No habrá dinero para los procesos de consolidación de entidades con problemas
Salgado y MAFO pactan los papeles de bueno y malo en el FROB
Economía bloqueará uniones en las que los Gobiernos autonómicos no colaboren
Por si después los órdagos son difíciles de digerir para la autoridad monetaria, la otra autoridad, la económica, se ha guardado el as en la manga de impedir cualquier operación con ayuda pública que no entre en sus planes.
Las fuentes consultadas por Capitalmadrid aseguran que el Gobierno no tiene planes concretos para las fusiones de cajas de ahorros, pero tiene claro que no quiere que le metan goles por la escuadra. La primera piedra de toque ha sido el empeño del tripartito catalán de fomentar la fusión de cajas catalanas "sin interferencias exteriores", que es como definen los dirigentes del Partido Socialista de Catalunya (PSC) su postura de impedir que alguna entidad catalana sea absorbida por otra de fuera de su territorio. Y ahí han empezado las fricciones.
El Gobierno central y el Banco de España quieren que algunas grandes cajas, menos politizadas y con solvencia (como La Caixa, por ejemplo) queden fuera de la primera oleada de fusiones porque su potencial debe ser reservado para operaciones de mayor calado económico. Desde un punto de vista técnico tendría todo el sentido que La Caixa absorbiera a las pequeñas cajas catalanas con mayores índices de riesgo porque podría asumir el coste en poco tiempo. Pero eso avivaría problemas políticos y es lo que el Banco de España quiere evitar por encima de cualquier cosa. "No hay nada peor que dos políticos peleando con el dinero ajeno de por medio", aseguran las fuentes consultadas por este diario.
La solución puede pasar entonces por una unión pactada de cajas catalanas, o castellano leonesas o andaluzas, que el ejemplo es extensible, sin tocar de momento a las grandes instituciones para evitarles desgastes inútiles, aunque con condiciones. Ante una propuesta voluntaria de fusión, el famoso FROB no interviene inicialmente pero las cajas implicadas pueden pedir ayudas públicas para sortear problemas de solvencia y/o liquidez tras la operación. Ahí es donde entra en juego el veto que se ha reservado el Ministerio de Economía. Si al Banco de España le parece que la fusión propuesta resultaría más ventajosa con la implicación de alguna otra entidad (fronteriza o no) debido al menor coste en redundancia de oficinas o en concentración sectorial de riesgos crediticios, Economía podrá vetar las ayudas públicas y por tanto abortar la operación hasta que los presidentes de las autonomías afectadas se pongan de acuerdo.
El riesgo de aplicar el veto es grande y así lo reconocen las fuentes consultadas por Capitalmadrid. "Paralizar una fusión -señalan- es peligroso porque al final, si los plazos se alargan y no hay soluciones pactadas, la intervención del Banco de España se hará inevitable y eso tiene un mayor coste, como se ha demostrado en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha, donde la cantidad que solicitaba Unicaja era menor que la que al final ha tenido que avalar el Estado". Sin embargo, el sólo anuncio de la posible aplicación del veto hará, según creen en el Ministerio de Economía, que los presidentes autonómicos reaccionen y accedan a realizar las operaciones que se les piden.
En este punto, las mismas fuentes añaden que el veto debe ser motivado y que debe incluir un informe sobre el ahorro de dinero público que se lograría con una operación distinta de la diseñada por las cajas que presenten su plan. Es en ese documento en el que el Ministerio y los técnicos del FROB podrán "sacar los colores" a los poderes autonómicos que se muestren reacios a colaborar en uniones de entidades de varias autonomías Los meses de septiembre y octubre prometen sorpresas y más de un presidente autonómico ha pedido ya a sus más estrechos colaboradores informes sobre cómo están "sus" cajas y si pueden negarse a perder el control.