El ojo del fisco vigila a las grandes multinacionales
El objetivo es recaudar 160.000 millones de dólares más
La impunidad fiscal que disfrutan las grandes multinacionales está bajo la lupa de las Haciendas públicas. La caída de los ingresos fiscales y los abultados déficit públicos están empujando a las administraciones tributarias a reforzar la inspección de las grandes compañías internacionales que, bajo el amparo de los paraísos fiscales, eluden sus obligaciones tributarias. Estas anomalías, encubiertas bajo una aparente legalidad, vienen de lejos, pero es ahora, con la crisis financiera cuando algunos países parecen decididos a corregirlas. Empresas como Microsoft consiguen reducir su tasa imponible gracias a que transfieren parte de sus actividades a otros países como Irlanda, donde los derechos sobre patentes llegan a gravarse al tipo cero, o el impuesto de Sociedades al 12,5%, frente al 35% vigente en Estados Unidos.
La ONG británica Christian Aid ha cifrado en unos 160.000 millones de dólares anuales los ingresos que dejan de percibir las administraciones tributarias por la práctica del arbitraje fiscal de las grandes compañías. Sólo Iberoamérica y el Caribe pierden cada año 50.000 millones de dólares en recaudación de impuestos por la evasión de multinacionales como British Petroleum (BP), Wal-Mart, Royal Dutch Shell y ExxonMobil, según la ONG. Con esa suma, la región podría financiar el 70 por ciento de las obras de construcción y mejora de su deficiente red de infraestructuras, o salvar la vida de 300 niños menores de cinco años cada día.
Con el fin de aumentar el control sobre los grandes evasores corporativos, las autoridades llevan tiempo intercambiándose información, aumentando los equipos humanos y empleando sofisticadas técnicas de inspección para asegurar una correcta transferencia de los flujos fiscales, que, según cálculos de la OCDE, pueden llegar a representar el 60 por ciento del comercio mundial.
El Presidente Obama, cuya Administración se propone contratar a 800 inspectores para vigilar la fiscalidad de las grandes empresas y endurecer la legislación que favorece el arbitraje fiscal, se refirió recientemente al pintoresco caso de un edificio ubicado en las Islas Caimán donde 12.000 empresas extranjeras declaran tener su sede fiscal. "O es el edificio más grande o es el mayor fraude fiscal del mundo", afirmó.
El Reino Unido ha reformado la normativa sobre los movimientos transfronterizos de beneficios y la Agencia Tributaria estadounidense (la Internal Revenue Service ) está abriendo delegaciones en el extranjero e incrementando personal. España también ha dado pasos en la misma dirección incorporando nuevos requisitos e incrementando la acción inspectora, y Francia está acortando los plazos de las auditorías fiscales.
La consultora Ernst & Young estima que desde 2006, al menos 10 países han endurecido las condiciones sobre movimientos transfronterizos de las ganancias. China, Eslovaquia y Grecia están entre las últimas incorporaciones, y otros, como China, India, Australia, Corea del Sur y Japón han intensificado las inspecciones, según otro estudio de KPMG.
De acuerdo con los expertos, las empresas cuyo control fiscal es más laborioso son aquellas con activos de naturaleza más intangible, como las que generan ingresos por derechos de propiedad intelectual y patentes, mientras que las automovilísticas, fabricantes de productos de consumo, financieras, aseguradores, o farmacéuticas, serían más fáciles de controlar. Recientemente, la operación de compra de Chrysler por Fiat estuvo a punto de naufragar por un conflicto fiscal surgido por las operaciones transfronterizas de la automovilística de Detroit en Ottawa. Otro caso que trascendió a la opinión pública fue el de la distribuidora británica de informática Dixons, multada por las autoridades fiscales con 84,8 millones de dólares por un caso de evasión fiscal en la isla de Man.
La OCDE y la International Accounting Standards Board están trabajando sobre diferentes modelos para simplificar el modelo de tributación por expatriación de beneficios, como establecer fórmulas fiscales aplicables en cada uno de los países donde operan las empresas multinacionales.