CANAL ISABEL II
González margina al gerente del Canal para la privatización
El Supremo investiga a Bárcenas por un viaje similar al que realizó González a Sudáfrica
El Presidente del Canal de Isabel II y todavía vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Ignacio González, ha marginado, para el proceso de privatización de la entidad, a Ildefonso de Miguel, director gerente de la empresa pública que gestiona el agua de la comunidad madrileña. No lo ha podido destituir todavía porque Esperanza Aguirre no ha encontrado sustituto. A la presidenta no le gustan las condiciones que le ponen los candidatos que tienen demostrada su capacidad de gestión y su honestidad. Cuando reciba el sí definitivo del candidato mejor colocado, Ildefonso de Miguel saldrá del Canal, como salió de Quiero Televisión, con muchos más recursos propios y muchas dudas sobre la adecuación de su gestión.
La presidenta Esperanza Aguirre, desde hace ya al menos dos años, ha dejado claro que no quiere que le acompañe en ninguno de los actos inaugurales de las actividades culturales del Canal. No quiere fotos con Ildefonso. Pero la eliminación de este lastre no libera de sus responsabilidades a Ignacio González.
Ayer, fuentes no oficiales del propio Partido Popular (no confundir con la secretaría de comunicación) advertían a Capitalmadrid.info sobre la posible similitud entre el caso que investiga el Tribunal Supremo sobre si Correa pagó un viaje de lujo de Bárcenas a Sudáfrica por un coste de 15.000 euros y el viaje de lujo que realizó Ignacio González con su esposa en primera clase a Sudáfrica del 16 al 21 de marzo del año pasado, en compañía de uno de los principales proveedores de servicios de Seguridad del Canal de Isabel II por valor de unos 8.800 euros. Los billetes, que González dice fueron pagados en metálico, porque le venía mejor, fueron abonados a Iberia por la Agencia SIASA, la misma que pagó los billetes del proveedor del contrato de Seguridad del Canal. En los cuatro billetes consta el número 78203532. Como dice el diario El Mundo de las facturas del director del CNI en sus cacerías privadas por África, en cuanto enseñen los movimientos de sus cuentas bancarias para justificar los movimientos quedará todo aclarado de lo impecable que ha sido el pago.
Mientras tanto, el plante que realizó ayer el Comité de Empresa a la puerta de la sala de consejos reclamando el desbloqueo de la negociación del convenio ha vuelto a poner en evidencia la debilidad de Ildefonso de Miguel. Los dos puntos más conflictivos del mismo, para cuando se traspase al personal a la nueva sociedad en proceso de privatización son el reconocimiento futuro y, en su caso, permanente de los derechos de los trabajadores recogidos en el actual convenio y el derecho a poder incorporarse a la Comunidad de Madrid si la sociedad fuera totalmente privatizada.
Ildefonso de Miguel se negaba a incorporar en la negociación ambos puntos. En la reunión que le habían pedido hace más de un mes el comité de empresa, y celebrada finalmente el martes, en una actitud calificada por fuentes empresariales de muy chulesca, de Miguel se negó a negociar.
También en esto ha desautorizado el presidente González a su director gerente. Cuando llegó al consejo y vio la algarabía que estaban montando los sindicatos, se acercó a ellos, mantuvo una breve conversación con sus representantes y les convocó para una reunión posterior a la celebración del consejo. Ildefonso de Miguel fue excluido de la misma.
González mostró su total disposición para admitir los puntos reivindicados, lo que ha sido interpretado por los sindicatos como una desautorización más del gerente. Tras dar a conocer los detalles los sindicatos ayer a sus afiliados, de nuevo se consolidó la idea entre los empleados del Canal de que finalmente el gerente será despedido.
El Consejo de Administración no incluyó la concesión del contrato del centro de llamadas por 36 millones de euros y seis años. El equipo directivo decidió no incluir el debate sobre la propuesta a la espera de los dos informes pedidos a los expertos.
Al ser el Canal una empresa pública se trata de una contratación sometida a la Ley de Contratos del Sector Público que exige a la autoridad y funcionarios de la Administración o ente contratante tomar una decisión justa en defensa de los intereses de sus "accionistas" que son, en este caso, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Los populares madrileños son especialmente sensibles al delito de prevaricación tipificado en Artículo 404 del Código Penal que dice que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".
El proceso de adjudicación está paralizado a la espera de un informe sobre el riesgo laboral derivado de reunir a trabajadores del Canal y de la contrata bajo un mismo techo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado bajo la presidencia de Esperanza Aguirre el pasado día 21 de mayo, ya dio cuenta de la propuesta de adjudicación por el Canal de Isabel II.
Con la citada decisión el gobierno de la Comunidad de Madrid cumple con el requisito de darse por enterado de aquellos contratos que superan una determinada cantidad, pero, también, reconoce que la propuesta de adjudicación se ha realizado conforme a derecho. La decisión final a tomar por el consejo del Canal de Isabel II, se pospondrá previsiblemente hasta el mes de octubre, según algunas de las fuentes conocedoras del proceso de decisión. En ese momento el consejero delegado, que asumiría las funciones de Ildefonso de Miguel, será otro.