Se trata de la concesión por cuatro años, prorrogables a seis, del ‘call center' de la empresa pública
Gallardón se enfrenta a Ignacio González y paraliza un concurso del Canal de Isabel II de 36 millones
Las condiciones impuestas por el todavía gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, podrían vulnerar la ley
Como dice un ilustre diputado nacional del Partido Popular, conocedor de la trama de intereses, en el concurso no falta nadie. Todo ello ha desatado una guerra interna de tales dimensiones que la tendrá que dirimir la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No es extraño. Como ya dijera Ignacio González en declaraciones a El País, nada de lo que él hace, lo hace sin el conocimiento de la presidenta. Por la dimensión del concurso debe dar su conformidad a la decisión del consejo de administración del Canal II, el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El concurso del ‘call center' se publicó a principios de año. El importe es de 24 millones de euros para un periodo de cuatro años. Con la prórroga prevista por dos años más, supone un total de 36 millones de euros. Según las condiciones fijadas en el pliego administrativo, la oferta económica puntuaba un 50% y la técnica otro 50%.
Se presentaron 10 licitadores. Tras la apertura de las ofertas económicas la mejor valorada fue la de Unitono. Se trata de una empresa mediana. Cuenta con pocas posibilidades de ganar el concurso por su reducida dimensión. La segunda mejor oferta fue presentada por el Grupo Konecta. Se trata de una de las grandes compañías del sector. Ha facturado 263 millones de euros en el pasado ejercicio. Está participada por el Banco Santander y la preside uno de los notables del sector, José María Pacheco.
Global Sales Solutions Venture, la gestora actual del ‘call center', de la que el Canal ha vendido su participación sin que Ignacio González haya dado detalles de cómo se ha producido la venta, quedó en cuarto lugar. Atento, de Telefónica, quedó en el noveno lugar a más de 2 millones de euros de diferencia de la oferta más económica.
Después de meses de estudio de las ofertas, con todo tipo de debates sobre la necesidad de ajustar las condiciones de la valoración técnica, que no todos los expertos consultados consideran sujeta a derecho, se remitió la valoración definitiva al consejo de Gobierno de la Comunidad del jueves 21 de mayo. Por la elevada cuantía, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid tiene que dar el visto bueno a la propuesta, si bien la adjudicación le corresponde al Canal. Los representantes de las demás licitaciones se han mostrado extrañados dado que se trataba de la penúltima valorada.
La sorpresa se ha producido una vez pasado el trámite del consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que volvió al consejo de administración del Canal del miércoles, día 27 de mayo.
Allí sucedió algo extraño. El consejero en representación del Ayuntamiento de Madrid y concejal de Hacienda, Juan Bravo, pidió la solicitud de un informe sobre las consecuencias que pudiera tener el hecho de que el ‘call center', que hasta ahora estaba ubicado en las propias instalaciones del contratista, Global Sales Solutions, pasara a establecerse en las propias oficinas del Canal, en su edificio comercial de la calle José Abascal.
La justificación ofrecida para conseguir la paralización momentánea de la concesión es que existe riesgo evidente de que los sindicatos de los trabajadores del ‘call center' pidan la integración de los operadores en el propio Canal porque llegue a producirse lo que se conoce como "cesión ilegal de trabajadores". Lo admite incluso el consejo. En caso de litigio, los representantes de los sindicatos podrían pedir las actas del consejo, como ha sucedido en casos previos.
En el Canal admiten que es un riesgo real. Riesgo que suman como otra muestra más de la brillantez de las ideas en la gestión de Ildefonso de Miguel. Pero no hay riesgo, este es un mercado cautivo. Nadie entiende además la factura del agua. Colaboradores imparciales, dejando al margen las multimillonarias pérdidas que ocasionó a los accionistas de Quiero Televisión, no comprenden el empeño de González en auparle profesionalmente. No lo entienden tampoco destacados miembros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que prefieren mantener su anonimato, pero aseguran que se lo hicieron saber en su día a la presidenta.
Profundos conocedores de la realidad del Canal advierten que "a ningún empresario, en su sano juicio, se le ocurre internalizar un ‘call center' por los enormes problemas de convivencia que siempre surgen debido al roce entre trabajadores de una contrata y los del la propia compañía. Las diferencias salariales contribuyen a ello. Estas mismas fuentes destacan la existencia de diversas y significativas sentencias que así lo demuestran.
El caso, es que para sorpresa de todos, Ignacio González admitió tomar en consideración la propuesta del gallardonista, Juan Bravo, y se pospuso la adjudicación hasta que se tenga dicho informe. Ni González ni el Canal han hecho público el prestigioso despacho encargado del mismo.
Está previsto celebrar un consejo extraordinario para adoptar la decisión de adjudicar el importante contrato. Podría ser uno de los últimos a los que asista Ildefonso de Miguel. Es infrecuente en el Canal II, dado que ya se celebra uno al mes, sólo para adjudicar este contrato.
Las compañías licitadoras están tratando de ejercer todo tipo de influencia en la presidenta de la Comunidad y en Ignacio González para que declaren el concurso desierto y se reabra el proceso de adjudicación. Mientras tanto esperan que González explique cómo y quiénes mediaron y en qué condiciones se vendió la participación del Canal en GSS Line. Así como los emolumentos profesionales desembolsados, cómo están valorados y quiénes los han recibido. Como siempre todo habrá sido "impecable".