TENDENCIAS
Los "marrones" de Almunia
Próximo relevo en la cartera de Competencia de la UE
Almunia posiblemente se deba enfrentar a la necesidad de decidir sobre el funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y cuyo proceso está en una especie de limbo administrativo por mor del envió de la documentación por parte española, si bien su antecesora Kroes se ha comprometido públicamente a ser ella la que tome la decisión, voluntad que puede quedar en nada por problemas de calendario.
El Gobierno español tiene que optar entre que Bruselas apruebe un marco general de actuación del FROB o notificar a las autoridades comunitarias cada una de las operaciones individuales que supongan una ayuda de Estado a una caja de ahorros o a un banco. En cualquier caso, la Comisión ha advertido de que si el marco general de funcionamiento del FROB deja excesivo margen a las autoridades españolas sobre las condiciones de las ayudas públicas concedidas a cada entidad, entonces examinará y decidirá sobre cada operación. La Comisión considera que para aprobar el FROB debería recortarse su actual margen de maniobra que califica como muy amplio.
Otra patata caliente que Almunia se encuentra sobre su mesa hace referencia al nuevo sistema de financiación de RTVE, por considerar que las tasas que la ley impone a los operadores de televisión y telecomunicaciones para pagar la televisión pública podrían incumplir las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas La Comisión Europea no pone objeción alguna a la supresión de anuncios publicitarios en la televisión pública, pero si a cómo se financia esa supresión. El gobierno español no las tiene todas consigo y cabe la posibilidad de que al final se tenga que volver a meter la mano en los ya depauperados Presupuestos del Estado para hacer frente a lo que alegremente el gobierno ha querido cargar a las empresas de telecomunicaciones. Francia se encuentra en similar situación que España: a la espera.
El nuevo modelo, que entró en vigor el 1 de septiembre, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos y a las cadenas privadas a aportar el 3%. Las compañías telefónicas decidieron denunciar esta tasa ante la Comisión Europea.
Un asunto, en absoluto menor y muy sensible, sobre el que Almunia va a tener que decidir, es la denuncia que la empresa comunitaria de satélites Astra tiene presentada contra el gobierno español por la concesión de sustanciales subvenciones públicas para la cobertura total de la señal de TDT, en un claro ejercicio de favoritismo, a la empresa Abertis -participada por la Caixa- y que algunos observadores entienden que forma parte del pago al que Zapatero se comprometió en su etapa de "buen rollo" con el nacionalismo catalán en la primera legislatura. Están en juego cerca de 400 millones de euros.
Desde Astra siempre ha considerado inadmisible (y así lo estipulan las leyes) el incumplimiento de la neutralidad tecnológica y las ayudas del Estado a una única tecnología - la digital terrestre donde Abertis juega con la ventaja del monopolio en el teórico liberalizado mercado español-, cuando el ahorro que habría supuesto la utilización del satélite en los planes de extensión de la TDT no sólo habría garantizado una cobertura total, sino un freno en el desmesurado coste -exponencial- al menos en aquellas zonas donde la orografía o la dispersión de la población dificultan sobremanera la llegada de la nueva televisión.
Otro de los "marrones" que hereda Almunia, especialmente delicado, ya que es compromiso personal del presidente del gobierno, es el de las ayudas públicas al carbón y el nuevo comisario deberá definir la política europea sobre las subvenciones al sector, el más contaminante y en plena política por acabar con las emisiones de CO2. Además, tendrá que examinar el plan de ayudas del Gobierno español para que las eléctricas financien la compra de carbón nacional, cuyo ‘stock' se acumula en las explotaciones. La normativa sobre ayudas al carbón expira el 31 de diciembre de 2010 y cuatro países (España, Alemania, Hungría y Rumania), están pendientes de la solución que la Comisión proponga entre las que no se descarta que plantee el cierre de las explotaciones menos competitivas.
La telefonía móvil estará presente igualmente en la agenda de Almunia en la medida en que este sector es continuo objeto de estudio y seguimiento por parte de la Comisaría de la Competencia, y aunque se ha avanzado sensiblemente en España en este aspecto, se considera que los altos precios del móvil en nuestro país se debe a la falta de competencia.
España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea donde los precios medios mensuales de la telefonía móvil y de la banda ancha son más altos, lo que hace que la penetración de la banda ancha en España avance a un ritmo inferior al del resto de la UE.
Aunque la evolución en 2009 favorece a España, las cifras siguen siendo negativas para nuestro país y ello queda reflejado en los datos de 2008 durante el que la oferta mensual más barata de uso del móvil medio (incluyendo llamadas y mensajes de texto) que se podía encontrar en España en ese año ascendía a 35,89 euros, el precio más alto de toda la UE. Mientras que la media comunitaria se situaba en 19,49 euros. Por lo que se refiere a la banda ancha, el precio mensual medio en España era de 45,83 euros en ese mismo año, frente a los 36,89 euros de media comunitaria.
Joaquin Almunia ha tenido un papel reseñable al frente de la Comisaría de Asuntos Económicos y Monetarios y ha tenido la virtud de enfrentarse críticamente con los problemas de la economía española, lo que le ha generado más de un disgusto con sus compañeros del PSOE y con el presidente del Gobierno. Hoy son muchos los que tienen puesto el foco sobre el papel que jugará el nuevo comisario de la Competencia en la medida en que nadie ignora que es una de las comisarías más potentes de la Comisión y cuyas decisiones en un trimestre en el que a España le toca presidir la UE toman más relevancia en la medida en que le puede amargar la fiesta al presidente español.
La cartera de Competencia ha adquirido especial importancia a raíz de la crisis económica y financiera y de un tiempo a esta parte tiene una mayor carga de trabajo con la irrupción de todos los planes anticrisis. Desde Competencia se planifica y gestiona la verdadera política industrial de la Unión y su titular es el que decide las ayudas de Estado a las empresas de acuerdo con el Tratado de la Unión; las empresas que se pueden fusionar o los bancos cuyas actividades hay que dividir o disminuir por los riesgos en que hayan incurrido.
Tendencias es una publicación on line de análisis socioeconómico de periodicidad semanal y de carácter restringido que edita Carlos Díaz Güell.