La corporación tiene que pagar este año 165 millones por indemnizaciones del ERE

RTVE tiene caja sólo para seis meses sin la tasa de telecos y privadas

Si Bruselas bloquea la financiación el Gobierno tendrá que avalar o emitir más deuda

Marcos Celada.– En el Ministerio de Economía rezan todo lo que saben para que Bruselas levante el bloqueo a la financiación ideada para RTVE, porque están en juego casi 600 millones de euros, lo que supone que antes de las vacaciones del verano esta corporación pública podría quedarse sin dinero en la caja, con lo que el Gobierno tendría que emitir o avalar nueva deuda para no tener que cerrarla. La Dirección General de la Competencia de la Unión Europea, ahora bajo supervisión del comisario Joaquín Almunia, cree que el modelo aprobado por el Ejecutivo español para financiar la ausencia de publicidad en TVE y RNE es contrario a la libertad de mercado. El Gobierno, por boca de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, mantiene como postura oficial que este es un expediente ordinario que acabará cerrándose en pocos días o semanas y que no va a pasar nada. El equipo de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, sin embargo, no lo tiene tan claro y se preparan para lo peor.

Según las cuentas aprobadas por la Corporación RTVE y sancionadas por el Gobierno y el Parlamento, los ingresos ordinarios por ventas de patrocinios y servicios de RTVE serán en 2010 de tan sólo 13 millones de euros. Después contará con una subvención directa del Estado de 583 millones y otros 593 millones de lo que en la documentación interna se califica de "subvenciones de otros".

Esta partida se corresponde con los ingresos procedentes de otras empresas privadas que, según el modelo nuevo de financiación, se distribuye entre las compañías de telecomunicaciones que deben aportar un 0,9% de sus ingresos, las televisiones privadas en abierto, que están obligadas a dejarse un 3% de sus ingresos para el mismo fin y las cadenas de televisión de pago que tienen que pagar el 1,5% de sus ventas. Mientras se toma una decisión definitiva, Bruselas prohíbe así a España que utilice los fondos obtenidos con dichos impuestos para financiar RTVE.

La prohibición, de seguir vigente mucho tiempo, supone que RTVE sólo contaría con los 583 millones de euros procedentes del Estado, que son prácticamente la mitad de los previstos para todo el año.  Eso quiere decir que como los gastos continuarán produciéndose, aunque el Gobierno adelante la subvención estatal todo lo que pueda, a partir de julio RTVE no tendrá dinero para pagarlos. Entonces el Estado tendría que hacerse cargo de los costes mediante una subvención extraordinaria no prevista o RTVE debería endeudarse con aval público.

Todo esto se produce, además, después de un esfuerzo histórico del Estado para mantener RTVE sin agujeros. La puesta en circulación de una emisión extraordinaria de deuda pública de 1.500 millones de euros ha logrado que la corporación que agrupa a TVE y RNE haya quedado sin deudas y se ahorre algo más de 200 millones de euros anuales en intereses que ahora pagan los presupuestos generales del Estado dentro de los gastos financieros.

Además, la eliminación de la publicidad se ha realizado con las cuentas sin limpiar del todo, ya que el expediente de regulación de empleo (ERE) que aprobó la corporación para disminuir sus costes de personal todavía sigue coleando. Para 2010, según las cuentas aprobadas, tiene previsto gastar 165 millones de euros en indemnizaciones procedentes de ese ajuste, cifra que hay que sumar a los 299 millones que costarán los sueldos ordinarios y los 87 millones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Después de todo esto y de los 726 millones de euros que RTVE gastará en contratos con empresas externas (394 millones) y en aprovisionamientos de materias primas (322 millones), la generación de caja de la corporación sumará en 2010, según lo previsto inicialmente, 128 millones de euros, de los que 122 millones irán destinados a inversiones. Todo ello está en el aire por la prohibición preventiva de Bruselas sobre la financiación procedente del sector privado.