ANÁLISIS
El sector financiero español, en manos de Elena Salgado
En los últimos 30 años, desde la llegada de la democracia, nadie ha dispuesto de tanto poder sobre el sistema financiero español como el que ya dispone Elena Salgado. Una lectura reposada del Decreto-Ley -al que ya se ha denominado Singapur, la ciudad-Estado donde lo ha firmado el Rey-, pone en evidencia que todo el poder para redefinir el modelo del sistema financiero español queda en manos de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. Publicado en el BOE el pasado sábado, y habiendo entrado ya en vigor, no es de esperar que vaya a sufrir cambios significativos en el debate parlamentario, que le exige la tramitación como Decreto-Ley, pese a que los socios republicanos del Gobierno tripartito catalán han pedido que se recurra al Constitucional. Incluso se prevé que el decreto salga adelante con amplia mayoría. Rajoy, pese a que lo califica de parche, ha anunciado que el PP votará a favor debido a la gravedad de la situación.
Recordemos que el informe interno que guía las declaraciones de los populares sobre el sector financiero habla de 18 cajas y 5 bancos con dificultades de viabilidad. El propio Gobierno justifica la gravedad de la situación como causa para sacar adelante por la vía de la máxima rapidez del Real Decreto-Ley, la entrada en vigor del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Esta justificación resulta paradójica por su contraste con la lentitud con la que ha actuado hasta ahora el Gobierno. Pero hay al menos dos razones evidentes por las que el Ejecutivo lo ha retrasado. Primera, para no admitir antes de la celebración de las elecciones europeas la debilidad del sistema financiero español. Segunda, para iniciar la aprobación de la serie de medidas necesarias, una vez que hay vacaciones parlamentarias, por lo que serán menos debatidas las medidas necesarias para que entre en vigor el plan.
Una lectura rápida de una gran parte de los artículos publicados en las últimas horas pone en evidencia, según matizaba a Capitalmadrid.info un distinguido abogado del Estado, especializado en derecho financiero, que la gran mayoría de sus autores no habían tenido tiempo de leer todavía sus escasas disposiciones desarrolladas a lo largo de 19 folios, pero que dejan toda la capacidad de decisión en manos de Elena Salgado.
Quienes sí se lo han leído ponen no pocas reticencias. Por ejemplo, los representantes de ERC, que piden recurrirlo al Constitucional. Su secretario general de ERC y portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Joan Ridao, anunciaba ayer que su partido pedirá al ejecutivo catalán a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aprobado mediante un real decreto-Ley. Para Ridao supone un asalto al poder del Gobierno.
Para los republicanos de ERC el Gobierno, con el pretexto del riesgo de solvencia de algunas entidades y cajas, hace un asalto al poder del control de algunas cajas, "a través de permitir la privatización por la puerta de atrás".
Como se especifica en el decreto los bancos podrán adquirir participaciones con derechos políticos y derechos de voto en las entidades afectadas. Para Ridao el FROB pasa por encima de las competencias de la Generalitat al no tener la Generalitat capacidad de veto sobre la decisión del Banco de España de intervenir una entidad. Sólo la ministra de Economía y Hacienda, de forma justificada, podrá oponerse a las decisiones de Fernández Ordóñez. Lo especifica en varias ocasiones del real decreto-Ley.
Para Ridao, pese a la difícil situación que atraviesan algunas entidades catalanas, algunas de la cuales han iniciado procesos de fusión, el FROB pone en cuestión el modelo catalán de cajas. "Un modelo de éxito y arraigo que ha permitido no solo una función social, sino también un equilibrio territorial". NI que decir tiene que ya han anticipado que ERC se opondrá a la convalidación del FROB y pedirá al Govern, del que forma parte su partido, que interponga, una petición de inconstitucionalidad.
A los nacionalistas les importa menos que la ministra disponga de la potestad de oponerse en un plazo de diez días al plan de reestructuración de cualquier entidad financiera que sea intervenida por el FROB, atendiendo al impacto financiero que puede tener la operación sobre los recursos aportados por el Estado, y pese a la recomendación del Banco de España. Todas las exigencias que se imponen a la ministra es que justifique en ese plazo su decisión.
Habrá que estar muy atento a lo que digan a partir de ahora los responsables políticos y económicos. El real Decreto abre todo tipo de posibilidades para la reordenación del sector, a partir de entidades con dificultades. Sobre todo cuando habla de que en los casos en los que el Banco de España intervenga una entidad de crédito cuando haya sido incapaz de encontrar una solución viable para su situación, el FROB se convierte en su administrador provisional.
Y a partir de entonces, el FROB dispondrá de un mes, ampliable hasta seis, para elaborar un informe detallado sobre la situación patrimonial y la viabilidad de la entidad, junto con un plan de reestructuración de la misma que tendrá que ser aprobado por el supervisor bancario.
El plan puede incluir desde la fusión de la entidad con otra u otras de reconocida solvencia, hasta el traspaso parcial o total de su negocio a sus competidoras con la cesión de sus activos y pasivos mediante el sistema de subasta para garantizar la competencia. La solución propuesta incluirá una memoria económica para el ministerio de Economía y Hacienda, en la que se detalle su impacto financiero sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. ¿No es una forma de autorizar la compra de cajas por bancos?
A partir de ese momento, Elena Salgado podrá de forma motivada -lo reitera al menos en tres ocasiones que las decisiones de la ministra deben ser motivadas-, oponerse al plan propuesto en un plazo máximo de diez días. Salgado tiene al sector en su mano.