LA PIPARRA
El Gobierno quiere que el Santander compre bancos
Las cosas están muy mal. La revisión a la baja de las previsiones realizadas por la OCDE son sólo una muestra. El Gobierno va a tomar en los próximos días medidas drásticas. Ha anunciado que habrá sesiones extraordinarias del pleno de las Cortes los días 8 y 20 de julio para contar con el visto bueno del Congreso. Quiere contar con el máximo apoyo, pero sobre todo quiere que el Partido Popular, se sume a su iniciativa. Por eso le está dando cumplida cuenta de todas las medidas que ha tomado hasta ahora, sobre todo con el sector financiero. El equipo de Elena Salgado con quien más está consultando las condiciones del decreto para la reestructuración del sistema financiero español, es con los representantes del Banco Santander.
Ayer, cuando varios medios logramos hacernos con el texto del que se consideraba el último borrador del decreto que aprobará mañana viernes el Consejo de Ministros, un directivo del banco cántabro alertaba de la existencia de una versión corregida y actualizada. Un dirigente político explicaba la razón de las constantes habituales con los directivos del Santander por una razón fundamental y por una excusa. La razón principal es que se tendrá que encargar de reestructurar alguna de las entidades intervenidas, cuando llegue el caso.
Personas implicadas en el proceso de negociación no interpretan como más allá de una excusa, la explicación que se da de su experiencia en el reflotamiento de entidades españolas así como su experiencia más reciente en EEUU y el Reino Unido para sacar adelante entidades con dificultades. Son los casos del Sovereign en Norteamérica, o Alliance & Leicester y Bradford & Bingley en el Reino Unido. Consideran clave su capacidad para absorber alguna entidad. En el decreto se especifica que se podrá hacer tanto comprando la totalidad de una entidad, como parte de la misma.
El vicepresidente y consejero delegado del Santander, Alfredo Sáez, admitió el día de la presentación de los resultados del primer trimestre del año, a diferencia de lo que había dicho la patronal, o el propio consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, que conocían el proyecto del ejecutivo.
La última versión del borrador de Decreto incorpora incluso el membrete del ministerio de Economía y Hacienda, a deferencia de las versiones previas, escritas en papel sin timbrar. No existen diferencias reseñables entre el proyecto del día 19 que publican hoy varios diarios, y la versión última, con fecha del día 23, salvo nuevas garantías para las comunidades autónomas.
El Gobierno no sólo no ha conseguido el visto bueno de nacionalistas vascos y catalanes para rebajar en control de los gobiernos autonómicos en las cajas. Tampoco lo ha obtenido, todavía, de sus correligionarios del PSC para que se puedan producir fusiones entre cajas de diferentes comunidades autónomas sin la aprobación previa del Gobierno de la comunidad autónoma afectada.
Los documentos, cualquiera de las versiones es válida en este sentido, merecen una lectura reposada. Hay mucha voluntad a entresacar intenciones y objetivos entre las líneas del texto.