Monitor de Seguro
El Director de Seguros visita el juzgado por segunda vez por el caso AMA
Pleitos tengas y los ganes
CCS: paga las deudas, coloca las pólizas y liquida Mercurio
También era completamente previsible que Lozano negase haber sido el autor de unas presuntas declaraciones aparecidas en prensa el pasado 23 de diciembre y a Seguros en las que se acusaba al consejo de AMA de haber desviado 40 millones de euros de sus mutualistas. Pero lo que sí ha trascendido, y eso no se sabía, es que el director general de Seguros se ofreció a realizar un desmentido de estas presuntas declaraciones al actual presidente de la aseguradora, Eudald Bonet, en la entrevista que mantuvieron ambos a instancias del propio Lozano, para tratar de encauzar la situación y normalizar las relaciones entre los máximos ejecutivos de la mutua y el supervisor del sector.
La Abogacía del Estado, que como es lógico se encarga de la defensa de Lozano, también aportó sus puntos de vista, entre ellos que considera una medida cautelar la ejecución de la inhabilitación de los directivos de AMA, pero que además los directivos renunciaron voluntariamente a sus cargos seis días después de la inhabilitación. Y, para confirmar su punto de vista, el abogado del Estado afirma que la mutua no ha recurrido la resolución de la DGSFP ante el Ministerio de Economía, cuyo procedimiento seguiría después ante el tribunal contencioso-administrativo, y que la aseguradora se ha limitado simplemente a recurrir las sanciones monetarias impuestas por sus irregularidades. Finalmente la Abogacía del Estado solicitó el sobreseimiento libre de todas las querellas.
Lógicamente los abogados de AMA opinan todo lo contrario que los del Estado y han solicitado que Seguros remita al juzgado el informe jurídico en el que se basa la orden de inhabilitación y el nombre del abogado del Estado que elaboró ese informe.
También consideran que la ejecución de la resolución de inhabilitación fue un acto coactivo e ilegal ya que no se debería haber ordenado porque todavía era posible efectuar un recurso de súplica ante la Audiencia Nacional y de casación ante el Supremo.
Pero es que además, el abogado de la aseguradora considera que esta resolución ya está recurrida dentro del procedimiento que tramita la Audiencia Nacional y que tiene pendiente de resolver un recurso de súplica presentado por la entidad contra el auto dictado el pasado 13 de noviembre que mantuvo la inhabilitación y admitió la suspensión de las multas impuestas a los tres directivos, bajo la condición de que cada uno presentara un aval bancario de 225.000 euros y que éstos presentaron su dimisión coaccionados por la DGSFP.
Y para terminar, el abogado de la aseguradora -no se sabe muy bien si para embarullarlo todo un poco más o porque realmente pueden aportar algo de luz al caso en contra de Lozano- ha solicitado al juez que llame a declarar a un montón de gente: Mercedes Benito, jefa de personal de la mutua; Fernando Moreno Gamazo, el primer inspector de la DGSFP que revisó la situación económica de AMA en mayo de 2007; Concepción Bermúdez, jefa de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA) y a Ignacio Macheti, director general del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Pero es que además también piden las testificales de un par de periodistas que han publicado varias cosas alguna atribuida a Seguros y otra el propio director de DGSFP, que han sido la base para una de las demandas.
Y si esto ha sido por una inhabilitación, que se prepare Lozano la que le puede caer por la disolución de Seguros Mercurio, la aseguradora de Gerardo Díaz Ferrán, y Gonzalo Pascual, si el presidente de los empresarios y su amigo se ponen en el mismo plan que los anteriores dirigentes de AMA, con denuncia va, querella viene. Aunque en este último caso parece que la cosa en ese sentido está más clara debido a su "grave situación patrimonial y de liquidez", que hacía que esta misma semana no pudiera afrontar el pago de siniestros, por lo que no es de esperar que produzca denuncia alguna contra la actuación de Seguros, pese a las protestas de los dirigentes de la aseguradora que afirman que habían pedido una prórroga de unos días, que no ha sido atendida por Seguros.
CCS: paga las deudas, coloca las pólizas y liquida Mercurio
Como en todos estos casos es el Consorcio de Compensación de Seguros el organismo encargado de liquidar Seguros Mercurio y se ha fijado un plazo de dos meses para traspasar la cartera de clientes a otra entidad aseguradora antes de recurrir a la liquidación de la compañía. Para colocar esa más de 49.000 pólizas -que están libres de siniestros ya que el CCS se hace cargo de pagar a los perjudicados todas las cantidades pendientes- el Consorcio exige a la compañía que las adquiera que debe mantener íntegras las coberturas hasta el vencimiento natural de los seguros, y en las mismas condiciones que tenían con Mercurio.
El organismo que dirige Ignacio Machetti pretende además que la mayor parte de los 82 empleados de la compañía en proceso de disolución que sean traspasados también a la aseguradora adjudicataria, pretensión que también ha sido anunciada por los propios trabajadores y por alguna que otra central sindical.
Quienes están con la mosca tras la oreja por esta disolución son los talleres y las grúas que prestan servicio a los siniestros de los asegurados de Mercurio por eso de que cobren tarde, mal y nunca. Por eso el Consorcio se ha apresurado a afirmar que "asumirá las deudas que tuviera Seguros Mercurio y las que pudieran surgir por nuevos servicios prestados hasta que concluya el proceso de cesión de cartera, en concepto de siniestros derivados de póliza de seguro".
Los consejeros de Previsión Sanitaria cobran de la Administración
Y hablando de procesos, menos mal que Ricardo Lozano fue nombrado director general de Seguros en 2004, que si no seguro que también le hubieran culpado de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha obligado a la Administración a indemnizar con más de 210.000 euros a los ocho consejeros de la aseguradora Previsión Sanitaria Nacional que fueron cesados de sus cargos por la Dirección General de Seguros (DGS) en 22 de mayo de 1997 por presunta negligencia, según la sentencia dictada el pasado 3 de febrero.
El Alto Tribunal confirma que Seguros incurrió en responsabilidad patrimonial del Estado debido al mal funcionamiento de los servicios públicos y concluye que la sustitución del órgano de administración de Previsión Sanitaria produjo un perjuicio a los consejeros destituidos.
La sentencia considera que el cese de los consejeros de la mutua fue "ilegal", pese a que se hubiera acordado como medida de control especial, como dice el artículo 39 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Lo dicho, de esta última, se escapa Lozano, pero aunque también consiga salir de los anteriores, seguro que se queda tocado de una u otra forma. Así que, como la maldición gitana, "
Tengas pleitos y los ganes"