OPINIÓN

Responsabilidades del Gobierno Aguirre

J. Hervás.– La presidenta de la Comunidad de Madrid está harta de problemas. Ayer trató  de convencer a su ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, para que retire su petición al juez de que declaren como imputados ocho agentes de la Consejería de Interior, a cuyo frente se encuentra Francisco Granados que le habrían seguido. Es la conocida como trama de espionaje de la Comunidad de Madrid. Prada habría sido objeto de seguimiento durante los meses previos al Congreso de Valencia para el que Esperanza Aguirre estuvo pensándose una candidatura alternativa.

No es el único problema que preocupa a la Presidenta de la Comunidad. Le molestan también las cuestiones abiertas en la joya de la Corona de las empresas públicas, el Canal de Isabel II, a cuyo mando ha puesto a su todopoderoso vicepresidente, Ignacio González.

El pasado consejo dejó sin resolver el concurso abierto por cuatro años de duración para el centro de atención al cliente por 24 millones de euros y prorrogable por dos años más, hasta 36 millones de euros. Se presentan las mejores empresas del mundo, cuestión que nadie pone en duda. Los juristas consideran que la decisión, al menos temporal, de dejar abierto el concurso puede tener consecuencias legales.

Como recuerdan desde la empresa distribuidora del agua de la Comunidad de Madrid, al ser el Canal una Empresa Pública, la contratación del servicio está sometida a la Ley de Contratos del Sector Público que exige a la autoridad, funcionario o ente contratante, tomar una decisión justa en defensa de los intereses de sus "accionistas". En este caso somos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. No tenerlo en cuenta podría llevar a la consumación de un delito de prevaricación, tipificado en Artículo 404 del Código Penal que dice: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

Pero el proceso de adjudicación, paralizado a la espera de un informe sobre el riesgo laboral derivado de reunir a trabajadores del Canal y de la Contrata bajo un mismo techo, solicitado según el Ayuntamiento por el concejal de Hacienda y según la Comunidad, por el Consejero de Economía, ya ha generado decisiones administrativas que, de ser injustas, responsabilizarían a quienes las hayan tomado.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado como la mayoría en las dos últimas legislaturas, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre el pasado día 21 de mayo,  "da cuenta de la propuesta de adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato (era un concurso) de "Servicios para la gestión de la atención al cliente del Canal de Isabel II", a la empresa "Atento Teleservicios España, S.A.U.", por un importe de 25.717.282,10 euros y un plazo de ejecución de 4 años".

Con esta decisión el gobierno madrileño ha cumplido con el requisito de darse por enterado de aquellos contratos que superan una determinada cantidad de euros , pero, también, reconoce que la propuesta de adjudicación se ha realizado conforme a derecho. Es decir, la da por buena.

Para ello, previamente los miembros del Consejo de Gobierno se supone que se han leído el "Informe por el que se da cuenta" y en el que se recoge un listado de todos los licitadores, ordenados del 1 al 10 conforme a la puntuación obtenida. Los primeros responsables son los miembros del gobierno de Esperanza Aguirre.

Los siguientes responsables son los miembros del órgano contratante, el Consejo de Administración del Canal, cuyos miembros han demorado la adjudicación, pero deberán manifestarse al respecto adjudicando a la empresa seleccionada inicialmente o declarando el concurso desierto. Si se lo adjudican a la empresa seleccionada habrán hecho suya la propuesta de adjudicación, pasando a ser los responsables de la decisión.

Si lo declaran desierto desdecirán a los ejecutivos del Canal que han elaborado y firmado la propuesta de adjudicación, quienes quedarán en una situación altamente delicada. Han valorado el conjunto de las ofertas presentadas, han decidido cual es la mejor y lo han firmado. Si el Consejo echa para atrás su propuesta sería tanto como decirles que han tomado una decisión equivocada.

En las bases de la convocatoria del concurso, que algunos parecen olvidar, la oferta económica puntuaba un 50% y la valoración técnica otro 50%. ¿Cómo ha sido la oferta ganadora, de cuya solvencia técnica no puede ponerse la menor objeción, como para poder superar a otras entidades del orden de Unitono, Eurocen, Konecta, Servinform, Sitel, GSS, Qualitel y Unisono, en la valoración global?

El presidente del Canal y Vicepresidente primero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, en esta ocasión, antes de dar por bueno lo preparado por Ildefonso de Miguel, ha tratado de tomar una decisión que se ajuste a derecho. La garantía que ofrecen las empresas está fuera de toda duda. La duda está en el sistema de decisión.

¿Quiénes han valorado, decidido, llevado al documento oficial de propuesta de adjudicación y firmado que una determinada oferta es de tal calidad y excelencia que logra superar, con su exigua bajada económica, a las de sus competidores, entre los que se encuentran las mejores compañías nacionales e internacionales de este sector? 

Pues las tres personas que han decidido son: Luis Olmos Urea, Director Comercial, Genevieve Troncal, Subdirectora Comercial y Silvia Álvarez Morano, Jefa del Departamento de Relaciones Comerciales.

Luis Olmos fue nombrado Director Comercial en octubre de 2007 a propuesta del director gerente, Ildefonso de Miguel, es un administrativo, que ha experimentado un fulgurante ascenso gracias al gerente actual. Pero recordemos que se trata, con todo el respeto del mundo a la persona, de un administrativo.

La segunda persona ha sido Genevieve Troncal: Se ha incorporado al Canal Isabel II, hace algo más de un año como Subdirectora Comercial. Fue la responsable del Call Center del frustrado proyecto, Quiero TV, empresa de la que fue Consejero Delegado Ildefonso de Miguel y que tuvo que cerrar tras hacerle perder a los accionistas más de 15.000 millones de pesetas.  

La tercera persona que ha decidido, en un procedimiento de los que Ignacio González siempre califica de impecables, ha sido Silvia Álvarez Morano, también administrativa. Ha sido nombrada Jefa del Departamento de Relaciones Comerciales a propuesta de Luis Olmos.

Los puestos que ocupan las personas citadas son de libre designación por parte de los máximos ejecutivos del Canal. Por lo que el procedimiento no puede ser más impecable.

Es una importante decisión que debe regirse por los principios de un Estado de Derecho. Destacan entre estos principios las obligaciones de gobernantes y funcionarios en la defensa de los intereses de la Administración Pública y de los ciudadanos a los que deberían servir, pero de los que tantas veces se sirven.