Monitor de Coyuntura
¿Qué medicinas existen para desintoxicar el sistema financiero?
Distintas actuaciones de los gobiernos para tratar de liberar a la banca de sus activos tóxicos
Los gobiernos decidieron, entonces, no actuar de forma general sobre los balances, sino tomar medidas más específicas sobre la raíz del problema: los activos tóxicos. Y es que la restricción del crédito a nivel global («credit crunch») que se ha dejado notar desde el estallido de la crisis subprime, está causada en gran medida por la incertidumbre sobre el valor real de los activos tóxicos. Esta incertidumbre provoca que muchas entidades de todo el mundo prefieran la prudencia, esto es salvaguardar al máximo su capital aumentando las exigencias en la concesión de crédito.
Ante el perjuicio que esto puede suponer para la economía real, los gobiernos han presentado diferentes planes, todos ellos basados en alguno de los dos grandes métodos para actuar sobre los activos tóxicos: la garantía y la compra (véase tabla siguiente). Aunque, como veremos, a nivel práctico la mayoría de planes toman elementos de los dos modelos.
El primer método consiste en limitar las pérdidas potenciales a través de un seguro público. Así se ha hecho en Estados Unidos y en el Reino Unido con algunas de sus principales entidades: Bank of America, Citigroup, Royal Bank of Scotland, Lloyds. La gran virtud de esta solución es que frente a la incertidumbre sobre el valor de los activos tóxicos se actúa con un instrumento que cubre el riesgo y que no requiere desembolso inmediato por parte del estado, hecho que protege al contribuyente (por lo menos, inicialmente). No obstante, la fijación de la franquicia (límite sobre el cual el estado asume las pérdidas) y de la prima (pago que la entidad debe hacer a cambio de recibir la garantía) es compleja y puede oscurecer el coste del seguro para el estado.
En el caso del «banco malo», esta complejidad se manifiesta a través de la dificultad para valorar los activos tóxicos. Como ya se hizo en Suecia en los años noventa, la opción de crear un «banco malo» consiste en transferir los activos tóxicos a una nueva entidad segregada para que la original pueda seguir operando sin la incertidumbre inicial. En la presente crisis ya se ha puesto en marcha en Suiza con UBS, aunque en este caso también se tomaron elementos de la garantía estatal. Adicionalmente, hay otros planes en fase de diseño e implantación que tratan de solventar la fijación del precio de transacción de forma distinta.
La Comisión Europea trata el tema del «banco malo» en el «Treatment of Impaired Assets in the Community Banking Sector», documento publicado en febrero de 2009. Insta a hacer la transacción de acuerdo a la proyección de los flujos de caja futuros del activo tóxico («real economic value»), bajo supuestos homogéneos para toda la Unión, que todavía están por definir.
Otra forma de tratar con la disyuntiva de la valoración está propuesta en el Plan Geithner de Estados Unidos, que en su diseño promueve la participación del sector privado en un «Public-Private Investment Program (PPIP)». En principio, el atractivo del plan radica en la estructura de elevado apalancamiento que se le ofrece al inversor privado: por cada $1 invertido por el inversor privado, el FDIC(2) garantiza la deuda de otros $6 en el caso del «legacy loan program» o se ofrece hasta $5 de financiación del TARP(3) en el «legacy securities program». Además, el estado invierte el 50% del capital, completando la participación de capital del inversor privado. El apalancamiento limita las pérdidas a la baja del inversor privado. En cambio, éste continúa participando en las potenciales ganancias sin límite. En lo referente al gobierno, éste asume totalmente los riesgos a la baja sobre el valor final del activo y, por lo tanto, puede tener que soportar elevadas pérdidas. Pero gracias a su aportación al capital podría participar en las potenciales ganancias. Como se ve en el gráfico siguiente, si se comprara un activo tóxico a $84, serían necesarios $12 de capital ($6 estado, $6 inversor privado) y los restantes $72 provendrían de un crédito del FDIC. El inversor privado como máximo podría perder los $6 que ha puesto de capital. El gobierno podría llegar a perder la totalidad de lo invertido por su parte ($72+$6). Por valores superiores a $72, el estado recuperaría toda la parte del crédito y empezaría a recuperar parte del capital. Finalmente, para valores finales del activo tóxico superiores a $84, estado e inversor privado se repartirían el beneficio al 50%. En definitiva, gracias al apalancamiento el valor esperado del inversor privado es superior (sólo participa en beneficios) y estará dispuesto a pagar un precio más elevado que en la situación de no apalancamiento. En cambio, el gobierno asumirá prácticamente todo el riesgo.
Sin embargo, las ventajas del Plan Geithner quedan en entredicho desde el punto de vista de la oferta. En principio, los bancos con activos tóxicos en su balance deberían participar en el plan para eliminar la incertidumbre de forma inmediata y poder seguir operando con normalidad. Pero la realidad ha llevado al FDIC a posponer el programa destinado a la adquisición de créditos («legacy loans»). En la práctica, los bancos demandan precios superiores a los que los inversores privados están dispuestos a pagar, incluso contando con el apalancamiento.
En resumen, diversos países se han mostrado decididos a actuar sobre los activos tóxicos que las entidades financieras presentan en sus balances para que el crédito vuelva a fluir a las empresas y familias. No obstante, todavía está por ver cómo estos planes funcionan a nivel práctico debido a las dificultades para incentivar a las entidades financieras a participar. Su no participación podría ser un signo de recuperación, pero también una muestra del desinterés por parte de éstas de reconocer pérdidas de forma inmediata cuando existe incertidumbre sobre el alcance de las mismas y el sistema contable permite graduarlas en el tiempo. En definitiva, tras dos años de crisis subprime y graves acontecimientos en el sistema financiero internacional, la cuestión de los activos tóxicos continúa sin estar del todo resuelta. Los «stress test» estadounidenses y el compromiso de los gobiernos para dar estabilidad a los sistemas financieros han reducido la prima de riesgo del sector, pero aún resta por solventar la fortaleza de los balances bancarios. Si esto no sucede, se dificulta enormemente la recuperación de la economía real.
Este recuadro ha sido elaborado por Anna Malet Rigau Oficina de Análisis Económico, Área de Estudios y Análisis Económico de "la Caixa"