ANÁLISIS

El Banco de España actuará de oficio cuando finalice el plazo de Bruselas para las fusiones de cajas

El Gobierno y la Xunta negocian a marchas forzadas para dar vía libre a la ley de cajas gallega

José Hervás.– Los máximos responsables del Banco de España dan por perdida en este momento su batalla. Quieren poner orden en el mundo de las cajas de ahorros, pero aseguran que se lo impide, otros dicen que dificulta, la intromisión del poder político que ostentan los gobiernos regionales sobre las respectivas entidades de sus comunidades autónomas. El supervisor tiene muchos datos. Casi todos los datos sobre las dificultades que atraviesan entidades concretas por su excesiva vinculación a todo el proceso relacionado con el sector inmobiliario. Es lo que las diferencia de los bancos. Al menos de la generalidad de los bancos, porque hay alguno que ha actuado en este sentido con mentalidad de caja. Explican que fue la razón por la que el Gobernador del Banco de España, tratando de acelerar el proceso, confesó al Financial Times, ya el pasado mes de noviembre, que creía que había un mínimo de 15 entidades que deberían fusionarse con otras.  

Pese a que el Banco de España siempre habla de proyectos a medio y largo plazo, sin las exigencias de la urgencia, en aquella ocasión sí que lo puso. Sería la próxima primavera, según Fernández Ordóñez, el momento en el que se habría producido la remodelación del sector.

Como este plazo se antoja cada vez más difícil de lograr, dado que se siguen debatiendo muchos detalles por las cuestiones más nimias, que nada tienen que ver con la situación de urgencia que les apremia, ya han hecho pasar el mensaje de que cuando falten unas semanas para que finalice el plazo concedido por Bruselas actuarán por la vía de urgencia. El modelo será el utilizado con Caja Castilla La Mancha. La situación de gravedad de la crisis económica no permitirá andarse por las ramas. La advertencia es muy seria.

No comprenden cómo se pueden seguir debatiendo nimiedades como las que ocupan el máximo del tiempo de las conversaciones entre el Gobierno Central y la Xunta de Galicia para buscar un acuerdo que permitan al Estado retirar el recurso de inconstitucionalidad sobre la normativa aprobada por el Parlamento Gallego. Bien es cierto que tras las reuniones de ayer, y las dos que hay previstas para hoy, la primera de carácter técnico y la segunda más de tipo político, se espera que los interlocutores comprendan la gravedad de la situación.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, conocedor de las advertencias del Banco de España, señalaba ayer que el acuerdo conlleva una modificación del texto autonómico en su mayor parte y probablemente en la totalidad del mismo. Quizás no sea necesario tanto, pero se mantienen por parte del Gobierno Central, con conocimiento del Banco de España, de que al menos diez preceptos de la ley de cajas gallegas no cumplen con la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, la LORCA.

También quiere el Ejecutivo reunirse con las comunidades que han mostrado reticencias sobre la aplicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que algunas rechazan porque consideran que el FROB podría invadir  sus competencias autonómicas. Cataluña, Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla y León, son las que han mostrado reticencias al Fondo.