Monitor del Seguro
El juez acepta dos nuevas querellas contra Ricardo Lozano
Seguros, judicializado
Los excelentes resultados de MAPFRE no se reflejan en su cotización
En la primera de estas nuevas querellas, la mutua acusa a Lozano de un presunto delito de calumnias y otro continuado de prevaricación por unas declaraciones aparecidas en la prensa y atribuidas a Seguros, en las que se acusaba al consejo de la aseguradora de haber desviado 40 millones de euros de sus mutualistas. En la segunda, el ex presidente de AMA Diego Murillo y los antiguos consejeros de la mutua Manuel Campos y Manuel Sánchez, actualmente inhabilitados por la sanción impuesta por la Dirección General de Seguros, acusan a Lozano de realizar actividades prohibidas a funcionarios; más concretamente de vulnerar el artículo 441 del Código Penal, porque en su domicilio particular tiene la sede de la empresa Versus AFL, que apodera su mujer, Ana Isabel Fernández, y que se dedica desde hace ocho años a la auditoría de empresas de seguros.
El pasado día 2, Lozano declaró ante el juez por la primera de todas estas querellas. En su comparecencia, que duró cerca de dos horas, el director general Seguros trató de escurrir el bulto en todo este asunto, y señaló que fue un inspector del organismo -Jorge Domínguez de María- la persona que tramitó el expediente y, por lo tanto, el responsable de incorporar los documentos internos de AMA -esos que, según la empresa, sólo podían conocer personas de la alta dirección, y por lo que se le imputa un presunto delito de revelación de secretos-. Además, y por elevación, Lozano apuntó al Ministerio de Economía, que fue quien en última instancia, impuso la sanción a la mutua.
En este mismo sentido fueron las declaraciones del anterior subdirector de Inspección del organismo de control de los seguros, Juan Pablo del Olmo, que también afirmó que conocía las actuaciones del expediente abierto a AMA, así como la incorporación de los documentos internos de la muta, y, como Lozano, responsabilizó de todo ello al inspector Domínguez de María. Del Olmo, además, declaró que Seguros había recibido muna carta, con fecha 5 de junio de 2008, desde un número de fax "secreto", en la se afirmaba que el consejo de AMA había acordado sustituir a Deloitte por KPMG para auditar las cuentas y cuya única finalidad, según la denuncia de la aseguradora, era la de impedir la celebración de la junta de mutualistas del 30 de junio de ese año.
Estas declaraciones fueron rápidamente aprovechadas por AMA para solicitar que se imputara en su denuncia al citado inspector.
También han prestado declaración los otros dos imputados por AMA en este caso: la antigua auditora de la aseguradora, Rosa María Flores, y su marido, Javier Córdoba. Flores negó haber filtrado documentación interna de la mutua a Seguros y señaló que en ningún momento tuvo acceso a la documentación que aludes la querella ni tuvo conocimiento de que Seguros estuviera llevando a cabo una investigación sobre la mutua, ya que su sitio estaba un escalón inferior al consejo de administración.
Córdoba, por su parte, declaró que era mutualista y miembro de la asamblea de AMA como propietario de la sociedad 'Global Control Consulting' y que la documentación que presentó ante la Dirección de Seguros era "pública" y cualquiera podía tener acceso a ella a través de la página web de AMA. Este imputado afirmó que recibió a principios de 2008 la convocatoria oficial de una reunión de la asamblea de AMA donde se omitían dos puntos del orden del día que sí figuraban en la web y que se referían al cambio de auditores y a la modificación de los estatutos, por lo que decidió comunicárselo al organismo de control.
De momento, el expediente abierto por el organismo de control de los seguros contra AMA, se resolvió en octubre pasado con la inhabilitación y suspensión temporal en el ejercicio de sus cargos del presidente de la mutua, Diego Murillo, su secretario, Manuel Campos, y el ex secretario Manuel Sánchez, además de una multa de 675.000 euros. Esta suspensión de cargos fue ratificada el pasado mes de noviembre por la Audiencia Nacional y los afectados dimitieron.
Y así están las cosas por el momento, en esta historia de "acosos y derribos", que empezó en 2006 y cuyo final se ve todavía muy lejano.
Los excelentes resultados de MAPFRE no se reflejan en su cotización
No hay quien entienda ni a los analistas ni al propio mercado. Resulta que Mapfre, la primera aseguradora española y también la primera en no vida de Latinoamérica, presentó sus resultados correspondientes la ejercicio de 2009 el pasado día 3, unos resultados que con la que está cayendo pueden y deben calificarse como brillantísimos, y pese a ello la acción ha sido duramente castigada en los últimos días.
La aseguradora que preside José Manuel Martínez, aumentó su beneficio casi un 3% hasta los 9,26 millones; sus ingresos un 6,3% hasta los 18.830 millones; las primas emitidas y aceptadas aumentaron más de un 9% hasta los 15.606,8 millones; redujo su deuda neta en 2009 en más de 980 millones, con lo que prácticamente ha amortizado la compra de la aseguradora estadounidense Comerse, por la que pagó 1.538 millones y, además, mantiene el dividendo que está en torno al 5% del valor de la acción, muy por encima de la rentabilidad que pueden ofrecer la práctica totalidad de productos financieros.
Además, la compañía está muy bien posicionada internacionalmente, ya que más del 51% del negocio procede del exterior y espera que en los próximos años siga creciendo este porcentaje porque los mercados en los que opera son muy maduros y sus alianzas cada vez están más consolidadas.
Y, para colmo, Mapfre es una de las pocas sociedades que puede acometer compras, ya que cuenta con los recursos y capacidad necesaria, según destacó su presidente. Según Martínez, "Ppra poder realizar compras hay que tener capacidad, que lo hagamos o no depende de las circunstancias. Depende de si hay cosas interesantes. Y nosotros nos caracterizamos por hacer compras razonables".
Martinez también expresó que además de su solidez, no tienen ningún problema de liquidez, ya que aunque pertenecen al sector financiero su negocio es asegurador y, por tanto, muy distinto al bancario, ya que ellos cobran por adelantado.
Con todos estos datos, ¿qué más puede pedir un inversor?
AIG, otra vez a vueltas con los bonus
Una vez más, la aseguradora estadounidense American International Group (AIG) se ha visto envuelta en una fuerte polémica por el asunto de las primas extraordinarias o bonus que paga a sus altos ejecutivos. En esta ocasión, la aseguradora ha adelantado el pago de las bonificaciones correspondiente a este año, que estaba previsto para mediados del próximo mes de marzo, y ha distribuido 100 millones de dólares entre sus ejecutivos, en total unas 400 personas.
La mayor parte de esos pagos corresponden a personal de la división de productos financieros que, con sus arriesgadas inversiones, puso en peligro de quiebra en 2008 a la que era hasta ese momento la mayor aseguradora del mundo, y que necesitó el mayor rescate gubernamental de la historia, ya que recibió cerca de 182.000 millones de dólares de fondos públicos, por lo que tuvo que dar como garantía el 80% de sus acciones al Gobierno.
La aseguradora se escuda en que al adelantar estos pagos ha conseguido reducir en 20 millones la cifra inicialmente prevista, que corresponde a contratos firmados en 2007, previos a toda la crisis y a las ayudas gubernamentales, para evitar que esos ejecutivos abandonaran la firma en ese momento.
Pese a estos argumentos las críticas les han llovido, tanto a AIG como a los beneficiarios de estos pagos, desde todas partes, principalmente por parte de muchos senadores, como ya sucedió el pasado año. Pero esta polémica es una reproducción mucho más "light" que la vivida en marzo de 2009, cuando en medio de ese cuantioso rescate se supo que la aseguradora iba a "premiar" a muchos de sus ejecutivos con 165 millones de dólares. Autoridades económicas, senadores, congresistas y hasta el propio presidente Barac Obama intervinieron en esa agria y dura polémica, con amenazas de cobros de impuestos especiales a los beneficiarios si no renunciaban a cobrar esas primas. Incluso muchos de los beneficiarios llegaron a recibir amenazas de muerte.
Pero al final todo se quedó en eso en amenazas, en indignación y, sobre todo, en mucho bla, bla, bla, porque lo cierto es que los ejecutivos cobraron la mayor parte de las primas a las que tenían legalmente derecho. Y este año ha vuelto a pasar lo mismo.