Otras autonomías y cajas, expectantes ante la solución del conflicto
El Gobierno exige a la Xunta de Galicia que suprima el veto a las fusiones virtuales
Caixanova quiere entrar en un Sistema Institucional de Protección
El recurso, que solicita la suspensión de la vigencia de los diez puntos impugnados, argumenta en 56 páginas que la Ley gallega de Cajas vulnera la norma estatal sobre la representación en los órganos de gobierno de las entidades de ahorro. Y, sobre todo, vulnera competencias que corresponden al Banco de España en solvencia y en fusiones.
En el primer caso, el Gobierno, que se apoya en un dictamen del Consejo de Estado, considera que el apartado que regula qué hacer en caso de déficit patrimonial atribuye a la Xunta de Galicia "la exorbitante facultad de imposibilitar a las autoridades estatales el ejercicio de sus funciones de supervisión". La Ley autonómica de Cajas señala que, en caso de que la entidad no tenga recursos suficientes que garanticen su solvencia, se puede tomar "cualquier otra medida prevista en la normativa básica del Estado, previa autorización de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia".
El otro gran punto de conflicto es que la Ley gallega de Cajas establece que la Xunta analizará las consecuencias de la participación de una caja de su comunidad autónoma en un Sistema Institucional de Protección (SIP), o cualquier otra fórmula de fusión virtual o de facto, y las usará como "criterio de valoración". La norma gallega busca impedir que Caixanova, contraria a la fusión con Caixa Galicia diseñada por el Gobierno autonómico, se sume a un SIP promovido por entidades de ahorro de varias autonomías. Para el Gobierno central, esa norma gallega "desnaturaliza la funcionalidad atribuida a este mecanismo de protección mutua", y sobre todo olvida que la autorización de ese tipo de operaciones "corresponde en exclusiva al Banco de España".
El recurso de inconstitucionalidad afecta también a la renovación total de los órganos de gobierno de las cajas en un plazo de dos meses, como figura en la disposición transitoria primera de la Ley gallega. Una maniobra de la Xunta de Galicia para impedir que estén en las asambleas generales y en los consejos de administración de las dos entidades personas contrarias a la fusión.
Tras el recurso del Gobierno, el portavoz parlamentario del Partido Socialista de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga, asegura que "contempla" como fórmula válida una fusión de Caixa Galicia y Caixanova, pero siempre que sea "fruto del diálogo" y no de una imposición de la Xunta.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apela al diálogo con el Gobierno central, pero insiste en la fusión, exige una solución "serena y respetuosa" con Galicia, que quiere "que el futuro se decida aquí". Y deja claro que no suprimirá el veto autonómico a un SIP: "No desandar lo andado"
El conflicto afecta a Galicia, pero también interesa a otras comunidades autónomas que, como Castilla y León, también introdujeron en sus leyes de cajas la autorización de fusiones virtuales. Caja Burgos está pendiente de que la Junta de Castilla y León de el nihil obstat a su incorporación al Grupo Banca Cívica, una fusión de facto con Caja Navarra y Caja Canarias. La balear Sa Nostra entrará en una segunda fase en esta operación si no termina incorporándose a otro proyecto que interesa a Caixanova, Caja Cantabria, CajAstur y Caja Murcia. Y también está el SIP promovido por la aragonesa CAI, Caja Rioja y Caja Insular de Canarias.
Un problema que no tiene Cajasol, que ha absorbido Caja Guadalajara, en la primera fusión suprarregional. Pero la solución de este conflicto, en un sentido o en otro, pueda hacer que otras cajas se incorporen a esta operación real, no virtual. Caja Ávila y Caja Segovia también están pendientes de lo que decida Castilla y León sobre Caja Burgos, y de lo que falle el Tribunal Constitucional.
Una decisión que puede acelerar el proceso de concentración de las cajas de ahorros y reducir la politización y el dominio de los Gobiernos autonómicos sobre estas entidades financieras. Dos objetivos, por cierto, del Banco de España para que el sistema financiero gane competitividad y solvencia.