El déficit tarifario, las fotovoltaicas y el empleo generado... en China y Alemania

Alberto Valverde.- Alguien tendrá que decirlo alto y claro porque, saberse no se sabe, al menos por los consumidores. La electricidad -o, mejor dicho, el recibo de la luz- va a experimentar una fuerte subida el póximo mes de julio, aunque el ministro Sebastián lo niegue o por lo menos lo ponga en duda. Pero la subida, de momento difícil de cuantificar, es consecuencia no sólo de los errores de este Gobierno sino, también, de una política energética irresponsable, la que han practicado entusiastamente todos los últimos Gobiernos de este país, comenzando por el que vicepresidía el respetadísismo Rodrigo Rato.

Ya prácticamente derogada por el reciente decreto ley convalidado en el Congreso la semana pasada, la Ley Eléctrica de 1997 introducida por el primer Gobierno de José María Aznar fue un homenaje al despropósito y sus consecuencias están hoy a la vista. Desde entonces se ha generado un déficit tarifario -diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y el precio de su venta- de cerca 15.000 millones de euros, que pese a las correciones introducidas en el mencionado decreto terminaremos pagando todos los españolitos. Lo perverso es que no sabemos cuando lo haremos, si el año que viene o lo harán nuestros hijos.

El Decreto Ley ha introducido modificaciones en el proceso de generación de déficit pero existen muchos expertos que dudan si serán suficientes. De hecho, y pese a la fuerte caída de la demanda eléctrica (casi un 13% en la industrial en marzo y abril), como consecuencia de la crisis económica, el déficit sigue creciendo este año, precisamente por el hundimiento de los precios en el "pool" eléctrico. Podrían enumerarse una serie de cifras que lo demuestran pero la cuestión no es esa. El asunto es que el déficit, pese a las expectativas generadas, no cede y sólo gracias a un apaño en las tarifas para la segunda parte del año, se podrá reducir. El "apaño" guarda relación directa con la necearia-y largamente aplazada- liberalización de las tarifas eléctricas y la creación por el Gobierno del "bono eléctrico social" para compensarla.

Es cierto que el Decreto Ley ha servido al menos para algo. Como el sector financiero ha conseguido sus ayudas del Estado, a efectos de capear la crisis y evitar un colapso del sistema, las compañías eléctricas han recibido un aval genérico del Estado para poder "titulizar" hasta 10.000 millones de ese déficit en el mercado financiero. No se trata de un favor a las empresas, aunque lo es ya que sin ese aval difícilmente podrían obtener financiación en los mercados, tal como están. Es más una inyección indirecta de liquidez para que las compañías puedan seguir invirtiendo en la modernización del sistema eléctrico y, de paso, generen un nivel de empleo que ayude a reducir los 4 millones de parados que tiene el pais.

Pero lo perverso de aquella Ley Eléctrica -y de la tozudez de los Gobiernos sucesivos a acomter algún tipo de remedio-, es el monstruo que ha creado. Y no nos referimos precisamente al déficit , que también. Se trata del gigantesco y desproporcionado parque eléctrico en determinadas energías que se ha construido, especialmente en algunas de las denominadas renovables, que no todas.

Somos conscientes que este argumento es, además de polémico y discutible, poco popular. Hasta Obama dicen que ha copiado y trata de emular a España para disponer ese parque eléctrico de energías renovables que tanto defiende Zapatero, precisamente cuando a punto se está de cerrar la central de Garoña, la primera nuclear construida en España y a la que se piensa jubilar sin darle ni siquiera el derecho al fondo de pensiones.

Pero resulta que, con casi un 15% del parque de generación parado por falta de demanda en determinados periodos, ha ocurrido un hecho singular: la potencia de procedencia fotovoltaíca en España alcanza casi un producción de 3.000 Ggw/hora, una cifra récord. Podría presentarse como todo un hito para la industria eléctrica española. Pero, contradictoriamente, no es lo que parece. En estos momentos -y muchos a muy largo plazo, parece- no son necesarios y además son preferentes por estar primado su utilización; es decir, subvencionados.

Es cierto que el coste de su combustible (o costes variables) es cero, pero sólo teóricamente. Quizá ayude a entender el problema el hecho de que esos 3.000 Ggw/hora. (sólo se recomendó desde muchas instancias que no se construyeran instalaciones para usos de más de 500 Ggw/h.) han costado la friolera de 18.000 millones de euros. Los expertos dicen que, calculando bien todos los costes, el precio del kilowatio producido habría que multiplicarlo por tres sobre el de cualquier otra energía. Vamos, una cifra de escándalo.

Y por útimo, la prueba final del despropósito. De los 18.000 millones de coste, dos tercios se han ido a generar empleo a Alemania y China, los dos países fabricantes de los bienes de equipo necesarios para construir las centrales fotovoltaícas. En España sólo ha quedado la obra civil, menos de 6.000 millones. ¿Merecía la pena?

Menos mal que el Gobierno, en el Decreto ley mencionado, ha puesto fin, a futuro, a este contrasentido. No se subvencionará, al manos hasta ese extremo, ningún kilowatio fotovoltaico que no haya recibido todos los pemisos necesarios antes del 7 de mayo de 2009. Desgraciadamente, el daño al país ya está hecho.