Las entidades de ahorro catalanas, las más retrasadas en sus planes de integración
A Salgado le entra prisa ahora con las fusiones de cajas ante 'el alto coste del FROB'
Sin acuerdo con la Xunta de Galicia por no suprimir el veto previo a una operación virtual
"Las reestructuraciones están en marcha y espero que puedan llevarse a cabo lo antes posible, porque no es para utilizar el Frob para lo que se hacen las reestructuraciones sino para consolidar un sistema financiero más sólido", insiste la vicepresidenta económica del Gobierno, en un mensaje que parece dirigido a algunas de las cajas catalanas implicadas en procesos de fusiones que están medio paralizados. Mientras la unión de las cajas comarcales más Caixa Girona avanza (ya tiene nombre, Unnim, e incluso ha concentrado en Zurich todo el negocio de bancaseguros que estaba repartido también entre Aegon y Reale), no sucede lo mismo con el proyecto impulsado por Caixa Catalunya y en el que participan Caixa Tarragona y Caixa Manresa. Más paralizado está el intento de unión entre Caixa Penedés y Caixa Laietana.
"Es una opción recurrir al FROB", explicó la vicepresidenta económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero cuando representantes de cajas de ahorros se quejan del elevado tipo de interés inicial de las ayudas públicas del Frob. "Los parámetros de interés han sido muy discutidos y negociados con Bruselas, pero es decisión de las cajas si quieren recurrir o no a este instrumento financiero". Más claro, el agua. Lo que explica que CajAstur recurriera al Fondo de Garantía de Cajas para hacerse cargo de la intervenida Caja Castilla La Mancha (CCM) a través del Banco Liberta, y que Unicaja pretenda lo mismo con la absorción de CajaSur (la de Caja Jaén no necesita financiación externa).
Todas las demás operaciones en marcha (CajaSol con Caja Guadalajara, el Grupo Banca Cívica, con Caja Navarra, CajaCanarias y Caja Burgos, y el Sistema Institucional de Protección promovido por CAI, Caja Rioja y Caja Insular de Canarias) no se plantean recurrir al Frob ni apelar al Fondo de Garantía de Cajas.
Sí tiene previsto recurrir al Frob, y además con una cantidad muy elevada (1.400 millones de euros) la unión entre Caixa Galicia y Caixanova, que quiere imponer la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo. Pero el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central a la Ley gallega de Cajas ha paralizado la operación.
Precisamente el mismo día que Elena Salgado mandaba mensajes a las cajas de ahorros desde Bruselasa, comenzaba el primer round de dos combates totalmente diferentes pero, sin duda, interrelacionados. El primero se refiere al posible recurso de la Xunta de Galicia sobre el Frob. Por parte gallega, acuden la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, y cargos técnicos de Hacienda de la Xunta: el director de Política Financiera y Tesoro, el subdirector de Supervisión de Cajas de Ahorros y Entidades Financieras, la directora de la Asesoría Jurídica de Presidencia, el director de Relaciones Institucionales y Parlamentarias y la jefa del Servicio de Documentación de esa dirección general.
La convocatoria de esta comisión bilateral fue solicitada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en septiembre de 2009, lo que supone que la reunión ha tardado cinco meses en concretarse. A diferencia de la Ley de Cajas, el recurso de inconstitucionalidad de la Xunta de Galicia sobre el decreto regulador del Frob no paralizaría necesariamente su aplicación, y no afectaría por tanto a las fusiones ya en marcha.
Aquí el combate se centra, por parte de la Xunta, en que se elimina la necesaria autorización del Gobierno autonómico en caso de fusión o disolución de una caja gallega (que el Estatuto de autonomía reconoce en su artículo 30). Concretamente, que el Banco de España pueda intervenir una caja y que, en ese momento, queden en suspenso las competencias autonómicas.
El segundo pulso entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central, celebrado al alimón con el del Frob, se refiere a la Ley gallega de Cajas y al recurso de inconstitucionalidad ya puesto por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Por parte gallega, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, que ayer desde luego se gana el sueldo, y el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Por parte del Gobierno central, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro. No acudió ningún cargo del Ministerio de Economía y Hacienda, como sería lo lógico, lo que indica el carácter político, y no técnico (como sucede en la reunión sobre el Frob), que tiene el contencioso.
Ausente de esa primera reunión, Salgado lanzaba desde Bruselas su recado: "que la Xunta de Galicia modifique su Ley de Cajas para adaptarla a la Constitución". Aquí el recurso de inconstitucionalidad, si es admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, si paraliza durante cinco meses la aplicación de la Ley gallega de Cajas.
El campo de batalla es que, según el Gobierno, no se respetan las competencias exclusivas del Banco de España en supervisión de las entidades financieras en caso de déficit patrimonial de las cajas gallegas. Y que la Xunta de Galicia se reserva un poder de veto sobre una fusión real o virtual (a través de un Sistema Institucional de Protección) de éstas. El problema es que la conselleira de Facenda de la Xunta, Marta Fernández Currás, ha dejado muy claro que no piensan renunciar a que el Gobierno autonómico tenga que autorizar previamente la participación de una de sus cajas en un SIP o fórmula similar.
Si Gobierno central y el gallego no llegan a un acuerdo, la suspensión de la ley autonómica de cajas dificulta en la práctica la fusión que defiende la Xunta y a la cual se opone con todas sus fuerzas Caixanova, porque el proceso de renovación de los órganos de gobierno de ambas entidades podría quedar suspendido durante cinco meses y el plazo para recurrir al FROB finaliza el 30 de junio. Sin embargo, la conselleira de Facenda ha asegurado que una fusión entre Caixa Galicia y Caixanova podría darse, pues la decisión corresponde a los órganos de gobierno de las entidades y es "independiente" de este proceso. Elena Salgado asegura que el Gobierno no tiene inconveniente en que las cajas de ahorros de Galicia se fusionen, pero insistió en que se debe hacer respetando las competencias del Banco de España.
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