En plena campaña electoral, PSOE y PP pactan el nuevo presidente de Caja de Badajoz
El acuerdo facilitará el proceso de fusión con Caja de Extremadura
El nuevo presidente sustituirá a José Manuel Sánchez Rojas, quien ha optado por la jubilación y que sean otros los que afronten la siempre compleja labor de integrarse con la Caja de Extremadura.
Ropero explicó que el consenso institucional ha sido posible "entre los dos grandes partidos que gobiernan la mayoría de las instituciones regionales y también están presentes en los consejos de administración de las cajas de ahorros". Y añadió que el acuerdo adoptado ha sido "satisfactorio" para ambos partidos. Habrá por tanto una lista única para los representantes de los impositores y para los cuatro puestos vacantes en el Consejo de Administración.
Tres nombres han sido propuestos por el PSOE, con le futuro presidente, Francisco García Peña, a la cabeza, seguido del ex secretario regional del sindicato UGT, Miguel Bernal, y uno por el PP.
El representante socialista subrayó que es "positivo" para la Caja de Ahorros de Badajoz y también "para la sociedad extremeña en su conjunto" que PP y PSOE hayan "sido capaces" de formar una lista única y no haya "rechazo por parte del Partido Popular hacia la persona que va a dirigir en los próximos años los destinos" de esa entidad financiera.
Ciertamente, el pacto busca eliminar problemas a la más que probable integración entre las dos cajas extremeñas, algo promovido por la Junta de Extremadura sobre todo como maniobra defensiva, de frenar los intentos de alguna caja andaluza de expandirse mediante una fusión interregional tras el fracasado intento de Unicaja con Caja Castilla La Mancha. Pero siendo positivo, y más en estas fechas de elevado enfrentamiento político por las elecciones europeas, el tejemaneje entre PSOE y PP no contribuye a reducir la politización de las cajas extremeñas.
La prueba es que el nuevo presidente es en la actualidad un alto cargo de la Junta de Extremadura, cuya tarea no es precisamente financiera, sino la Administración Pública e Interior. Otra prueba más de cómo los partidos políticos y las autonomías consideran a las cajas un instrumento financiero y de obra social y cultural al servicio de sus intereses.