ANÁLISIS
El PP, Zapatero, el Plan de Rescate y cómo `nacionalizar´bancos por decreto ley
El Partido Popular se siente entre la espada y la pared. Conocedor de la gravedad que atraviesa el sistema financiero español, no se atreve a oponerse abiertamente a la propuesta que tiene previsto aprobar el último Consejo de Ministros de este mes, pero a la que en privado ya califica de "nacionalización encubierta". La ministra Elena Salgado, poco dada todavía al debate abierto, ha seguido las indicaciones dadas desde el Ejecutivo para que se apruebe el plan de saneamiento en el último consejo previo a las vacaciones. Pero hay novedades. Aunque los populares, que recibieron un primer proyecto enviado por el presidente del Gobierno a Mariano Rajoy, con la única novedad con la que cuentan en la actualidad es con el preámbulo del Real Decreto Ley que fijará las condiciones bajo las que se crea el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria.
Con todo, los altos cargos del PP son los que más conocen del plan. Recibieron un primer borrador hace ya semanas e incluso Rajoy dio buena cuenta de ello en la televisión. Pero el Ejecutivo no se lo ha hecho llegar directamente ni a la patronal de la banca ni a la de las cajas. Fueron los populares los que se lo han transmitido a bancos y a las cajas. Los primeros prefierieron dar por no recibido el mensaje y los segundos entraron en cólera. Las declaraciones de José Ramón Quintás diciendo que con los amigos que destapan la gravedad de su situación, no les hacen falta enemigos para hundirlos, dan muestra de la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el sector financiero.
Pero es que el Gobierno tiene los datos de la gravedad de la situación y considera responsables a sus consejeros. Así lo entiende también el presidente del lobby bancario, Miguel Martín, quien ha admitido abiertamente en Santander que la situación es tan grave -especialmente en algunas entidades-, que aunque no conocen el proyecto, dirán que sí a lo que les proponga Zapatero.
En el Ejecutivo admiten que faltan todavía muchos flecos por cerrar. Aunque la razón fundamental de aprobarlo en el último Consejo de Ministros del mes de junio, es hacerlo coincidir con las vacaciones parlamentarias y controlar así el alcance ante la opinión pública. Pese a la permisividad con la que renegocian los créditos las entidades financieras con sus grandes clientes, para que no tengan que aumentar las cifras de morosos de forma alarmante, éstos han crecido de forma exponencial. Está claro que una parte importante del sector va a necesitar muchas ayudas.
Las líneas generales del proyecto son meridianas. Las entidades que estén en situación de insolvencia sufrirán la destitución del Consejo de Administración. Las entidades que sencillamente necesiten ayuda, tendrán a un miembro del Banco de España en el Consejo de Administración, con poderes definidos.Las restantes -es decir, las que no requieran nisoliciten ayuda- podrán seguir como siempre.
Todas las entidades van a ser clasificadas teniendo en cuenta tres criterios muy definidos: la morosidad, la liquidez y la solvencia. Los juristas analizan en este momento cómo se puede modificar una Ley Orgánica como la Lorca, con un decreto Ley, pero las decisiones antes de que comience el verano serán drásticas. Tanto populares como socialistas advierten de que queda todavía mucho trabajo por realizar antes de plasmar, negro sobre blanco, el real decreto. Los populares lo aceptarán por patriotismo. Pero quieren dejar claro de antemano que están en contra de una "nacionalización encubierta" de bancos -aquellos bancos que han copiado la malo de las cajas- y de cajas.