ANÁLISIS
El PP asegura que el Banco de España prevé el despido del 50% de la plantilla de CCM
El Gobierno elude responder sobre cuantos tendrán que abandonar la caja y deja en manos del BE su venta
El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, utilizó su primera comparecencia ante la comisión de Economía del Congreso de los diputados para dejar claro que la reestructuración de las cajas es una cuestión que ha quedado en manos del Banco de España y que todo lo que afecta al rediseño del mapa cajero está en manos del supervisor. Por tres veces eludió responder al diputado popular, Ramón Aguirre, si es verdad que la propuesta de UBS, el banco de inversión al que el Banco de España dio mandato para analizar la entidad manchega, recomienda el despido del 50 por ciento de su plantilla, unos 1.200 trabajadores. Tampoco quiso responder esta cuestión, tras su comparecencia, a los medios de comunicación, en un breve encuentro que mantuvo en los pasillos del Congreso de los Diputados.
A los diputados ni les confirmó ni les negó las recomendaciones precisas del informe realizado por el banco de inversiones suizo, UBS, uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la crisis de los créditos subprime de Estados Unidos. Para los medios de comunicación la recomendación fue la de consultar al Banco de España. Como conclusión, los populares no descartan un drástico recorte de la plantilla de Caja Castilla La Mancha si no se interviene a tiempo.
La única respuesta precisa que dio a los diputados sobre el futuro de la caja de Castilla-la Mancha, intervenida por el Banco de España en marzo de este año, fue que el supervisor le dio a UBS un mandato para analizar la entidad manchega. El análisis lo tiene también el Gobierno en su poder, pero no quiso añadir ningún detalle más a los diputados sobre las recomendaciones del mismo. Diputados populares que han consultado el informe aseguran que, además de la propuesta de reducción drástica de la plantilla de la primera caja manchega, realiza también una dura crítica con la gestión llevada a cabo por los gestores ahora expedientados por el Banco de España.
Los populares pidieron ayer en el Congreso de los Diputados al secretario de Estado de Economía conocer todos los detalles sobre las condiciones de las ofertas realizadas por las tres cajas que han mostrado interés por hacerse con la caja reestructurada, Caja Castilla La Mancha. PP y PSOE mantienen en la actualidad en duro enfrentamiento por cual pueda ser el futuro de la entidad, por cuales sean las mejores condiciones para el desarrollo de la Comunidad Autónoma y cual de las ofertas garantiza el mayor mantenimiento posible de puestos de trabajo. Pese a que el Gobierno regional asegura que la oferta que se acepte será la que garantice los puestos de trabajo, destacados juristas consideran que una vez intervenida la caja, el futuro de la entidad se decidirá en el Banco de España y no en Fuensalida, sede el Gobierno regional que preside José María Barreda.
En cuanto a la emisión de obligaciones por un importe de 3.000 millones de euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tiene previsto realizar este año tiene por objeto, según Campa, dar al sistema financiero todo el respaldo necesario y garantizar que su disponibilidad es absoluta.
Campa descarta que esta nueva emisión deba interpretarse como una señal de que se avecina una avalancha de peticiones por parte de las entidades financieras, de un instrumento que hasta ahora no ha sido utilizado, lo que no significa que no haya sido útil.
Pese a los recursos anunciados por algunos Gobiernos regionales de comunidades autónomas, Campa está convencido de que no pondrán dificultades para el funcionamiento del FROB, ya que en todo momento se ha velado por su constitucionalidad. También descartó que la Unión Europea vaya a tomar decisiones rápidas en contra de las ayudas al sector financiero, como teme el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, José Ramón Quintás.