Monitor de la Construcción
Impulso a la Red Transeuropea de Transporte, unificación de estándares, pago por uso, ahorro y eficiencia energética...
Las prioridades de la construcción en la presidencia española de la UE
Revisión de la Directiva sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
El uno de enero de este año, España ha asumido la presidencia de la UE como ya lo hizo en el primer semestre de 1989, en el segundo semestre de 1995 y en el primer semestre de 2002. Es la cuarta vez que España dispone de esta oportunidad desde su ingreso en la UE, y aunque ahora ostenta la presidencia comunitaria con mayor experiencia acumulada, su capacidad de liderazgo se ve mermada por la irrelevancia que esta Presidencia tiene en el nuevo esquema de poder comunitario, por las difíciles circunstancias que todavía atraviesa la economía europea, por el declive del sentimiento europeo en los ciudadanos, por los déficits crecientes de integración del conjunto de países y por la propia situación de nuestra economía, muy a la cola de la de los países punteros de la UE y con vergonzantes liderazgos negativos en paro, déficit y caída del PIB, y con expectativas fundadas de que nuestra propia crisis va a perdurar más que la del conjunto comunitario y va a ser más devastadora.
El sector de la construcción ha hecho llegar al Gobierno a través de la CEOE lo que considera prioridades que durante esta Presidencia se deberían defender y aquellos temas de mayor calado cuya puesta en franquicia es urgente o que requieren en estos momentos, con mayor diligencia, un empujón para salir adelante. Entre los más relevantes está un mayor impulso a la Red Transeuropea de Transporte; la aplicación de unos estándares adecuados a las infraestructuras de transporte de modo que se armonicen progresivamente sus dimensiones técnicas en todo el territorio de la Unión; avanzar con decisión en la creación de un marco específico que desarrolle la interconexión entre todos los modos de transporte; abordar la cuestión del ahorro y la eficiencia energética en los edificios; avanzar con mayor decisión en la puesta en marcha de los instrumentos que permitan el "pago por uso" de cuantas infraestructuras sean susceptibles de ello de acuerdo con la Directiva relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras; y por último, pero de enorme importancia para todo el sector tanto para las empresas que trabajan regularmente con clientes públicos como con privados, sacar adelante la revisión de la Directiva sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Puesto que las infraestructuras de transporte juegan un papel trascendental en la vertebración de los territorios, en el bienestar social y en el desarrollo económico, es urgente apoyar la aceleración de la puesta en marcha de aquellos proyectos que dentro de la red transeuropea de transporte se han considerado prioritarios y que afectan a nuestro país, como es el caso de los afectos a la permeabilidad de los Pirineos, los relacionados con las "autopistas del mar" y la puesta en marcha de nuevos proyectos de importancia para España, como es el corredor ferroviario mediterráneo. Y en cuanto a la financiación de éstas y otras infraestructuras comunitarias, hay que incrementar el recurso a fórmulas de financiación extrapresupuestarias complementarias ante las actuales restricciones presupuestarias, entre las que los sistemas CPP son un elemento fundamental. También es deseable progresar en la armonización de las infraestructuras europeas de transporte de modo que se facilite el tránsito de mercancías y viajeros entre todos los estados miembros, avanzando en alcanzar una posición común en materia de estándares y dimensiones técnicas de esas infraestructuras, al menso las más relevantes.
Avanzar en el ahorro y la eficiencia energética afecta al sector sobre todo en el ámbito de la construcción y rehabilitación de edificios. Para el progreso de la construcción es un factor clave en este aspecto actuar en el ámbito de la rehabilitación por medio de normativas e incentivos específicos que, además, permitirían relanzar a corto plazo esta actividad, tan maltrecha con la crisis.
También tiene que ver con el apoyo a la lucha contra la contaminación y la mejora del medio avanzar en la puesta en marcha de la Directiva sobre el pago por uso, especialmente en relación a los vehículos pesados, de modo que el transporte de mercancías por carretera pueda internalizar no solo los costes asociados a la construcción y explotación de las grandes vías, sino recuperar los crecientes costes derivados de los efectos negativos medioambientales, y racionalizar más el equilibrio entre los distintos modos de transporte.
En este sentido la Presidencia española tiene un reto importante en el diseño de la futura Política Europea de Transporte, que debe posibilitar la interconexión entre todos los modos acelerando su complementariedad. Es necesario abordar la creación de nuevas infraestructuras junto a mejora urgente de muchas de las ya existentes impulsando los nodos de conexión intermodal, fomentando las autopistas del mar y el short sea shipping, y la creación de un "cielo único europeo". Y cuestiones ambas de urgencia e interés prioritarios: abordar una auténtica liberalización del sector ferroviario y la creación de corredores específicos para el tráfico de mercancías.
Por último hay una cuestión en la que España anda a la cola de la UE y que está creando una situación angustiosa de asfixia a las empresas en general y con carácter muy especial a las del sector, la morosidad en los pagos por parte de los clientes públicos y privados. Esta morosidad no solo dificulta el desarrollo empresarial afectando a los resultados, la permanencia de las empresas y tiene efectos nocivos en el empleo, sino que generan distorsiones en la competencia reduciendo los intercambios transfronterizos. La Presidencia española tiene una ocasión inmejorable para acelerar la revisión de la Directiva 2000/35/CE para favorecer la liquidez de las empresas europeas y en especial las españolas, lo cual es prioritario en estos momentos de crisis.
La presidencia española debe poner toda la carne en el asador para que las Administraciones públicas no solo cumplan rigurosamente los plazos, acortando los hasta ahora establecidos, sino para que "ejerzan un protagonismo ejemplarizante en los que se refiere al establecimiento y cumplimiento de plazos de pago en los contratos públicos", estableciendo la obligación para el sector público de pagar en un plazo máximo de 30 días suprimiendo la excepción prevista en la redacción actual de la norma o, como mucho, limitándola a un máximo de 60 días.