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Sistema de pensiones: esperando la reforma necesaria
Aun así, se mantiene la tónica de menor deterioro del mercado de trabajo que venía observándose en los últimos meses y la afiliación a la Seguridad Social registró una caída de 44.000 personas respecto al mes anterior (-15.000 si se ajusta de estacionalidad), con lo que la tasa anual se moderó hasta el -3,9%. En definitiva, menor deterioro del mercado de trabajo, en línea con el mejor tono de la actividad, que volverá a tasas trimestrales positivas como muy tarde en el primer trimestre del año que acaba de comenzar.
El análisis, según ciertos observadores, se puede quedar ahí o entrar en consideraciones que lleven a reflexiones más preocupantes como es el hecho, suficientemente constatado, de que el número de personas que realmente demandan un empleo en España en la actualidad supera con creces los cinco millones, como consecuencia de los "desempleados" excluidos de las listas del sistema y entre los que se encuentran los distintos grupos de perceptores de algún tipo de ayuda o subsidio como los inherentes a los agrarios, a los cursos de formación y otros colectivos como los que reciben la ayuda de 420 euros. Una situación que ni este, ni ningún otro país, se puede permitir salvo que se ponga en peligro el futuro del sistema de pensiones. Al finalizar 2009, el número de afiliados cotizantes a la Seguridad Social, era de 17.640.018. Esta cifra es la más baja desde mayo de 2005 y cada vez se aleja más del récord alcanzado en julio de 2007 de 19.492.941.
El espectacular aumento del número de parados durante el año pasado ha provocado que el gasto en prestaciones se dispare. Hasta noviembre -último dato oficial-, esta partida sumaba ya 28.690 millones de euros, tras crecer en once meses más de un 36,3%. Esta cifra contrasta con los 21.047 millones de euros que el gobierno destinó en todo 2008 al pago de subsidios por desempleo. Por lo tanto, es altamente probable que el gasto en prestaciones en 2009 supere la cifra histórica de 34.000 millones de euros incrementándose más de un 62%.
El consenso y la preocupación es generalizada entre los expertos -salvo reseñables excepciones en forma de recalcitrante sindicalista- y la mayoría de economistas que estudian el caso, convienen en señalar que el sistema público de pensiones español necesita reformar el modelo que regula las jubilaciones de casi 20 millones de trabajadores, si no queremos enfrentarnos a un problema de sostenibilidad. El Pacto de Toledo parece que se ha puesto manos a la obra y pronto alumbrara propuestas, aunque la coincidencia es grande a la hora de apuntar que estas deberán ser potentes y nada timoratas, lo que genera serias dudas sobre si los políticos están en disposición de asumir el coste de impopularidad que ello puede suponer.
Hasta el momento, las reformas realizadas han sido especialmente tímidas y España es el único país grande de la OCDE que está a la cola de las transformaciones que están llevando a cabo los países desarrollados y hay quien aventura que en nuestro país es cada vez más complicado vender la idea de que habrá más gente con derecho a la pensión máxima y, por tanto, el coste de las prestaciones deberá aumentar.
La duda de la sostenibilidad
El respiro que supuso la incorporación de los trabajadores inmigrantes y de la mujer al mundo laboral explica, en buena medida, el retraso en abordar reformas serias, aunque también el famoso babyboom, más tardío que en el resto de la UE, retrasa los problemas de sostenibilidad del sistema. Pero las pensiones que contrae el Estado son a largo plazo y, según los expertos, en el momento en el que la Seguridad Social pague más de lo que se ingresa las cosas empezaran a tomar un cariz preocupante. La alarmante "exclusión" de los jóvenes del sistema productivo provoca más preocupación si cabe.
Mientras tanto, España parece ignorar que cada vez son más los países que cuentan con un sistema de protección donde la cobertura privada tiene más peso en el conjunto de la tarta de las pensiones e incluso ni siquiera se ha encontrado hueco para incorporar las dos recomendaciones clásicas de la OCDE: aumentar la edad de jubilación mínima (ahora en los 65 años) y, por supuesto, extender a toda la vida laboral el periodo para realizar el cómputo de la pensión. En estas circunstancias, los técnicos advierten de que sólo hay tres finales posibles si se ignoran las recomendaciones de la OCDE: subir las cotizaciones a los trabajadores o a las empresas, elevar los impuestos o reducir las cantidades de la pensiones.
Por el momento y pese a la precariedad de la situación económica, la población inmigrante en situación regular en España sigue representando un colchón para asegurar el actual sistema al continuar creciendo, registrándose en el último año 358.809 nuevas tarjetas de residencia para extranjeros no procedentes de la Unión Europea, un 16,48 % más que en el mismo periodo del año anterior, superando la cifra de 2,5 millones de personas. En total, al finalizar el tercer trimestre de 2009, residían en España 4,7 millones de extranjeros, un 10,3 % más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 2,1 habían nacido en algún país de la Europa comunitaria.
No obstante, aunque ascendente, el ritmo de crecimiento de la población extranjera está por debajo del registrado en años anteriores. Entre septiembre de 2006 y en el mismo mes de 2007, el incremento superó el 33,8 % y, un año después, rondó el 14%, frente a los diez puntos porcentuales registrados en los últimos doce meses.
El debate sobre la viabilidad y la salud de nuestro sistema de pensiones parece que se ha abierto definitivamente tras una intervención del gobernador del Banco de España, empeñado en no dejar pasar más de lo imprescindible. Fernández Ordóñez destacaba dos cuestiones que puso de los nervios a más de uno: la Seguridad Social podría incurrir en déficit por primera vez en mucho tiempo y se hacia necesarias reformas en la normativa actual para evitar una situación traumática del sistema de pensiones en un futuro no muy lejano. Las recetas que ofrecía la entidad eran las clásicas: retrasar la edad de jubilación, penalizando la jubilación anticipada; ampliar significativamente el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora, y reducir la ratio entre la pensión neta percibida y la renta neta previa a la jubilación.
Habrá que esperar a comprobar si el debate será el último, ya que desde mediados de la última década del siglo pasado la discusión gira en torno a los mismos problemas y diagnósticos, aunque la bonanza económica ha hecho que los políticos miren hacia otro lado tras dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. No obstante, el valor de este fondo va más allá de lo que sería su capacidad de hacer frente a los pagos de pensiones y nos sirve de referencia señalar que cubre sólo unas nueve mensualidades.
Pero no es solo el Banco de España quien alerta de la situación del sistema de pensiones español. La propia Comisión Europea y su ex comisario de Economía, Joaquín Almunia, calificó hace poco al modelo español como uno de los más inseguros de la UE, exigiendo reformas "urgentes" acompañadas de menor gasto público, a la vez que ponía de manifiesto que elgrupo de países que más complicado tiene pagar las pensiones a medio y largo plazo es el compuesto por España, Rumania, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Irlanda y Bélgica. Los países que mejores perspectivas tienen son Bulgaria, Suecia, Portugal, Austria, Francia, Dinamarca, Italia, Letonia, Estonia y Polonia, mientras el grupo intermedio lo conforman Holanda, Finlandia, República Checa, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Alemania y Hungría.
A la hora de abordar soluciones de futuro las posturas están demoledoramente enfrentadas y van desde los que consideran que no parece honesto aplicar criterios de sector privado al análisis de la sostenibilidad del modelo, hasta los que comparan el modelo de estructura piramidal a los numerosos fraudes o timos experimentados en el mundo financiero en las últimas décadas.
Problemas añadidos
En España, tenemos básicamente un par de problemas añadidos respecto a otros sistemas de pensiones. Para empezar y aunque las pensiones no son elevadas, si lo son en relación a las aportaciones realizadas al sistema, y para agravar el asunto somos el segundo país, tras Japón, con una mayor esperanza de vida, a lo que hay que añadir que para el 2050 se prevé que España sea uno de los países del mundo con una población más envejecida.
Otros países de la UE llevan enfrascados en debates, discusiones y reformas sobre su modelo de Seguridad Social desde hace ya muchos años, aunque casi todos ellos se enfrentan o han tenido que abordar problemas de desequilibrios financieros, envejecimiento de la población, puesta en marcha de sistemas mixtos mediante planes de pensiones privados incentivados por las propias empresas, ahorro voluntario, etc.
Alemania, modelo económico por tantas razones, aporta un dato a tener en cuenta: se calcula que en el año 2050 su población se habrá reducido en casi ocho millones de personas respecto a los 82 millones actuales. Una reducción que afectará especialmente a las franjas de población más jóvenes, precisamente las que en teoría deberían contribuir a sostener el sistema. No es casualidad, pues, que el gobierno alemán decidiera acometer una impopular reforma para garantizar el futuro de las pensiones. Ni más ni menos que retrasar la edad de jubilación a los 67 años.
Así las cosas, la cuestión en España no es si los españoles cobraremos una pensión, sino cuanto cobraremos y si esta será equivalente al 60% ó al 40% del salario y cómo vamos a complementarla para poder vivir. Para ello, los expertos consideran que se necesitan pensiones privadas que complementen a las públicas, en la línea con otros países.
Poco se sabe de la propuesta definitiva que realizará la Comisión del Pacto de Toledo que tiene 2010 como meta para ofrecer alternativas, aunque se prevé que una de las principales recomendaciones será ampliar el cómputo de años cotizados para fijar la pensión, aunque hay organizaciones empresariales que apuestan por abordar cambios en profundidad que pasen por desarrollar esquemas de capitalización a través de la creación de un sistema mixto, con una parte de capitalización y otra de reparto basado en tres soportes: uno que garantizaría un nivel de vida mínimo a través del sistema de reparto actual, un sistema de capitalización obligatorio al que contribuirían empleadores y trabajadores en el caso de empleados con ingresos de un nivel determinado, y uno que consistiría aportaciones voluntarias a planes y fondos de pensiones.
Post-it
Para entender lo que subyace en este debate, debemos partir de la consideración de que la Seguridad Social, que es la que paga las pensiones a los españoles, se basa en un sistema de reparto. Esto es, los empleados son los que financian mayoritariamente las pensiones de los jubilados. Se trata de una especie de transferencia de renta, en la esperanza de que cuando los que hoy pagan lleguen a la edad de jubilación serán entonces beneficiarios del sistema, y sus pensiones vendrán financiadas por los trabajadores que en dicho momento se encuentren empleados. A diferencia de los sistemas privados de jubilación, que se fundamentan en la capitalización, las cotizaciones al sistema se transfieren a los jubilados y no engrosan ninguna cuenta o reserva individualizada de los cotizantes de cara a su jubilación.
Lógicamente, un sistema de reparto como el español resulta extremadamente sensible a dos variables básicas. La primera es la evolución del empleo, puesto que si éste no crece, o peor, se destruye, entonces el esfuerzo que tendrán que hacer los trabajadores en activo será cada vez mayor, lo que puede acabar incrementando las cotizaciones sociales, que constituyen un impuesto sobre el empleo. En segundo lugar, tenemos el factor demográfico. En una sociedad joven, el porcentaje de la población en edad de trabajar es muy elevado mientras que los que exceden de la edad de jubilación, normalmente 65 años, reducido, por lo que el mantenimiento del sistema de reparto resulta sencillo. Sin embargo, a medida que la población envejece dicha situación se invierte y el mantenimiento de un sistema de reparto se complica.
Tendencias es una publicación on line de análisis socioeconómico de periodicidad semanal y de carácter restringido que edita Carlos Díaz Güell.