TENDENCIAS
Ley de Comercio, otra ocasión perdida
Los objetivos de la directiva comunitaria de que la regulación comercial sea más previsible y menos costosa para las empresas y que todo ello permita mayor competencia y mejorar la productividad y la eficiencia, sin que sea restringida por normas administrativas, se han diluido, según expertos en materia de la competencia, aunque el segmento de las pequeñas superficies y del pequeño comercio no comparte esa visión y muestra su satisfacción por lo que entiende es un escudo contra el avance de la medianas y grandes superficie.
La oportunidad de liberalizar el sector del comercio en España, embridando la multiplicidad de normativas autonómicas que aparecen como las setas en otoño, se ha perdido y son muchos en el sector los que culpan de esta oportunidad desaprovechada al ministro Sebastián y a la pereza que le invadió cuando la vicepresidenta de la Vega le dio el primer revolcón en este asunto.
Llegó al gobierno lleno ínfulas. Era la gran esperanza blanca en materia económica y aspiraba a ser un gallo en el corral de Solbes. Pregonó que iba a hacer una ley que liberalizara el sector y pusiera orden en el guirigay autonómico y sin pactar con ninguna comunidad autónoma -todas estaban de acuerdo excepto Cataluña y Baleares- mandó un texto a la Comisión de Subsecretarios y allí la vicepresidenta primera le dio un revolcón que nunca olvidará por no haber pactado previamente con las comunidades autónomas (entiéndase Cataluña).
Allí perdió Sebastián su interés por el asunto y lo dejo en mano de funcionarios y políticos que en posición de saludo se pusieron al servicio de Cataluña, hasta el extremo que ERC se despachó a gusto metiendo pluma al devaluado texto, aunque al final el tanto de la nueva ley se lo apunten el PSC y CiU. En definitiva, una versión extraña de el perro del hortelano en versión contemporánea, como señala un experto del sector, quien recalca que "esto" a las eléctricas no se lo hacen, expresando un disgusto extensible a buena parte del sector y la falta de unión existente entre sus miembros.
Tampoco era tanto lo que se esperaba de la Ley; tan solo fijar un marco mínimo para todas las comunidades autónomas con el objeto de que los establecimientos comerciales no tuvieran que depender de la correspondiente y arbitraria licencia de las comunidades autónomas. Ese mínimo objetivo se ha ido al traste y seguirán siendo los políticos autonómicos los que seguirán detentando las competencias exclusiva en comercio interior, en definitiva, las que regulen los procedimientos de autorización del comercio.
Así, las comunidades podrán seguir teniendo bazas para poner límites a la instalación de cualquier tipo de establecimiento comercial y con ello se pierde una gran oportunidad para introducir más libertad y más competencia en el mercado. Las apuestas ya están hechas y más de uno da por seguro que esta reforma terminará en una sanción del Tribunal Europeo de Justicia contra España por la inadecuada transposición de la Directiva de Servicios. Hasta el gobierno lo tiene claro y por ello el texto contempla que, ante cualquier reclamación en Europa, será cada comunidad autónoma quien responda con sus propios presupuestos.
Mientras llega o no la decisión del alto tribunal, el sector del comercio en España depende de más de 3.000 reglas y requisitos que delimitan, restringen y perturban la implantación de cualquier mediana y gran superficie y que suponen barreras, a veces infranqueables, para la entrada de nuevos competidores. Y todo ello sin contar con diecisiete sistemas de horarios comerciales diferentes, aunque ese es otro cantar que no se contempla en este negociado.
La unidad de mercado en España ha dejado de ser hace tiempo una realidad económica y jurídica y para muchos empresarios nacionales y extranjeros, el simple concepto comienza a ser una quimera en España, gracias al posibilismo y dejación de gobierno y la clase política y al silencio cómplice de la propia clase empresarial que hasta ahora sólo ha dejado oír su voz puntualmente.
Entre los inversores extranjeros, cada vez es más alta la preocupación, fundamentalmente, por lo que consideran una diversidad de normas y legislaciones -entre las que se incluyen las lingüísticas- que hacen inviable una gestión eficaz y suponen un innecesario castigo a la productividad.
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha mostrado su preocupación en alguna ocasión, aunque es consciente de que esa ruptura de la unidad de mercado empieza por la organización que preside, ya que vascos y catalanes llevan años campando por sus respetos sin que nadie se haya atrevido a denunciar el hecho de que la patronal vasca y la catalana ignoran a la CEOE como patronal estatal y ello ha sido así con el silencio de Cuevas, primero, y de Díaz Ferrán, ahora.
Buscando en el baúl de las hemerotecas, se pueden encontrar afirmaciones tan claras como la que pronunció en un momento determinado el actual presidente de la CEOE: "Tener normativas diferentes en las distintas CCAA, en un mismo sector, nos perjudica y desincentiva la inversión extranjera". Tajante afirmación que, sin embargo, nadie parece estar dispuesto a defender y menos mientras se espera una decisión definitiva del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.
De llegar a conocerse la decisión del Constitucional en algún momento del siglo XXI, esta deberá resultar del todo punto esclarecedora ya que debería abordar diversos artículos que atentan contra esa unidad de mercado que parece ser tan importante para quienes viven de ella y así ha sido denunciado en repetidas ocasiones por altas instituciones como el mismísimo Banco de España, nada sospechoso de banderías políticas.
Las empresas extranjeras y sus órganos de representación en España, por su parte, se han quejado reiteradamente de las crecientes dificultades que se encuentran en nuestro país para mantener una inversión que cada vez se torna menos rentable y no sólo por cuestiones ligadas a la propia productividad. Normativas de calidad, etiquetado, horarios comerciales, tasas, impuestos o legislación variada e intervencionista, son solo algunos de los problemas que empiezan a hacer la vida imposible a los empresarios extranjeros que ven con disgusto que el proceso, lejos de aminorarse, va al alza. Y ello se traduce en que cuando tienen la más mínima oportunidad levanten el vuelo en busca de otros lugares más oxigenados. Y además, dejan constancia de ello en los numerosos rankings internacionales que hablan de la incomodidad de invertir en España.
Hoy como ayer mantiene su vigencia la declaración institucional que hacia el Circulo de Empresarios hace más dos años en la que se señalaba que «en el ámbito económico, la ruptura o el simple debilitamiento de la unidad de mercado, en pleno proceso de apertura de los mercados mundiales, supondría una pérdida irreparable de oportunidades de crecimiento para nuestras empresas, para nuestra economía y, en consecuencia, para nuestros actuales niveles de convivencia y bienestar».
Tendencias es una publicación on line de análisis socioeconómico de periodicidad semanal y de carácter restringido que edita Carlos Díaz Güell.