La sombra del FROB se cierne sobre el capítulo olvidado del sistema financiero
Las cajas rurales aceleran sus fusiones y alianzas ante el proceso de reestructuración financiera
Multicaja absorbe Caixa d'Advocats y la de Córdoba promueve un Sistema Institucional de Protección (SIP) con otras 20
Habrá una decena de oficinas con la marca Caixa d'Advocats (cuatro en Barcelona, tres en Madrid, y una en Tarragona, Valencia y Lleida), que buscarán bufetes de abogados de mayor dimensión que los clientes actuales y que trabajarán también para Multicaja, que abrirá más sucursales en Madrid y en Barcelona. Gracias a esta cooperativa de crédito catalana, Multicaja amplía su presencia fuera de Huesca (sólo contaba con actividad en Lleida) y diversifica su negocio con el colectivo de abogados.
No es el único movimiento en el sector de las cajas rurales, revuelto por la irrupción de la almeriense Cajamar, la más grande del sector, que ha atraído a su Sistema Institucional de Protección (SIP) a tres valencianas (Caja Campo, Albalat del Sorells y Casinos) y prepara más incorporaciones, mientras el SIP impulsado por Ruralcaja, Navarra, Sur, Asturias y Granada acumula un retraso de más de dos años.
Quizás por eso, la Caja Rural de Córdoba impulsa otro SIP junto a una veintena de entidades. Su presidente, Manuel Enríquez, defiende esta fórmula como alternativa a las fusiones, ya que este informó un mecanismo de apoyo y defensa mutua basado en una marca y rating comunes facilita que las entidades participantes mantengan "su forma jurídica y su capacidad de decisión, así como su independencia económica". Este SIP estará totalmente definido a finales de año, gracias a la colaboración del bufete Garrigues, con unas 20 cajas rurales.
No obstante, la Rural de Córdoba muestra su disposición de integrar el SIP en otros proyectos similares, como el promovido por las grandes del sector o el que impulsa AFI para la cuarentena de entidades más pequeñas, de ámbito local o comarcal.
El SIP parte de la idea de que cada entidad compromete una parte de sus recursos propios, que son gestionados por un órgano central común, con condición de entidad de crédito que fija los criterios de convergencia (coeficiente de solvencia, cobertura de la morosidad, liquidez), y que es el proporciona con un sistema centralizado de gestión de los riesgos el rating común y, por tanto, un acceso más fácil a los mercados de capitales, además de otras economías de escala al unificar las labores de auditoría, control interno, lucha contra el blanqueo de capitales así como la política de prevención de riesgos laborales, entre otros. La fórmula permite conservar la marca, la personalidad jurídica y los fondos (equivalentes a la obra social de las cajas de ahorros).
Estas entidades ya comparten el Banco Cooperativo Español, una aseguradora y empresas informáticas a través del Grupo Caja Rural y de la Asociación Española de Cajas Rurales, pero no parece suficiente.
El presidente de la Rural de Extremadura, Mariano Señorón, ha sido nombrado presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) y en su primera intervención defendió "el modelo de intermediación financiera federada", ya que permite abarcar proyectos financieros mediante la cooperación entre sus socios, aportando garantías "mutuas y solidarias", superando así las "posibles limitaciones" ligadas a ámbitos geográficos o volúmenes económicos sin perder la "singularidad, especificidad y particularidades propias de cada una y sin abandonar su vinculación y vocación territorial".