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Publicado el lunes 22 de febrero de 2010
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Monitor de la Construcción

2010 será otro 'año horrible' para el sector

Los recortes del gasto castigan la obra civil

La construcción ha perdido 867.000 empleos en los dos años de crisis

Obra civilIgnacio Mulas.– Los anunciados recortes del gasto público van a tener una nefasta repercusión en la actividad de la construcción en un año como éste, en el que el sector está ya en cotas muy negativas a causa de las singulares caídas de actividad ocurridas en los dos años anteriores y, en consecuencia, protagonizando una enorme pérdida de empleo. Este annus horribilis para la construcción se ha iniciado con muy malas perspectivas a corto plazo, ya que la actividad sale de un ejercicio 2009 en el que -con los datos de la Contabilidad Nacional recientemente adelantados por el INE, si bien no hay que descartar algunos retoques posteriores, como viene siendo habitual en los últimos tiempos- ha cerrado los cuatro trimestres con caídas sucesivas siempre superiores a los dos dígitos. Y si bien el último trimestre del año recortó algo la tónica general de los tres trimestres anteriores volviendo a la cota negativa del 10,2%, similar a la del último trimestre de 2008, los nueve primeros meses del año se situaron en torno a una media del 11,5%. Todo ello a pesar de las importantes ayudas que han significado los dos planes de apoyo al sector a través de fondos del PlanE para fomentar obras en el ámbito municipal.

Ya son dos años en los que la producción en construcción no ha presentado cotas positivas en ningún trimestre y ello está siendo letal para el empleo y el tejido empresarial tanto directo como inducido, pues la construcción ejerce un notable efecto de arrastre en otros sectores, desde el ámbito de la subcontratación, hasta el de proveedores de materiales, el de maquinaria o el de tareas especializadas. En los dos últimos años, el sector de la construcción ha perdido 867.600 empleos, de los cuales 378.000 corresponden al ejercicio 2009.

La caída de la licitación del Ministerio de Fomento en 2009, añadida al importante recorte de los fondos comunitarios que durante los últimos años han contribuido enormemente a aumentar la dotación de infraestructuras del país y que tan bien fueron aprovechados por los sucesivos Gobiernos nacionales, y el recorte anunciado ahora en las previsiones de inversión en infraestructuras para este año y siguientes, ponen en muy mala perspectiva la actividad de construcción de obra civil, único subsector que durante estos dos últimos años ha podido mantener cotas aceptables de actividad.

Desaparecida en combate la Edificación Residencial –en 2010 ni la vivienda libre ni la VPO van a levantar cabeza, incluso van a caer aún más en términos de producción de nueva obra-; sometida la Edificación no Residencial a la natural cautela de inversores y empresas en cuanto a incurrir en gastos de nuevas inversiones en este campo tal como está el panorama de la actividad y el crédito, más proclives todos los actores a intentar salvar la propia existencia que a emprender nuevas aventuras; y pendiente la Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios de la puesta en marcha de las medidas anunciadas en la Ley de Economía Sostenible –a ver cómo salen del debate en el Congreso- que en cualquier caso es difícil que sean operativas durante 2010, sólo la Obra Civil parecía ser capaz de aportar algo de actividad que contribuya al mantenimiento de este antaño importante sector productivo y contener la marea de paro generado por el sustancial descenso de la actividad constructora. Pero los recortes anunciados recientemente echan al traste esta esperanza.

El Gobierno pretende ajustar en 50.000 millones el gasto de las administraciones públicas en el período 2010-2013. Del recorte de 5.000 millones anunciado para este año Fomento deberá absorber la mitad, unos 1.760 millones, en el gasto asignado directamente al ministerio en los Presupuestos recién aprobados, más la parte que le corresponda de otros 1.230 millones en gastos financieros, entre los que cuentan los préstamos, subvenciones y aportaciones de capital a organismos públicos. Las partidas más afectadas en Fomento serán las aportaciones de capital a empresas públicas -como ADIF o Renfe- y los créditos para concesiones de obra pública.

El propio ministro Blanco ha reconocido recientemente que este plan de ajuste le obligará a reprogramar los objetivos de su departamento y que intentará ampliar su tan publicitado Plan Extraordinario de inversión en infraestructuras por vías no presupuestarias, que ha prometido presentar antes de finales de marzo próximo, para paliar en lo posible este severo recorte. Pero a pesar de la celeridad que está imprimiendo a las negociaciones para cerrar los nuevos pliegos y, sobre todo, la financiación, no va a convertirse este año en obras iniciadas, o lo será de forma puramente testimonial. Además está por ver cuánto apela este Plan a proyectos con financiación estrictamente privada y cuántos lo harán a sistemas como es el peaje en sombra, el los que su abono deberá ser asumido con cargo al erario público por ésta y sucesivas generaciones de contribuyentes, utilicen o no dichas infraestructuras.

En definitiva el recorte en gastos de las administraciones públicas recaerá, en su mayor parte, en disminuir las inversiones en infraestructuras, cuya condición de soporte del desarrollo y la competitividad no es única, pero sí necesaria. Inevitablemente, la actividad del subsector de obra civil va a verse muy afectada por este recorte -que, además, se hará sentir también en los próximos ejercicios- porque el “hachazo” ya evidente en las disponibilidades de Fomento, se extenderá sin duda a la inversión en infraestructuras de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Pero va a ser así porque nadie parece dispuesto a asumir recortes en gastos públicos no productivos como por ejemplo recortar la miríada de asesores que existe en todos los departamentos de las administraciones públicas y que no se sabe muy bien qué demonios asesoran aparte de brear a los funcionarios en activo con peticiones de informes de todo tipo para justificar sus sueldos; o los ministerios, consejerías y concejalías de denominación de los más peregrina y que a lo sumo demandarían una dirección general; o de congelar al menos el sueldo de los millones de funcionarios que tienen asegurado el puesto de trabajo aunque algunos no sean precisamente ejemplo de dedicación y productividad. Parece que nuestros gobernantes solo saben recortar inversiones –como casi siempre, porque no votan-, pero se seguirán gastando un pastón en cartelitos del PlanE o en costosas campañas para convencerse –ellos se supone, porque los demás ya lo sabíamos- de que éste es el “Gobierno de España”.