El Gobierno mantiene su enfrentamiento larvado con la Junta extremeña, dirigida también por el PSOE
Zapatero, con el silencio del PP, 'duerme' en el Constitucional el impuesto a los depósitos bancarios
Aznar interpuso un recurso contra la tasa hace ocho años, que el Ejecutivo socialista no ha retirado
El Gobierno invocó además el artículo 161.2 por el cual las leyes autonómicas recurridas quedan suspendidas inmediatamente, pero el Tribunal Constitucional atendió los argumentos expuestos por la Junta de Extremadura en contra de la suspensión de la resolución hasta que se entrase en el fondo de la cuestión, y por consiguiente, desde entonces el impuesto se exige a las entidades financieras, aunque la inmensa mayoría no paga utilizando las herramientas legales al uso.
El PSOE llegó al poder en 2004 y retiró bastantes recursos de inconstitucionalidad del Gobierno del Partido Popular. En concreto, otros dos tributos propios extremeños, el que afecta a suelos sin edificar y edificaciones abandonadas, así como el que grava las instalaciones nocivas para el medio ambiente, se libraron de la espada de Damocles de la inconstitucionalidad al decidir los socialistas que se desistiera del recurso interpuesto por Aznar. Sin embargo, bajo la influencia de los grupos de presión financieros, Rodríguez Zapatero que apoyó la medida extremeña en 2001, ha mantenido el recurso contra el impuesto a los depósitos de las entidades de crédito.
El Tribunal Constitucional ha informado a capitalmadrid que a día de hoy todavía no hay señalamiento para su entrada en pleno, aunque sí hay ponencia. Las razones por las que tras más de ocho años todavía no hay una resolución se explican, como siempre en el Tribunal, por la gran cantidad de recursos pendientes, pero siempre hay "prioridades". El pleno, en las últimas estadísticas disponibles dicta poco más de 22 sentencias al año, y hay una acumulación de más de un centenar, por consiguiente el tributo a la banca puede dormir en el sueño de los justos unos cuantos años más.
La gravísima crisis económica que sufren España y otros países ha puesto en el disparadero el comportamiento de los bancos, y se ha reabierto con gran ruido mediático el debate sobre los impuestos a las entidades financieras. Además, en el caso español, la ruina fiscal de la mayoría de las comunidades autónomas, obliga a buscar nuevos ingresos, y los procedentes de los bancos nunca son mal vistos por la ciudadanía, por lo que una sentencia favorable del Constitucional a Extremadura, tendría, a buen seguro, inmediatos seguidores.
La ley extremeña impide repercutir jurídicamente a terceros la cuota del impuesto y su finalidad es el desarrollo económico de la región, por eso introdujo deducciones importantes por inversiones concertadas o aprobadas por la Junta y proyectos de interés general.
Con este panorama, en el que se aprecia claramente el desinterés de los dos partidos políticos nacionales más votadas en mover el asunto, el número uno, que no líder, de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha fracasado, y ni siquiera ha conseguido al menos eco mediático, con una propuesta para imponer una "tasa de responsabilidad social a los bancos", sobre la que José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso ha declarado que es un debate que debe hacerse en el seno de la Unión Europea. Es decir, que por libre nada. No se descarta en cualquier caso que su propuesta abra un debate en el seno de la Ejecutiva Federal del PSOE.
El impuesto extremeño está bastante bien estudiado ya que cuantos más fondos se destinen a proyectos y obra social que generen empleo y riqueza en la región, menos será el coste impositivo. Fuentes de la Junta han informado a capitalmadrid que hay entidades que bien por su extensión de red en la región, que también deduce, o por haber invertido bastante, no han tenido que abonar nada. Otras, la mayoría, según una fuente bancaria, recurren las liquidaciones sin realizar ingreso alguno, avalando el importe, y algunas pagan en plazo la cuota que les corresponde.
La Junta cifró en 2002 los ingresos estimados por la tasa a los bancos en cerca de 30 millones de euros, mientras que Izquierda Unida aseguraba que no alcanzarían los 10 millones. Actualizando el impuesto y trasladándolo al conjunto de España, el ingreso fiscal para las Comunidades Autónomas podría superar los 3.000 millones.