La ley concursal se contradice abiertamente con las directrices del regulador

La Banca reclama al Banco de España cambios en la normativa de provisiones por suspensiones de pagos

La acumulación de viviendas tardará más de diez años en poder salir del balance

Marcos Celada.– La acumulación de bienes inmuebles por parte de bancos y cajas tiene un límite. Esto lo saben las entidades financieras y el propio Banco de España. Al ritmo actual, la acumulación de casas en poder de bancos y cajas de ahorros tardará más de diez años en poder salir del balance, lo que irá lastrando las cuentas de resultados durante mucho más tiempo del que es previsible para el final de la crisis financiera. Una de las causas fundamentales por las que las entidades financieras acaban por comprar ellas mismas los inmuebles con problemas de impagos es que si se trata de una inmobiliaria que se encuentra en proceso concursal (la antigua suspensión de pagos), el banco o caja que le dé un préstamo para que goce de la liquidez suficiente para seguir intentando vender el piso o el terreno tendrá que provisionarlo entero. La ley concursal, pensada para dar continuidad a las empresas, se contradice abiertamente con las directrices del Banco de España.

Las normas dictadas por la autoridad monetaria señalan que las empresas sujetas a proceso concursal pueden acudir a su entidad financiera habitual a pedir un préstamo. Pero el dinero prestado tendrá que ser provisionado íntegramente, ya que en este caso la autoridad monetaria no ha previsto porcentajes ni cláusulas de aplazamiento. De esta forma, los bancos o cajas que tengan un riesgo crediticio anterior a la actual crisis inmobiliaria tienen las manos atadas.

Por un lado, si la inmobiliaria o la promotora con problemas de liquidez deja de pagar los intereses y el principal de su deuda, la entidad financiera tiene que pasarlo a la cartera de clientes de dudoso cobro y provisionar una parte del importe. Si continuara en esa situación tendría que considerar la cantidad como morosidad pura, en cuyo caso debería hacer una provisión por el importe total contra la cuenta de resultados. Pero por otra parte si las inmobiliarias afectadas  quieren defender su patrimonio no tienen más remedio que acudir a una suspensión de pagos.

La solución que han adoptado la mayoría de las entidades financieras es adquirir directamente los activos de las inmobiliarias en crisis porque están encadenados hagan lo que hagan. Si no cobran los préstamos tienen que provisionar. Si la promotora o la inmobiliaria van a la suspensión de pagos el banco no puede prestarles dinero sin provisionar el crédito. Pero tanto el Banco de España como los bancos y cajas están preocupados por la cantidad de inmuebles que tienen ya en su balance las entidades financieras.

La prueba real de todo este proceso se ha dado con el caso de Martinsa. Su suspensión de pagos dejó, por ejemplo, a Banco Popular, La Caixa y Caja Madrid con 2.000 millones de euros incobrables a corto plazo. La situación de esta constructora inmobiliaria no tenía una solución fácil, pero después de la suspensión de pagos la salida podría haberse acelerado si los bancos y cajas hubieran podido concederle los créditos de circulante necesarios para poder seguir con la actividad.

En el momento de la suspensión de pagos, Martinsa tenía créditos con entidades financieras por valor de 5.200 millones de euros, de los que más de 3.500 estaban repartidos entre doce. Caja Madrid tenía 900 millones, La Caixa, 700. Banco Popular otros 400 y Caixa de Catalunya y Caixa Galicia 300 millones cada una. BBVA tenía comprometidos 224 millones, Santander otros 175, la Caja de Ahorros del Mediterráneo 150, Bancaja, Ibercaja y Unicaja otros cien millones cada una y la Caja de Castilla-La Mancha 90 millones.

La primera reacción a este problema fue una provisión extraordinaria inicial de más de 600 millones de euros entre los principales acreedores financieros. Si a esto se hubiera tenido que sumar otra provisión por los créditos que Martinsa hubiera necesitado como circulante, las cuentas de resultados de bancos y cajas habrían sufrido un doble impacto. Esta experiencia, según algunos directivos bancarios, servirá para que las normas legales y las del Banco de España se acerquen un poco más o, por lo menos, que lo pacten antes entre el Gobierno y la autoridad monetaria.