Monitor del Seguro
Las mayores exigencias provocan una reacción airada de las compañías
Solvencia II pone en riesgo al Seguro
Unespa arrima el ascua a su sardina de las pensiones y los PPA
Ahora el Comité Europeo de Seguros y Reaseguros (CEA) ha venido a dar la razón al presidente de Mapfre, al presentar un informe que advierte sobre los efectos tan negativos que podría tener, no sólo para las aseguradoras de Viejo Continente sino también para los asegurados y para la propia economía europea, unas desproporcionadas y excesivamente elevadas exigencias de capital.
"Los precios de los seguros de vida podrían incrementarse hasta un 20-30%, mientras que en no-vida, la repercusión se situaría entre un 5- 20%, en determinadas modalidades", según el informe de la asociación empresarial europea de la industria aseguradora, con el da respuesta a otro elaborado por el Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación (Ceiops en inglés), para asesorar a las autoridades europeas que no es vinculante, pero que si se llega a aplicar puede suponer "una regresión al esquema anticuado y simplista de agregar "prudencia sobre prudencia" en los requerimientos financieros que impone".
Para Tommy Persson, presidente del CEA, el enfoque del informe de Ceiops "plantea serias preocupaciones, ya que es negativo para los consumidores, negativo para la economía europea y negativo para la industria de seguros".
Es fácil de entender que si a las compañías de seguros europeas se les pide una cifra desorbitada de capital para asegurar que cumplirán sus compromisos, los seguros que vendan estas empresas deberán ser más caros que los otras (americanas, asiáticas...) que no tengan esa rémora. Por tanto una petición excesiva de capital "podría afectar a la competitividad del sector asegurador de la UE y su capacidad para atraer nuevos capitales, situándolo en desventaja en el mercado mundial".
El informe de CEA señala que según las últimas estimaciones, "el capital de solvencia requerido bajo Solvencia II podría ser de entre un 65 y un 75% superior a la calibración del modelo estándar mientras que los recursos de capital disponibles pueden sufrir una reducción de entre un 20 y un 50%". Otras estimaciones más conservadoras apuntan a que los nuevos requisitos de Solvencia II supondrían "una carga adicional de capital de entre un 30 y un 50% para el sector".
Esa carga de capital adicional, que afectaría más a los productos con mayor consumo de capital (como rentas vitalicias y garantías de capital en el seguro de vida, responsabilidad civil, tanto en autos como general en el mercado no vida), provocaría además la reducción de la cobertura y del volumen de prestaciones a los asegurados, y la reducción de la capacidad de financiación de las líneas más afectadas.
El informe de la asociación empresarial europea de la industria aseguradora es demoledor a la hora de analizar las consecuencias para la industria aseguradora europea de unas cargas de capital sustancialmente mayores, ya que señala que "podrían reducir los rendimientos al inversor, lo que podría desencadenar una disminución en las nuevas entradas de capital en el sector (vía acciones y/o deuda), empeorando con el tiempo la capacidad de suscripción de la industria, y aumentar los costes de financiación del negocio asegurador".
El crear un "campo de juego con reglas distintas" respecto del resto de competidores, lo que disminuiría las oportunidades de empleo de calidad en Europa en beneficio de EE.UU. y Asia, reduciría el crecimiento general del sector en los próximos años. En este contexto de capitales demasiado elevados, las aseguradoras de tamaño pequeño y mediano son las más afectadas por los grandes incrementos de capital, ya que no disponen de los beneficios de la diversificación ni de las economías de escala, por lo que pueden verse forzados a fusionarse o a abandonar el negocio.
Pero quien sale más perjudicado sin duda es el propio asegurado, ya sea nivel individual o empresarial, ya que en el ramo de vida, el precio de muchos productos "podría subir hasta un 20-30% debido a los mayores requisitos de capital, los más altos costes de financiación y la reducción de los ingresos por inversiones". Además, se reducirá la oferta de pólizas de vida con rentabilidad garantizada y los consumidores no podrán o no querrán asumir por si mismos el riesgo de la inversión, lo puede provocar "un grave infra-aseguramiento en la cobertura de las necesidades de financiación de la jubilación".
Por otra parte, los fondos de jubilación, pueden caer entre un 30 y un 50% --según el país y el producto-- para compensar los costes de los incrementos de. Por tanto, los asegurados van a tener que reducir su consumo actual, e "incrementar su ahorro para la jubilación hasta en un 50%" si quieren mantener sus objetivos futuros de bienestar.
En los ramos no vida, los mayores requisitos de capital tendrán una repercusión menor en cuanto al precio, cuya subida oscilará entre el 5 y el 20% para productos intensivos de capital, como lo son los que tiene una mayor exposición a los riesgos de las catástrofes naturales o los "de cola larga" , que tiene reclamaciones que producen pagos durante largos periodos de tiempo, como los responsabilidad, "debido a los costes de capital más elevados, costes de financiación mayores y el coste superior de transferencia de riesgos".
Finalmente, unos requisitos demasiado elevados de capital restringirían el papel de la industria aseguradora "como amortiguadora del riesgo" y, además, como inversor institucional y como proveedor de riesgo y de capital de riesgo para financiar el desarrollo económico a largo plazo, "con un impacto negativo directo sobre el crecimiento del PIB".
El CEA, que respalda plenamente la Directiva Marco de Solvencia II de la Unión Europea en la forma en que fue aprobada, considera que es necesario un equilibrio entre la protección del consumidor a través de los requisitos de capital y la necesidad de garantizarle una amplia gama de productos de seguros a precios competitivos mediante el apoyo a una industria aseguradora europea competitiva y saneada, por lo que pide a la Comisión Europea que "adopte este enfoque equilibrado", y que "refleje plenamente el espíritu de la Directiva Marco en la elaboración de las medidas de implementación".
Unespa arrima el ascua a su sardina de los fondos de pensiones y de los PPA
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y los planes de pensiones han ocupado gran parte de las portadas de los diarios durante la pasada semana. Unas declaraciones -inocentes para unos y no tanto para la mayoría- de Corbacho diciendo que era bueno que la gente se hiciera un plan de pensiones privado para cubrir la merma de ingresos que supone la jubilación pusieron al ministro en la picota informativa, pese a reiterar que el actual sistema público de pensiones goza de buena salud.
Que si el ministro de la Seguridad Social tiene un plan de pensiones privado, que si no se fía del público, que si la mayoría o la casi totalidad de los miembros del Gobierno, incluido el presidente, tienen un plan de pensiones privados, que si a la gente no le llega le dinero para suscribir un plan de pensiones...Pero, lógicamente, desde donde más le han llovido las críticas ha sido desde las filas del principal partido de la oposición.
Desde el PP han comparado esas declaraciones con unas de Solbes en 1995, cuando era ministro de Hacienda y el sistema de Seguridad Social era deficitario. Eran, según el PP, "los peores tiempos del anterior Gobierno socialista".
Aunque más crítico fue todavía Tomás Burgos, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, que acusó a Corbacho de ser un "comercial de las aseguradoras" y le pidió que asumiera su responsabilidad "para dirigir una política que extienda sistemas complementarios de pensiones al mayor número de ciudadanos, desde la acción del Gobierno y no con titulares". Además, Burgos afirmó que el Ejecutivo había mirado para otro lado en 2003 cuando se propuso esa complementariedad de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
Y mientras tanto, Corbacho ha aguantado estoicamente el chaparrón como ha podido y han sido muy pocos los que han salido en su defensa. Curiosamente quienes más le han defendido provenían de la filas de la patronal.
Desde Unespa, su presidenta, Pilar González de Frutos, en su línea de siempre, ha defendido con uñas y dientes al seguros, a las aseguradoras y a los productos que éstas comercializan. González de Frutos considera que todo el mundo debería aspirar a tener un complemento de renta cuando se jubile, con independencia de que el aporte principal provenga de la pensión pública. Además, para la presidenta de la patronal de seguros lo que debería sorprender no es que el ministro de Trabajo tenga un fondo de pensiones, sino que la mayoría de los ciudadanos no tengan ese complemento. Claro y quien dice un plan de pensiones (las compañías de seguros son gestoras de planes de pensiones) dice un PPA (plan de previsión asegurado), que es un producto exclusivo de las compañías de seguros y que funciona prácticamente con las mismas ventajas e inconvenientes que los planes de pensiones.
Esa ha sido desde siempre una de las demandas de González de Frutos, que se apoyen y se fomenten el segundo y el tercer pilar complementarios de sistema de protección social, los planes de empleo y los planes individuales como complementarios al sistema público. Además, otra de las batallas en las que está enfrascada la presidenta de Unespa es la del tratamiento fiscal a los productos de ahorro a largo plazo, que según la reforma fiscal de uno de los gobiernos de Rodríguez Zapatero da el mismo trato fiscal a las rentas de estos productos -que son a largo plazo- que a los especulativos.
Las declaraciones de Corbacho también han recibido el apoyo de la patronal de los fondos de pensiones. El director general de la Asociación Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez Aldama, está totalmente de acuerdo con lo afirmado por Corbacho y considera que habría que ir a un sistema mixto en el que la mayor parte corresponda a la prestación pública, pero en el que el ahorro privado adquiera un mayor protagonismo, como pasa en la mayoría de los paises de la OCDE.
Como la presidenta de Unespa, Martínez Aldama también considera que "cuanto antes se empiece a ahorrar, mejor", y que se tiene que mejorar el actual régimen fiscal de los planes de pensiones privados, ya que ahora sólo permite a los menores de 49 años se desgraven hasta 10.000 euros anuales en su declaración de IRPF y 12.500 euros para los mayores de 50 años.
Quien le iba a decir a Corbacho que sus mayores apoyos iban a venir de la patronal. Está visto que la política (y en este caso también en los planes de pensiones) hace extraños compañeros de cama...