El final de la Semana Santa puede traer sorpresas en forma de intervenciones de cajas
El gobernador está harto de los manejos políticos y puede salir por los 'cerros de Úbeda'
Aquí nadie mira los resultados trimestrales, pero algunos echan humo justo un año después de la intervención de CCM
Los presidentes de las ocho mayores cajas españolas se reúnen una vez al mes, a comer, en Madrid, con el subgobernador del Banco de España y, normalmente, con el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. A algunas de estas citas ha asistido la propia vicepresidenta segunda, Elena Salgado, pero el gobernador es muy raro que aparezca. Sin embargo, Ariztegui lleva los mensajes y recoge las informaciones que se aportan.
En las tres últimas (las de este año) la tensión ha ido en aumento. Mientras las cajas pedían más tiempo y el Banco de España quería más ritmo en las fusiones, el Ministerio de Economía por fin aceleró la aprobación del FROB en Bruselas, pero nadie esperaba que las comunidades autónomas iniciasen un proceso de recursos ante el Tribunal Constitucional contra el fondo de reestructuración por presunta invasión de sus competencias. La política se ha hecho notar y Galicia, Madrid, Extremadura y la mismísima Generalitat de Cataluña se han revelado.
Fuera de reuniones y micrófonos, el gobernador ha hecho saber al Gobierno, a través de José Manuel Campa, que es con quien habla habitualmente, aunque tiene buena sintonía con la vicepresidenta, que está harto de interferencias políticas y que la situación no puede esperar a que el Constitucional delibere y dicte sentencia. El dinero no sabe de plazos judiciales y las cuentas de las cajas echan humo.
Esos números han sido los que han animado a Fernández Ordóñez a dar el paso de amenazar públicamente con intervenciones a las cajas que dilaten su proceso de reestructuración, bien por motivos propios o por interferencia de los gobiernos autonómicos. Este tipo de anuncios, sobre todo con la contundencia del último, llevan aparejadas acciones drásticas en plazos muy breves de tiempo, porque de lo contrario el sistema se relaja aún más. Esta es la razón por la que los presidentes de las cajas esperan a ver a quién le toca, aunque todos tienen claro que va a ser muy pronto.
En España, a diferencia de lo que ocurre en el mundo anglosajón de los negocios, nadie mira los resultados trimestrales de las empresas y casi ni las de los bancos y cajas. Todos los focos apuntan normalmente a las cuentas semestrales (las de 30 de junio y 31 de diciembre de cada año) para hacer las comparaciones. Pero 2009 ha sido diferente. El Banco de España ha obligado a todos a llevar a sus cuentas de resultados las provisiones y las pérdidas provocadas por los créditos de cobro dudoso.
Quince cajas han tenido por ello resultados negativos entre octubre y diciembre de 2009. Algunas de ellas, francamente abultadas. Quitando el caso de CCM, que se apuntó en ese trimestre 335 millones de pérdidas y ha terminado el año con patrimonio neto negativo, llaman la atención los 365 millones de Caja Madrid y los nada desdeñables 598 millones de Cajasur, cuya intervención parece cantada si su integración en Unicaja da un giro rápido y veloz, ya que se ha comido prácticamente los 780 millones que tenía de reservas y su patrimonio neto actual es aproximadamente la tercera parte de las pérdidas declaradas en 2009.
Ibercaja, la candidata que anda en boca de todos como posible novia de Caja Madrid, también se apuntó a las pérdidas en el último trimestre de 2009 con 32 millones de euros. Pero la pareja acude al matrimonio con distinta cara. Caja Madrid es cuatro veces más grande que Ibercaja, como lo demuestra su volumen de créditos a clientes (33.000 millones de Ibercaja frente a 119.000 de Caja Madrid). Sin embargo, las pérdidas trimestrales de la caja madrileña son diez veces superiores a las de su colega.
Nadie espera una intervención de alguna de las cajas grandes, pero entre las pequeñas comienza a haber nervios. Este tipo de operaciones se hacen siempre en fin de semana para no provocar pánico entre la clientela y el próximo es de tres o cuatro días, dependiendo de las comunidades autónomas. Un cambio rápido de la Ley de Cajas es muy difícil a estas alturas y los gobiernos autonómicos continúan jugando con fuego utilizando la baza de la imagen internacional de España.
Algunos altos cargos de las comunidades que han optado por recurrir el FROB ante el Constitucional aseguran en privado que el Gobierno se cuidará muy mucho de poner al gobernador del Banco de España sobre aviso de lo negativo que sería para España que, en mitad de su presidencia europea, se acometa una intervención masiva de cajas. Pero los tiros no van por ahí. Lo más probable es que caigan entre tres y cinco, de pequeño tamaño, cuyo activo total pueda presentarse fuera como muy pequeño en comparación con el conjunto del sector, pero serviría para meter presión a los políticos y a muchos presidentes que han sido nombrados por ellos.