Ha ordenado una valoración acelerada de los activos para fijar el precio de traspaso a una sociedad anónima
Perdida Caja Madrid, Ignacio González quiere privatizar el Canal de Isabel II antes del verano
La nueva sociedad asumirá la casi totalidad del personal y los activos no vinculados a sus infraestructuras básicas
El objetivo prioritario de esta legislatura es crear una sociedad anónima. Se le transferirá la casi totalidad del personal así como los activos no afectos a las infraestructuras básicas del Canal. No se transferirán a la sociedad anónima aquellas infraestructuras que se han realizado con los recursos públicos como las presas y las rede de abastecimiento entre otras.
En cambio todo aquello que se pueda justificar como no afecto como son los edificios y los solares pasará a la nueva sociedad anónima que de manera tan oculta están promoviendo tanto los nuevos ejecutivos del Canal como desde el entorno del vicepresidente primero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González.
Está previsto, si todo discurre como han comentado a www.Capitalmadrid.info, que se suscriba un contrato programa entre el Canal Público y la Sociedad Anónima mediante el cual ésta se hará cargo de la gestión de la nueva sociedad. Expertos en sociedades del agua recuerdan que es un proceso similar al que se realizó cuando se constituyó la red de difusión de las señales de televisión, Retevisión, que el Partido Popular encomendó poner en práctica como consejero delegado a Ildefonso de Miguel.
En la actualidad hay varias consultoras, muchísimas según fuentes próximas a la Comunidad de Madrid, que están procediendo a realizar la valoración de todos los activos pertenecientes al Canal de Isabel II para estimar, concretar y justificar su valor por una parte y para decidir cuales son susceptibles de transferir a la sociedad anónima que se constituirá para privatizar a la empresa que gestiona las aguas en Madrid.
Es el procedimiento para poder cifrar su capital social. A la nueva sociedad anónima se incorporarán también las empresas participadas, que se están valorando de igual forma.
El objetivo es que todo este proceso esté listo antes del verano para que la decisión no pueda ser utilizada durante la campaña electoral. Dado el efecto mediático que tuvo la discutible concesión del campo de Golf del Canal, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado ilegal dando la razón al ayuntamiento, tratan de aligerar todo el procedimiento al máximo y realizarlo con el mínimo de publicidad posible.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal que llevaron adelante con el argumento de que se trataba de una obra de "excepcional interés general". La sentencia vuelve poner en la picota al vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, quien primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicaría a un socio de su familia. Entre los argumentos utilizados para concedérselo a una de las sociedades afectadas se hablaba de la experiencia en el tratamiento de césped de campos de golf, si bien el afectado goza de césped artificial, lo que sirvió para convertirse en chirigota entre los sufridos empleados del Canal.
La construcción del campo de golf se terminó justo antes de las elecciones autonómicas de 2007. La explotación de las instalaciones deportivas se la concedió el Canal a un consorcio formado por tres empresas. Una de ellas, denominada Tecnoconcret, era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de Ignacio González. No consta que el vicepresidente se abstuviera en el consejo de administración del Canal que aprobó la adjudicación y ocultó al resto de consejeros la vinculación que su familia tenía con el dueño de Tecnoconcret. La empresa no tenía ninguna experiencia en el sector y había sido constituida pocos meses antes.
El Gobierno de Aguirre decidió, en octubre de 2006, modificar el proyecto de crear un parque público en un solar propiedad del Canal de Isabel II para incluir un campo de golf. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, le negó la licencia municipal y la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) también puso reparos.
Tanto IU como las dos asociaciones vecinales de Chamberí, que se opusieron a las instalaciones deportivas, han pedido que se desmonte el campo de golf y se instale el parque público que el PP prometió cuando el presidente autonómico era Gallardón.
Si bien IU ha vuelto a recordar que la construcción del campo de golf estuvo rodeada de escándalos, en clara alusión a la participación de familiares de Ignacio González, una vez más el PSOE de Madrid ha permanecido en silencio. El ala izquierda de los socialistas madrileños, la más activa, mantiene reuniones casi diarias de cara a promover unas elecciones primarias para designar tanto al candidato a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital. Siguen sin comprender la actitud pasiva de oposición que mantienen frente a las actitudes más criticables del Gobierno de Esperanza Aguirre bajo la excusa de que el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, declarara en su día a la SER, que a diferencia de su predecesor, Rafael Simancas, no convertiría la denuncia de los excesos públicos del PP en el leitv motiv de su oposición.