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Publicado el martes 12 de enero de 2010
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Monitor del Seguro

Adeslas, Sanitas, Asisa, Mapfre y otras se resisten

Salud, los médicos quieren más dinero

Demandan hasta un 25% de aumento de sus honorarios

Cllinica de AdeslasIgnacio Aranguren.– El de salud, pese a que con el de vida han sido los ramos que mejor comportamiento han tenido a lo largo de 2009, han entrado en el nuevo año con múltiples problemas. Los intentos de las aseguradoras de reducir costes en este ramo -y en general en todos los demás- chocan en la mayoría de las ocasiones con los intereses de los profesionales de la medicina derivando, en la mayoría de los casos, en perjuicio para los pacientes (es decir, los asegurados) provocando una mdnor atención o una subida de prima, o ambas cosas. Los médicos se quejan de que lo que les pagan las aseguradoras "es muy bajo" y pretenden conseguir subidas sustanciosas. Y en ello están. El Colegio de Médicos de Madrid  (Icomem) ha mantenido desde el pasado año una serie de reuniones con aseguradoras a las que ha presentado una propuesta de aumento de los baremos para este año, que las compañías están estudiando. El Icomem se ha reunido con las grandes del sector: Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV, Mapfre, Caser, Aresa y el Colegio de Abogados de Madrid.

El Colegio madrileño ha formulado unas propuestas de aumento de honorarios médicos iguales para todas las compañías, que suponen un incremento de entre el 20% y el 25% sobre las actuales, dependiendo de cada sociedad. El impacto de estas subidas, según el Icomem, no llegará al 0,5% de la facturación de ninguna de estas entidades.

Pero además de los baremos de precios, el Colegio de Médicos madrileño también reclama a Adeslas que rectifique su política sobre médicos y funcionarios con la que pretende reducir gastos. El Colegio madrileño estima que de no hacerlo más de cien mil funcionarios recibirán asistencia discriminada por esa aseguradora, que presta servicio a las mutualidades Muface, Isfas y Mugeju, debido a su política de reducción de gastos que eliminará parte de los médicos y hospitales disponibles hasta ahora en sus servicios.

El Icomem, que ha hecho una propuesta de mínimos a Adeslas, considera que la aseguradora eliminará los profesionales y hospitales más prestigiosos para centrarse en dar un servicio diferenciado respecto a los demás asegurados, lo que supone, entre otras cosas que, por ejemplo, pacientes atendidos desde hace años por un mismo médico tengan que cambiarse a otro porque lo han eliminado de la lista. Esta situación se da especialmente en la Comunidad de Madrid ya que es en alla donde se concentra el mayor número de funcionarios a nivel nacional.

Pero no solo es en Madrid donde hay problemas entre médicos y aseguradoras. El colectivo profesional de médicos autónomos en la provincia de Las Palmas se ha puesto en pie de guerra contra las compañías de seguros y ha anunciado que un grupo importante de especialistas dejarán de prestar sus servicios a partir del próximo 31 de enero, después de rechazar los baremos que las entidades aseguradores les han propuesto "de forma unilateral", y que suponen una rebaja del precio mínimo por consulta que supone en dejarla en menos de un 50%  de los precios actuales.

Los médicos recuerdan que de lo que les pagan las aseguradoras, el 20% va para las instituciones privadas donde se desarrolla la consulta -las clínicas- y otro 15% para el pago del Impuesto de la Renta sobre las personas físicas (IRPF), con lo, que según las cantidades que pretenden pagar ahora las compañías, los médicos cobrarían entre cuatro y cinco euros por acto médico, por lo que consideran que a esos precios sería inviable asumir la responsabilidad de un diagnóstico.

AIG, por buen camino, pese a que se descubren sus secretos

¿Se imaginan ustedes que los abogados de un banco intervenido y el Banco de España intercambiasen correos para decidir la idoneidad de comunicar  o no a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVNMV) los pagos que ha realizado dicho banco? Pues eso es lo que nos hemos enterado ahora que más o menos pasó con la que en otro tiempo fuera la mayor aseguradora del mundo. Y es que en una empresa intervenida por lo general más tarde o más temprano todo acaba saliendo a la luz.

Naturalmente que se trata de American International Group (AIG), que después de un tiempo de calma chicha ha vuelto a saltar a la actualidad  al conocerse que en los momentos más duros de la crisis financiera -finales de 2008-ocultó que había realizado pagos por importe de 62.000 millones de dólares (unos 43.300 millones de euros) en las comunicaciones que remitía a la Securities and Exchange Commision (SEC), que es el regulador bursátil de Estados Unidos.

Según el abogado general de la Reserva Federal de Nueva York (Fed neoyorquina) -el banco central-, Thomas Baxter, "no se hizo ningún esfuerzo para engañar al público" y fue esa institución la que se esforzó en garantizar la protección de los intereses de los contribuyentes en un momento de grave situación económica.

Esto se ha sabido ahora porque un congresista republicano, miembro de un comité de la Casa Blanca dedicado a la supervisión, ha desvelado unos correos electrónicos que se intercambiaron entre los abogados de la propia aseguradora y la Fed, en los que ambas partes tratan sobre la conveniencia de revelar a la SEC los pagos que realizó la división de AIG de productos financieros a determinados bancos.

Al parecer, el objeto de ocultar esa información en medio de una crisis tan grande no era otro que el evitar que otras empresas se negaran a hacer negocios con la aseguradora al enterarse de que esta había realizado esos pagos tan cuantiosos y su "caja" estaba sin un dólar.

Pero la sangre no llegó al río y la cosa no adquirió mayor trascendencia ya que fue la propia AIG la que comunicó a la SEC esos pagos después de que ésta última, y ya con la mosca tras la oreja, requiriera más información a la aseguradora y de que el propio Congreso estadounidense también presionase para que se conocieran los nombres de los bancos. Los mayores pagos fueron realizados al banco francés Société Générale y a firmas de Wall Street como Goldman Sachs.

Esos pagos corresponden a los contratos conocidos como "Credit default Swaps" (CDS) que fueron el verdadero talón de Aquiles de la aseguradora. Estos CDS, que son productos derivados y cotizan en ese mercado, tienen un funcionamiento muy similar al de un seguro, ya que a cambio de una prima (que en este caso se llama "spread") una parte compra protección sobre el riesgo de impago ("default") de una cierta cantidad de bonos o deuda, de una compañía específica, durante un plazo determinado. Pero estos productos, que en principio se crearon como cobertura de préstamos o inversiones, se han utilizado más para especular, lo que fue uno de los orígenes de la crisis y de los problemas de AIG.

Resulta que en muchos casos se han realizado tantos CDS sobre un mismo crédito o bono que el valor de todas las primas era muy superior al del propio producto. Se estima que a Septiembre del 2008 el mercado de CDS tenía un volumen de 58 billones de dólares y que el volumen de estos productos supera a la deuda real que cubre en más de diez veces.

Pero desde los peores momentos de la crisis hasta ahora, la situación de AIG ha cambiado como de la noche al día. De hecho la aseguradora obtuvo un beneficio neto de 455 millones de dólares en el tercer trimestre del pasado año, que son los últimos datos conocidos hasta ahora, en contraste con las pérdidas de 24.468 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

A principios del pasado mes de diciembre la aseguradora anunció que había cerrado dos transacciones con la Reserva Federal de Nueva York -la misma entidad con la que hablaba de ocultar información a la SEC-, que reducen en 25.000 millones de dólares su deuda con la institución a cambio de la adquisición por parte del banco central de Nueva York de participaciones preferentes en sus filiales American International Assurance Company (AIA) y a American Life Insurance Company (ALICO), bien para su salida a Bolsa o bien para su venta a terceros, dependiendo de las condiciones del mercado y sujeto a las necesarias aprobaciones reglamentarias. Y poco antes de las fiestas navideñas, el consejero delegado de la entidad, Robert Benmosche,  aseguró que la compañía necesita todavía "por lo menos dos años" para generar los beneficios suficientes que le permitan devolver al Gobierno estadounidense el dinero prestado y persuadir al Estado para que venda su participación del 80% en la empresa.  

Y es que lo que ha hecho hasta ahora AIG parece que está convenciendo hasta los más exigentes, entre ellos a la agencia de calificación de riesgo Moodys, que hace poco anunció que consideraba que la aseguradora había hecho grandes progresos en su proceso de restructuración y veía factible que devolviera las ayudas que recibió del Tesoro, además de recomprar una buena parte de su capital en manos del Gobierno estadounidense.

Y todos contentos.