pactadas.
Tiene razón el portugués Durao cuando dice que seguir como hasta ahora no es una opción, pero el índice de materias presentado ayer evidencia una vez más que el portugués nada tiene que ver con las ambiciones del ex presidente Jacques Delors. Como mínimo se podía haber leído sus memorias y haber puesto algo más de carisma del que pone al presentar proyectos en los que les va tanto a los europeos.
Porque veamos, los cinco objetivos, calificados de ambiciosos pero posibles por parte del presidente de la Comisión, son los siguientes:
- Aumentar la tasa de empleo de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años hasta al menos el 75%, desde el 69% actual. Esto debería tener consecuencias muy positivas para el sostenimiento de las políticas sociales en Europa, pero falta por saber cómo en momentos de paro se va a poder conseguir un objetivo de estas características.
- Incrementar los niveles de inversión en Investigación y Desarrollo tecnológico desde el 1,9% del PIB comunitario hasta el 3%. De nuevo uno debe plantear dudas más que racionales cuando se analiza que en los presupuestos nacionales de los países más afectados por la crisis la primera decisión de los gobiernos respectivos es recortar la inversión en este apartado.
- En cuanto a la contribución comunitaria para la lucha contra el cambio climático Bruselas propone reducir un 20% las emisiones de CO2 respecto a los niveles de 1990, aunque la Comisión recuerda que sigue vigente la oferta europea de incrementar al 30% la reducción de emisiones si se dan las condiciones internacionales para ello.
- Probablemente podría ser más realista el objetivo de reducir el porcentaje de abandono escolar al 10% e incrementar hasta al menos el 40% el número de jóvenes con estudios superiores completos, desde el 31% actual. Pero las cifras se antojan especialmente difíciles de alcanzar en España si tenemos en cuenta las cifras de fracaso escolar que tenemos al día de hoy, como tan detalladamente muestran los estudios realizados por la Fundación de las Cajas de Ahorros.
- Finalmente se proponen sacar a 20 millones de europeos del riesgo de pobreza, desde los 80 millones actuales.
La Comisión está tan poco convencida de su propuesta, pese a la falta de ambición, que aunque estima que de seguirse sus recomendaciones podría generar un crecimiento del 2% en 2020, no se ha atrevido a incluirlo en el proyecto.
La proposición de tomar en consideración el punto de partida de cada Estado miembro es uno de los aspectos diferenciales respecto de lo planteado hace diez años en la agenda de Lisboa.
Sí que pretende en cambio conseguir lo que no logró la fallida agenda de Lisboa, la llamada "gobernanza", las reglas para hacer que los Estados miembros cumplan con los objetivos pactados.
Bruselas también propone un sistema de advertencias contra los países que no cumplan. Se utilizarán los nuevos instrumentos de supervisión que el Tratado de Lisboa pone en manos de la Comisión, pero descartan introducir sanciones, como en su día planteó Zapatero, porque según Barroso no hay base legal para imponerlas.
La Comisión en cambio fijará unos objetivos con cada país, realizará informes anuales sobre el estado de cumplimiento, hará recomendaciones y lanzará advertencias políticas, llegado el caso.
Según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Unión Europea vigilará el estado de las finanzas públicas de cada país. El proyecto debe superar ahora la criba de los Estados. El primer test deberá pasarlo en la cumbre de los próximos 25 y 26 de marzo y su aprobación definitiva podría realizarse en la cumbre de junio, al final de la presidencia española.
Las primeras reacciones del Parlamento Europeo no han podido ser más negativas. Coincide además izquierda y derechas en criticar el proyecto por falta de ambición. Sólo al secretario de Estado para la Unión, Diego López Garrido, empeñado en que durante este semestre todo lo relacionado con Europa suene bien, considera que la propuesta garantiza un control mucho más eficaz de los objetivos fijados pese a que no se incluyan sanciones. Un poco más de realismo y menos fantasmas de que quien le critica es la prensa de derecha no le vendría mal.