Madrid, Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana refuerzan su derecho de veto
El PP se contradice: reclama una solución nacional para las cajas pero sus autonomías van por libre
Álvaro Nadal, próximo a Rajoy, defiende los SIP pero Galicia y Castilla-León los rechazan
Ahora bien, no todo van a ser críticas implícitas a Alberto Núñez Feijóo: "El Gobierno autonómico tiene que hacer política. La postura de la Xunta es de sentido común. ¿Qué hay intereses políticos en las cajas? ¡Claro que los hay y los gobiernos autonómicos deben defenderlos!". Y más: "Un Gobierno con la intención clara de tener una caja es de puro sentido común, pero desde el PP nacional no podemos adoptar una postura territorial. Nosotros adoptamos una postura nacional buscando el bienestar común".
Y lo más jugoso de las reflexiones de Álvaro Nadal. "No es aceptable un sistema financiero en España con dos grandes bancos y una serie de bancas públicas regionales. No podemos admitir un modelo de cajas de fundación pública, una por comunidad, que copan el 50%, 60% o el 70% del mercado. No tiene sentido, quedaríamos muy desfasados en el tiempo. Sería engordar para morir. A ver cuánto duran estas cajas en una situación de crisis y con problemas de morosidad. No es la solución al problema. No tiene sentido fusionar las cajas de una comunidad en una y además con perfil público, pero yo a una comunidad del PP no le puedo pedir que no beba agua cuando las demás beben. No puedo pedir peras al olmo".
Una reflexión muy parecida, por cierto, a la que hacía el portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados y ex ministro de Hacienda con Aznar, Cristóbal Montoro, precisamente a raíz de la iniciativa de Núñez Feijóo de obligar a las cajas gallegas a fusionarse.
Porque ahí está la gran contradicción del PP. Reclama una solución nacional para las cajas, pero sus autonomías impiden las fusiones suprarregionales. Aunque fue Andalucía, gobernada por el PSOE, la pionera en implantar una norma que da al Gobierno autonómico derecho de veto sobre alianzas de sus cajas con otras de fuera, no lo ha ejercido en el proyecto de Grupo Contractual Consolidable que promueve Cajasol con Caja Guadalajara y al que ha invitado también a las dos entidades de ahorro extremeñas (también PSOE), a Caja Ávila y a Caja Segovia (de Castilla y León, PP). Todas las demás iniciativas en este sentido proceden de autonomías del PP: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana (también empeñada en fusionar a la fuerza Bancaja y CAM), Castilla y León (que tiene pendiente autorizar o no a Caja Burgos, que se negó a una fusión con Caja Duero y Caja España, entrar en el Grupo Banca Cívica, con Caja Navarra, CajaCanarias y Sa Nostra) y Galicia.
Iniciativas que chocan con el plan que desarrolla el PP nacional de propiciar fusiones, reales o virtuales, entre cajas de ahorros de las diferentes autonomías gobernadas por esta formación. Así, desde el PP nacional se promovió la unión entre Bancaja, Caja Madrid y Caixa Galicia; CAM; Caja Murcia y Caixanova, entre otras. También torpedean los esfuerzos del PP nacional por desarrollar los SIP y por apoyar la reivindicación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca) para que estos instrumentos puedan ser una caja y no tener que recurrir a bancos o a establecimientos financieros de crédito.
Sin citar al PP, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, mete el dedo en la llaga y cree que las cajas de ahorros están "haciendo los deberes" en el proceso de reestructuración financiera, aunque "algunas" comunidades autónomas "se resisten un poco" a éste, lo que demuestra que no todas han "aprendido la lección" de Caja Castilla La Mancha, la primera entidad de ahorro intervenida por el Banco de España. "Todas las cajas saben cuáles son sus puntos fuertes, cuáles los débiles, quién podría completar esas debilidades sin atacar los puntos fuertes", señala Salgado, quien resalta que en muchos casos "lo último que falta es la decisión política" y ésta "no debería tardar más de seis meses, porque ya están todas las cartas en la mesa".
Y andanada, en forma de esperanza de que "no haya necesidad de que el Banco de España vuelva a intervenir alguna entidad", porque el año que acaba de empezar va a ser "difícil" y "si no se toman medidas" algunas cajas lo van a pasar mal, porque el negocio inmobiliario no va a crecer, los márgenes se van a estrechar y los costes no se han reducido. En este entorno, la vicepresidenta económica apoya que el Banco de España lance advertencias cuando los procesos de reestructuración se retrasan: "Si las negociaciones se prolongan de manera indefinida es razonable que se ponga un plazo". Un claro aviso para navegantes, especialmente para las autonomías gobernadas por el PP con fusiones de cajas todavía sin resolver, como Castilla y León.
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