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Publicado el viernes 15 de enero de 2010
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En la operación para controlar Metrovacesa figura Domingo Díaz de Mera

Cajasol insiste en los tribunales para aclarar la polémica venta de HC a Sanahuja

La entidad se querelló contra su anterior presidente, José María Bueno Lidón, y el antiguo director general de sus participadas

Román Sanahuja Á. G.– Cosas de la vida. El Banco de España, ultimando (como desveló ayer CapitalMadrid) sanciones ejemplarizantes contra los que considera responsables de que Caja Castilla La Mancha (CCM) haya sido la primera entidad de ahorro en ser intervenida por el supervisor. Éstos conocerán el pliego de cargos individualizado entre hoy y el lunes, Y el juez de instrucción número 14 de Sevilla, archivando una querella por supuestos indicios de delito societario, estafa y disposición fraudulenta de bienes en el que aparecen algunos de los empresarios que se beneficiaron de financiación en excelentes condiciones (y escasa exigencias de garantías) por parte de CCM para generar negocios que luego no han sido más que fuentes de problemas para esa caja, como Román Sanahuja o Domingo Díaz de Mera. Éstos, evidentemente, no aparecerán en el pliego de cargos individualizado del Banco de España, que afecta al presidente, Juan Pedro Hernández Moltó; al director general, ildefonso Ortega; y a los miembros del consejo de administración de la entidad de ahorro, pero algo ahbrán tenido que ver en su mala evolución y en la de CCM Corporación.

Cajasol, la entidad fruto de la fusión de las dos cajas sevillanas (El Monte y Caja San Fernando) ha presentado ya recurso contra el auto de archivo porque insiste en que existen los indicios de delitos societario, estafa y disposición fraudulenta de bienes que se citaban en la querella inicial, presentada por la Fiscalía Anticorrupción a través del fiscal de Delitos Económicos de Sevilla. Éste, previsiblemente, también recurrirá la decisión del juez de instrucción 14 de Sevilla.

La Fiscalía Anticorrupción se querelló contra el ex presidente de El Monte, José María Bueno Lidón, y el ex director general del grupo de empresarial de la caja de ahorros sevillana, José Selfa, tras analizar los datos descubiertos por una inspección del Banco de España. El supervisor entendía que El Monte, ahora integrado en Cajasol, debería haber haber percibido 17,9 millones de euros más por la venta de su participación en el Grupo de Empresas HC al Grupo Sanahuja, operación firmada en octubre de 2005.

El juez de instrucción 14 de Sevilla archivó las actuaciones porque los denunciados intentaron "conseguir el mejor acuerdo posible, que por supuesto no fue el que desde un punto de vista de utopía económica se hubiera podido producir", rechazando que hubiera un desfase de 17,9 millones de euros como señala la inspección del Banco de España que motivó la querella. Como argumentos de esta decisión de archivo, el auto del juez subraya que la operación fue aprobada por los órganos correspondientes de El Monte "sin que conste ningún voto en contra". Y parece reprochar a la entidad de ahorro que "solamente puso en marcha su maquinaria jurídica y económica tras practicarse una inspección del Banco de España".

Por ello, según el auto, la investigación judicial no acreditó que el entonces presidente de El Monte o el director general de su grupo de empresas actuaran "fuera de los cauces, organismos y normas establecidas" en esa entidad de ahorro ni que "abusaran de su superioridad para imponer su voluntad en la decisión ni actuaran coercitivamente contra los restantes miembros de los órganos consultivos y ejecutivos" de la caja sevillana.

El auto del juez destaca además que una auditoría encargada por los actuales dirigentes de la caja, absorbida en Cajasol y presidida por Antonio Pulido, reconoció la dificultad de acreditar las ganancias dejadas de obtener en la venta de la participación en el Grupo de Empresas HC al Grupo Sanahuja. Por lo que concluye que no pueden exigirse responsabilidades penales. Otra cuestión son las responsabilidades civiles, sobre las que ya hay un procedimiento abierto en un juzgado de Madrid, como destaca el propio auto de archivo del caso.

Lo que más sorpresa ha causado es que el juez no solo archiva la causa contra José María Bueno Lidón y José Selfa, sino que incluye al empresario Román Sanahuja, cuyo grupo compró la participación de la actual Cajasol el Grupo de Empresas HC, y a su ex consejero Domingo Díaz de Mera, cuya imputación se encuentra pendiente de un recurso ante la Audiencia de Sevilla. Argumenta las mismas razones que a los antiguos altos cargos de la caja, pero también porque el artículo del Código Penal que se les aplica solo está previsto para directivos de la sociedad afectada.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, en octubre de 2007 el grupo empresarial de El Monte presentó una demanda civil contra la sociedad Old New Investment (propiedad de la familia Sanahuja) y contra Bueno Lidon y Selfa, por la venta irregular de la participación del 30% que la caja poseía en HC, en la que solicita el resarcimiento de un daño patrimonial de 17,9 millones de euros. Esa venta se produce tras las advertencias del Banco de España a El Monte para que realizaran desinversiones para "aminorar riesgos". Lo más interesante es que HC era propietaria del 5,003% de Metrovacesa, donde Sanahuja mantenía una posición de control y quería ampliarla, para lo que se contactó con Díaz de Mera.

La venta de la participación del Grupo Empresarial El Monte en HC y la adquisición por el Grupo Sanahuja, se materializó el 5 de octubre de 2005 bajo la denominación de "Contrato de Opción de compra y venta de acciones" a través de la sociedad instrumental Oldnew Investment SL, y de José Selfa en representación del Grupo Empresarial El Monte. Según  la Fiscalía, Selfa, "carecía de facultades representativas para vender valores mobiliarios, salvo autorización previa del consejo de administración". Pese a ello, se fijó un precio de 32 millones de euros por el 30,02% del capital de HC. "Lo que era un contrato plenamente vinculante para las partes e incluso firmado con el carácter de definitivo e inmodificable por lo que al precio de la transacción se refiere, se presenta doce días después por Selfa ante la comisión de la empresa como una mera 'propuesta' de venta, susceptible de ser negociada con posterioridad", añadía la Fiscalía en su querella.