El Consejo Económico y Social también exige modificaciones
Las financieras logran que el Gobierno se replantee la Ley de Crédito al Consumo
Desaparece la exigencia de un plazo de cinco días para la información precontractual al cliente
Las financieras creen que la introducción de ese plazo supone "una discriminación" entre los consumidores que compran al contado y los que lo hacen a crédito, ya que éstos no podrán beneficiarse de determinadas ofertas y promociones. "Si se evitara dicho plazo a demanda del consumidor, sus garantías no se ven mermadas ya que, si una vez recibida la información precontractual, decidiese llevar a cabo la compra financiada de un bien o servicio en el mismo momento, dispone de un derecho de desistimiento de 14 días, lo que posibilita su vuelta atrás", señala el argumentario de Asnef ante el anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo. Las financieras destacan que la vigente Ley de Ventas a Plazo ya contempla que el cliente pueda renunciar a ese derecho de desistimiento.
Las financieras han ganado una batalla, pero no la guerra. Quieren más cambios en la normativa que prepara el Gobierno. Por ejemplo, critican que "ha de entregarse toda la información referente al contrato tanto si hay o no oferta vinculante antes de la firma". Y que "en el momento del contrato ha de volver a entregarse toda la documentación de la que ya dispone con anterioridad".
Este aspecto, como "la imposibilidad de recuperación de los gastos ocasionados con motivo de la contratación y formalización del crédito" en caso de que éste finalmente no se haga, supone más costes operativos para las financieras, lo que "se traducirá sin lugar a dudas en un aumento del tipo de interés que se aplique a este tipo de operaciones". Esto significa que la nueva ley, si sale aprobada en su actual redacción, "no supondrá una norma que facilite el crédito al consumo y, por tanto, no ayudará a la venta de bienes y servicios, lo que frenará sin lugar a dudas la reactivación de la economía", señala el documento de Asnef, que preside José María García Alonso (Caja Madrid).
En cambio, el Consejo Económico y Social (CES) valora positivamente el anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, pero pide más claridad para garantizar una mayor seguridad jurídica del consumidor. Al CES le preocupa que se produzca inseguridad jurídica por el hecho de que los clientes no comprendan con precisión la norma, y pide que se precisen conceptos como "gastos mínimos", "coste total del crédito para el consumidor", "importe total adeudado por el consumidor", "importe total del crédito", "tasa anual equivalente", "tipo deudor", y "tipo deudor fijo", o expresiones como "cuando proceda", o como "sobre la base de información suficiente obtenida por los medios que considere necesarios".
En la línea de Asnef, el CES aboga porque la norma no suponga un menoscabo de la agilidad y de la fluidez del desarrollo habitual del tráfico jurídico mercantil y el consumo, siempre garantizando la protección al consumidor. Y recuerda la necesidad de garantizar en todo momento el respeto a los principios y garantías contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en referencia a los artículos 14 y 15 del anteproyecto, que permiten el acceso a bases de datos no definidas previamente y el intercambio de información entre los responsables de dichas bases de datos y prestamistas de diferentes Estados miembros con el objetivo de evaluar la solvencia de los consumidores.
Las financieras apoyan el proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, aprobado ayer en el Congreso de los Diputados, ya que medidas como "prestar especial atención a la identificación de los clientes y a la actividad que éstos realizan a la hora de contratar operaciones con ellos y mientras jure su relación" contribuirán a reducir el fraude. Curiosamente, el secretario general de Asnef, Honorio Ruiz, explica que 2009 ha supuesto una reducción del fraude detectado, pese a la crisis: "año tras año, se va debilitando". Y señala que las entidades aportan cada vez más datos al respecto: de un tercio del sector se ha pasado a la mitad. Por ello, no quiere hacer oficiales los datos internos, que indican que el fraude detectado ha descendido a menos de la mitad del año anterior.
Sí hay críticas al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible por el concepto de préstamo responsable, que también aparece en el de Ley de Crédito al Consumo. El argumentario de Asnef señala que "las entidades son las primeras interesadas en poder cobrar los créditos que conceden". Y que "la decisión de contratar la toma el cliente, que es quien realmente conoce el estado de su economía" y que puede no suministrar toda la información a la entidad a la que pide un préstamo. Por tanto, "no hay que encorsetar a las entidades a través de procedimientos reglados que pudieran traducirse posteriormente además en la transmisión de responsabilidades" a éstas.
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible pretende que se facilite la refinanciación de deudas. La patronal de establecimientos financieros de crédito señala que para ello ha de modificarse la Ley Concursal, "que establece un procedimiento para poder llegar a acuerdos de refinanciación que, en el caso de los créditos al consumo, donde se financian la adquisición de bienes muebles y donde la cantidad económica financiada no es grande, no es viable por su coste y duración".
Todo ello, tras uno de los peores años para el sector: la financiación cayó el 25,7% (el 37%, la de coches; el 63,8% los préstamos personales; el 40,8% los turismos nuevos); el número de contratos bajó el 18,9%. La morosidad se dispara el 63% sobre 2008(José María García Alonso cree que "seguirá subiendo, pero lo peor ha pasado") y ya supone el 22,4% en crédito al consumo y el 14,2% en automoción. El único dato positivo, al margen de la subida del 87,1% en turismos usados de negocio, es que la caída se ha ido ralentizando a medida que pasaban los trimestres.