Monitor de Latinoamérica
La maldición de la riqueza y las ansias desatadas por el litio boliviano
García y Morales, enzarzados a causa de la revuelta indígena
En los medios europeos, de la sangrienta refriega de principios de mes solo se oyen los ecos de una carta de Evo Morales leída en una cumbre indígena en Puno, el 29 de mayo, unos días antes de las muertes. Según Alan García, la carta de Evo habría sido el detonante de la revuelta indígena. La palabra genocidio aparecía en la carta de Evo, pero en un contexto y tono casi académico: "Nos dijeron que hubo descubrimiento cuando hubo una invasión, nos dijeron que hubo una conquista cuando hubo un genocidio. Ahora nos dicen que quieren integración e insertarnos en la economía mundial, cuando lo que quieren es saquear nuestras riquezas, privilegiando las ganancias en desmedro de la solidaridad".
Explicar lo sucedido en Bagua y alrededores por la carta de Evo y la Cumbre Indígena es, cuando menos, una torpeza, tanto como hacer viajar a Perú a un observador de la ONU y, tras señalar que es de origen apache, conseguir un titular negando que haya habido genocidio, diciendo como a regañadientes que ha sugerido una comisión imparcial que aclare los hechos. Nada más empezar los enfrentamientos en la selva, muchos esgrimieron el espantapájaros del genocidio y otras palabras rituales en situaciones análogas, por más altisonantes que resulten a oídos europeos. Hasta Alan García, rizando el rizo, acusó a los indígenas de genocidio de policías.
Con relación al mundo andino-amazónico, hasta las ONGS europeas usan con toda naturalidad el término, tal vez porque es evidente que para muchos gobiernos, forjadores de opinión y para las empresas interesadas en la Amazonía, los indios, o sea, la gente que allí vive, son, en el mejor de los casos, un estorbo mayor para el desarrollo.
Tenga el calificativo que tenga, lo cierto es que los indios no han sido ni son actores de ese desarrollo en ninguna parte. Desde que las misiones jesuitas del Paraguay fueron arrasadas a sangre y fuego en 1778, lo más que hemos visto es que algunos planes de desarrollo se preocupan de los indios como destinatarios del desarrollo.
No creemos que los jesuitas fueran dechados de democracia, pero hasta el día de hoy son los únicos agentes externos que han inducido un cambio asumido por los indios. Sería absurdo pensar que los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú, los de ayer y los de hoy, sean unos desalmados que estén dispuestos a exterminar a los indios, pero es evidente que no saben qué hacer con los indios. Tampoco pensamos que las empresas trasnacionales, incluidas las translatinas, quieran matarlos, pero los indios no caben en sus planes, los ven como una amenaza y un riesgo, en cualquier caso, como un coste añadido por las condicionalidades que les imponen los gobiernos en los contratos. Ahí es donde suele colarse la trampa de las escapatorias, de los resquicios legales y de los apaños y corruptelas, que, junto a una política de comunicación-tergiversación, hacen que, salvo detalles, se pueda escribir con anticipación la crónica de cada conflicto. Y del post-conflicto.
Una somera mirada por media docena de blogs permite vislumbrar un panorama escasamente estimulante. Insultos de grueso calibre aparte, lo más preocupante es el anquilosamiento de posiciones atrincheradas en informaciones no contrastadas. A estas alturas, no es fácil averiguar los millones de hectáreas ya concesionadas a las petroleras (para exploración) por el gobierno peruano, bajo la ley del gobierno de Toledo o bajo el decreto ley de García, ya derogado): la cosa puede oscilar entre nueve y 53 millones.
Tampoco es fácil averiguar qué pasa con las concesiones hechas al amparo de leyes o decretos ya derogados. Sigue tejiéndose el manto de la opacidad hasta que se rompa de nuevo por algún zurcido mal hecho. ¿Es esa la seguridad jurídica que quieren las empresas petroleras o madereras?
A estas alturas, es patente una vez más el desamparo o/y el desconcierto de las víctimas, los que siguen vivos, usados como munición en la dialéctica de la guerra de las palabras y las ideas que no son las suyas, ni siquiera las que dicen sus amigos y aliados. Los medios afines a la causa indígena destacan la derogación de los decretos por el Congreso de Perú. Unas declaraciones a la BBC del analista político Martín Tanaka, del Instituto de Estudios Peruanos (con la derogación de los decretos los indígenas ganaron peso político en la conciencia y en el imaginario nacional), son recogidas en sus páginas web por el amplio espectro de organizaciones y redes sociales alternativas. Naturalmente se trata de una victoria de las organizaciones indígenas, pero ¿no es, antes de eso, una derrota del estado de derecho no a mano de los indios, sino a manos de la codicia y de la improvisación aliada al menosprecio de los indios por parte de la clase política y del establishment?
Las ansias desatadas por el litio boliviano: Evo Morales se prepara
Lo peor del caso es que el estallido de Bagua no era el primero y no será el último con ingredientes similares. Ya se está fraguando un próximo gran conflicto de intereses que afecta a Latinoamérica, con el litio como nuevo objeto del deseo (La fiebre del litio boliviano, El País- 02-2009; Asalto al litio boliviano, revista Gobernanza, mayo 2009). Las más ansiosas no son las empresas que fabrican las baterías de nuestros ordenadores portátiles, manifiestamente mejorables, sino las compañías automotrices. Los titulares de prensa se suceden desde hace meses en un ascenso de tono e intensidad. Un día la oferta viene de Mitsubishi y Sumitomo; otro del grupo Balloré; AESC (Automotive Energy Supply), el consorcio formado por Nissan, NEC y NEC TOKIN... Hasta es noticia que a Toyota y a Honda no les guste el litio (Juan Carlos Zuleta Calderón, Nueva Economía, nº 766, abril de 2009).
Hay reservas probadas de litio en varios puntos del planeta, pero, en el estado actual de las investigaciones, y aunque se publican cifras muy dispares, la mitad del litio hoy conocido y disponible estaría en los salares de Bolivia, principalmente en el Salar de Uyuni. Según la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), el ente estatal del sector, en el salar habría 350 millones de toneladas de litio metálico, pero con las actuales tecnologías de extracción, se podrían extraer tan solo un 40% del litio de la salmuera.
El deseado botín alcanzaría a los 140 millones de toneladas. La COMIBOL basa sus cálculos en los estudios especializados, con resultados muy dispares, de las consultoras Meridian Internacional Research, la USGS (United States Geological Survey), del IRD (Institut de recherche pour le développement- ex- ORSTOM) y de la Dukes University. Pero las cifras cambiarán rápidamente, pues el gobierno de Japón, con el Príncipe, está brindando su generosa cooperación en la materia (eso dice un alto cargo del ministerio de minería). Los príncipes Masahito Hitachi y su esposa Hanako se encuentran actualmente en una larga visita oficial a Bolivia, para conmemorar los 110 años de la primera colonia japonesa en Bolivia.
A pesar de las diferencias amplificadas por ambos presidentes en estos días, bien haría Evo Morales en sopesar los factores que intervienen en el caso del litio y que, mutatis mutandis, no son tan diferentes de los que han provocado el conflicto amazónico peruano y la cadena de conflictos casi idénticos en Ecuador. Hay una riqueza codiciada por muchos y no sólo extranjeros. También hay gente que vive en el Salar de Uyuni y gente que se siente con derechos sobre porciones del mismo, derechos ancestrales o derechos espurios o mal habidos, pero al amparo de leyes y decretos que dictaron predecesores de Evo.
También hay un riesgo de deterioro medioambiental, que se podría minimizar con legislación y control. Hay que destacar que el gobierno boliviano no ha partido de la premisa de que solo las empresas extranjeras son capaces de extraer el litio, sino que, ya hace varios meses, ha puesto en marcha un proyecto piloto de explotación del litio.
Por otro lado, el gobierno escucha propuestas de unas y de otras empresas y Evo Morales reitera, como en el caso del petróleo y del gas, el derecho y la voluntad del gobierno de exigir la industrialización del litio, que no se substancia solo, pero ese sería el desiderátum, en la instalación de una fábrica de baterías de litio en Bolivia. Por esta vez, cabe decir que no se ven signos de improvisación en el gobierno boliviano.
La nueva Constitución de Bolivia, en su disposición transitoria octava, establece los criterios que regirán las concesiones mineras en las reservas fiscales del territorio boliviano, las nuevas y las todavía vigentes, algunas con pleitos en los tribunales. Por ello, el gobierno boliviano haría bien en no minimizar los conflictos, incluidos los que podrían activarse con los campesinos y los pequeños mineros que explotan algunas partes del Salr de Uyuni y de otros salares.
Pero lo cierto es que, esta vez, la lechera del cuento no es boliviana, por más que todos esperen beneficiarse de este regalo de la Pachamama. Quienes tejen planes y hacen cábalas son, sobre todo, la industria automotriz japonesa y europea, junto a los fabricantes de baterías. Hasta hace unos meses la General Motors también anduvo haciendo lobby. Por cierto, el gobierno de Portugal ha firmado una carta de intenciones con la Nissan para estudiar la instalación de una fábrica de baterías de litio en el vecino país. La clamorosa ausencia de España (empresas y gobierno) en la batalla por el litio, ¿es fruto de la virtud que aconsejaba Maquiavelo o por otras razones menos confesables?
Al ver el documental El Coltán, comercio sangriento, de Patrick Forestier, asalta la tentación de desear que no haya riquezas preciosas muy concentradas en un rincón del planeta, pero como tal no depende de nuestra virtud, sino del azar o del diseño inteligente, cabe desear que los gobernantes usen de la virtud al máximo, y que todos los demás hagamos lo posible para que no haya guerra del litio, ni de alta ni de baja intensidad.