Nuevo escándalo en la gestión de la empresa de servicios dependiente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González sigue sin explicar la venta del `call center´ del Canal de Isabel II
El vicepresidente de Esperanza Aguirre pone fin a la política de diversificación emprendida por Ruíz-Gallardón
Quienes en la época de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid -y en concreto el responsable de la gestión, Carlos Mayor Oreja- decidieron comprar el 20% de Global Sales Solutions Line, y crear Global Sales Solutions Venture, en la que el Canal tenía el 25% del capital, lo hicieron para diversificar los riesgos de la entidad.
Incorporaban así el servicio de atención telefónica del Canal gracias a su participación en una empresa participada, en vez de sacarlo a concurso. Consideraban que además de diversificar los riesgos les facilitaba tener más controlado el servicio y recuperaban parte del gasto. La segunda sociedad, GSS Venture, se creó específicamente para atender el call center del Canal. ¿Por qué se ha vendido esa parte sin darle carácter público a la operación?
GSS Line es una compañía dedicada al telemarketing. Su presidente y máximo accionista, a través de la patrimonial Torremagan, S.L., es Vicente López López. Otras participaciones están a nombre de una sociedad radicada en Holanda, la Ard Choille BV.
Las cosas no fueron bien entre GSS Line e Ignacio González e Ildefonso de Miguel. La sociedad no la habían creado ellos. Los responsables del call center intentaron mejorar las relaciones, incluso se buscaron intermediarios para mejorar la situación. Pero no pudo ser. Pedro Pérez niega haber tenido relación alguna de mediador.
Ante las dificultades de poder seguir como antes, en el año 2007 GSS Line inició el proceso de venta de la compañía por la que se interesó la empresa italiana OMNIA. Exigía la mayoría del capital para llegar a un acuerdo. Del orden del 80%, que se pagaría en dos fases. Como es tradicional en estos casos se pedía que sus gestores habituales se quedaran con un 20%. Esto exigía que el Canal se desprendiera íntegramente de su participación. La valoración los compradores de GSS LINE fue de 21 millones de euros. Por lo que la parte del Canal se valoró en 4,2 millones de euros, según las fuentes conocedoras de la negociación.
La operación se cerró en dos partes. La primera supuso la compra del 60% por 12,6 millones de euros. Vicente López y sus socios vendieron el 40% por 8,4 millones de euros aproximadamente. El Canal lo hizo de la totalidad de su 20% por 4,2 m. La segunda fase no se ha producido por lo que hasta el mes de marzo Vicente López y sus socios seguían manteniendo el 40% de la empresa y son responsables de su gestión.
¿Qué paso con la venta? ¿A qué se debió el cambio para que el rotundo "no" inicial quedara despejado en diciembre del 2007? ¿Por qué quieren darse tanta prisa ahora en privatizar la sociedad antes de que se celebren las próximas elecciones autonómicas, pese al rechazo general de todos los representantes de los empleados del Canal?
Pedro Pérez niega haber negociado ni con el Canal, ni con Vicente López ni con el bufete de abogados, Mochales y Palacios, que llevaron el caso.
Empleados de la entidad no entienden la negativa a investigar los casos del Canal de Isabel II por parte del Partido Socialista de Madrid. Un senador del PSOE se lamentaba ante Capital Madrid de la escasa labor de oposición de sus colegas en empresas públicas de tanto alcance como el Canal. Recordaba en cambio que los cambios llevados a cabo por Ignacio González en la sociedad les han dejado sin acceso a información relevante, al tiempo que le permiten al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad poder controlar incluso los concursos.
La obsesión inicial del vicepresidente primero del Gobierno de Esperanza Aguirre al acceder a la presidencia del Canal de Isabel II, fue el control del área económico-financiera y de abastecimiento para lo que tuvo que destituir a dos históricos de la entidad, y de prestigio internacional, como Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández y Rafael Molia Ferroll. En sustitución del primero colocó a María Fernanda Richmond, segunda esposa de su íntimo amigo Javier de Andrés, y a su vez director general financiero de Indra.
Sin experiencia alguna en el sector de las utilities, su único activo era la relación afectiva y familiar con De Andrés. En abastecimiento, clave en el nuevo Plan de Demarcación de la Cuenca, destituyó a Rafael Molia Fenol para nombrar a Avelino Martínez Herrero. A su vez, colocó a Genevieve Troncal, ex responsable del call center de Quiero Televisión como subdirectora comercial del Canal de Isabel II. Aunque cabe recordar que su mayor osadía fue designar para el Tribunal de Cuentas de la Comunidad, organismo encargado de la supervisión del Canal, a la mujer del gerente de la empresa pública madrileña.
La elección de los colaboradores del vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre para la gestión de la empresa pública, pese a tener un mercado cautivo, ha dejado bastante que desear. Empleados del Canal de Isabel II recuerdan siempre que se habla con ellos, que en el historial de De Miguel está la catastrófica gestión al frente de Quiero Televisión, de donde Joan David Grimá, representante del accionista principal, tuvo que destituirle tras acumular pérdidas de miles de millones.
De Miguel, que ocupó el cargo desde que la plataforma iniciara su actividad, no consiguió enderezar la marcha de Quiero TV. En el 2000 perdió 15.000 millones de pesetas y en el 2001 multiplicó las pérdidas hasta los 22.500 millones. Fue cuando el entonces todopoderoso representante del Santander, Joan David Grimá, admitió ante el resto de consejeros haberse equivocado al aceptar su propuesta como máximo ejecutivo de Quiero. Para el consejero representante del sector de telecomunicaciones era más que evidente, con los resultados en las manos, que De Miguel no reunía las condiciones para gestionar una empresa. Fue el elegido por González para gestionar la primera empresa pública de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional controla ampliamente este organismo. De sus consejeros, la mitad los nombra el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre.